Sanidad ultima el decreto que regulará el reparto de medicamentos en residencias

Cantabria se prepara para ese primer paso que ya han dado comunidades como Castilla-La Mancha, Madrid, País Vasco, Aragón, Comunidad Valenciana o Navarra. «El objetivo es mejorar la prestación farmacéutica en los centros sociales y establecer los mismos requisitos básicos, en cuanto a seguridad y calidad, que pedimos para el resto de instalaciones», señala Priede. «Tenemos que fomentar la forma más segura de dar medicamentos a nuestros pacientes».

A día de hoy, si se analiza cuántas de las 82 residencias de Cantabria cumplen con las pautas establecidas en el real decreto 16/2012, de 20 de abril, el resultado apunta únicamente a Padre Menni (recién rebautizado como Fundación Hospitalarias Cantabria), que tuvo que pelear con Sanidad para que se reconociera el gasto farmacéutico que asumía de los pacientes derivados por el Servicio Cántabro de Salud. Es el único que dispone de farmacia propia y que tiene depósito para su área residencial, aunque el coste de cumplir con la norma (infraestructura, recursos materiales y personal) recae sobre su bolsillo -ese es precisamente uno de los motivos de sus alegaciones-.

La actualización del sistema de reparto y gestión de los medicamentos en ciernes, «que será gradual», afectará, por tanto, a todo el sector. De ahí viene «la preocupación» reconocida por las empresas dedicadas a la atención a la dependencia a este periódico, porque la normativa recoge la obligatoriedad de tener su propia farmacia hospitalaria en todos los centros de más de cien plazas o, en su defecto, delegar esa tarea en el hospital más próximo. Hay 24 residencias de la región que van a tener que elegir entre esas dos opciones (entre todas gestionan 4.309 plazas), dando por hecho que, sin farmacéutico en sus plantillas, la primera queda descartada. Cuando este sistema esté implantado, lo que requiere «más personal en las farmacias de los hospitales del SCS e inversiones en robots para la preparación de los pedidos», tampoco recibirán ningún suministro desde Atención Primaria.

En el caso de los centros más pequeños, con una capacidad inferior a esas cien plazas (son 48, con 2.365 camas en total), el dilema que se plantea será otro. Lo que establece el decreto es que la dispensación y control de los medicamentos ha de organizarse con la farmacia más cercana dentro del municipio, acordando con ella los procedimientos de trabajo.

El ejemplo que se quiere replicar es el de la residencia 'Félix de las Cuevas', de Potes, que cuenta con un depósito con sistema personalizado de dosificación (SPD), que preparan los farmacéuticos del municipio de manera semanal. «Allí pasaron de tener una habitación llena de cajetines con los nombres de cada usuario a funcionar con un carro que contiene la medicación de toda la semana, igual que en una planta de hospital», explica Priede, que añade como ventaja «la garantía de trazabilidad de los fármacos», clave para detectar un lote concreto en caso de alerta sanitaria y localizar a los pacientes que lo tienen recetado para retirárselo. «El sistema de SPD les va a venir bien a las residencias, les facilita su trabajo, aporta mayor seguridad y tranquilidad para las familias».

Pero ese criterio de proximidad entre residencia y farmacia choca con la forma en la que se viene organizando hasta la fecha esa dispensación -ahora los centros elegían la oficina de farmacia con la que trabajan-. Por eso, a las dudas empresariales se suman algunas críticas entre los farmacéuticos que, siguiendo esa norma, dejarían de tener a determinadas residencias entre sus clientes habituales para ceder ese cometido a otras boticas. Ante las quejas recibidas, Sanidad responde que «estamos recabando los posibles problemas que se detecten para dar respuesta y enriquecer el texto con las aportaciones que se formulen».