Sanidad ha utilizado ya la mitad de los 52 millones del nuevo fondo contra el Covid-19

«Todavía no hemos hecho el cierre de abril, pero probablemente, con la estimación de los gastos que ya hemos contabilizado, ya estamos en la mitad», apunta Celia Gómez, gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), que detalla que se han destinado principalmente al pago de las contrataciones adicionales -entre 450 y 500 profesionales- y la compra de material para hacer frente al coronavirus.

La otra parte se reserva para lo que resta de año porque, independientemente de que los hospitales y centros de salud vayan poco a poco recuperando la normalidad, en los próximos meses seguirán manteniendo unas exigencias muy altas para no reducir la seguridad a la vez que se retoma la actividad no Covid. «Hay una buena parte del gasto masivo para la protección individual de los profesionales que ha venido para quedarse. Este virus o los similares que vengan son el mayor reto al que se enfrenta la humanidad. Por eso hay que fortalecer los sistemas sanitarios. No podemos actuar siempre con un perfil de emergencia volcándolo todo cuando nos llega», defiende la gerente del SCS.

Las consejerías han hecho un esfuerzo solidario de supresión de partidas, pero las que ponen más dinero en el fondo sanitario son Economía y Hacienda (8,5 millones), Obras Públicas (7,2) y Universidades (7). El resto procede de Presidencia (1,5 millones), Industria (5,8), Educación (6,1) y Ganadería (5). La única que no contribuye es la de Empleo y Políticas Sociales, otra de las más activas como consecuencia de la crisis sanitaria. Aquí no sólo no se pueden suprimir grandes partidas. Es más, probablemente se tendrán que reforzar a tenor de algunos anuncios que ha hecho el departamento.

A este respecto, la consejera de Economía, María Sánchez, decía a principios de semana en el Parlamento que «la economía no se va a utilizar contra las personas, como ocurrió en crisis económicas anteriores; cuando no pusimos un contador de las personas que se dejaron la vida en los desahucios o las que pasaron hambre o sufrieron pobreza energética. Esta vez es una crisis diferente y quizás más virulenta y devastadora, pero no podemos caer en los mismos errores».

Incluso Sanidad recorta -en obras, por ejemplo- para contribuir con el fondo sanitario. Por el momento este fondo de 52 millones no contempla ningún tipo de gratificación a los profesionales sanitarios por el sobreesfuerzo realizado en la peor etapa del coronavirus y su sobreexposición a la enfermedad. El SCS no lo descarta, pero es partidario de que haya una posición común a nivel nacional. Además, su gerente recuerda que todas las medidas del Plan de Choque son provisionales y podrían modificarse con las aportaciones de los partidos de la oposición y los sindicatos. En ambos casos, ya hay voces que lo han pedido a este respecto.

Más allá del fondo sanitario, cada consejería también está preparando su plan de choque para la vuelta a la normalidad. El de la Vicepresidencia tendrá al menos 2,7 millones de euros: 500.000 euros para becas a universitarios y ayudas a la investigación Covid-19, 1,2 millones para la cultura de Cantabria, 180.000 euros para las políticas de igualdad y otras partidas en cooperación, deporte y patrimonio.

«Ahora mismo son imposibles de cuantificar, pero serán muy elevadas», dijo Pablo Zuloaga, quien afirmó que pretende evitar que el impacto actual se convierta en un daño estructural para esas áreas de actividad.

Dentro de la consejería que dirige Paula Fernández, una tercera parte del ajuste de 1,5 millones de euros está en la partida de acuerdos retributivos y adopción de medidas de organización en la administración, pero no se verán afectados los acuerdos laborales ya adoptados y otros en negociación. Uno de los compromisos es mantener íntegro el Fondo de Cooperación Municipal de 15 millones. Tampoco hay cambios en la subvención a las mancomunidades, pero si hay reducciones en las ayudas a las Casas de Cantabria en el exterior (cae en 85.000 euros) y a las entidades locales menores (100.000).

Se recorta el gasto protocolario del presidente y la consejera, así como gastos en locomoción, cursos y conferencias o pago de indemnizaciones por asistencia fundamentalmente. En el caso de los gastos de representación de la consejera, la reducción supera el 50%. Sólo en dietas y protocolo la partida cae en 30.000 euros. Protección Civil pierde 170.000 euros y la obra del convento de las Claras para la reorganización de sedes judiciales, otros 100.000 euros.

El grueso de la revisión del presupuesto de 2020 que gestiona la Consejería de Economía tiene que ver con las aportaciones al sector público institucional. La principal perjudicada es la Fundación Comillas, cuya aportación cae en más de tres millones de euros. Según las previsiones del departamento, no afectará en exceso a su funcionamiento, ya que se mantiene lo que tiene que ver con gastos corrientes y se aplaza el dinero que estaba previsto destinar a reducir la deuda que acumula, ya que «ha sido objeto de moratoria».

El Instituto Cántabro de Estadística ha podido ajustar su presupuesto en 200.000 euros, por lo que permite asimismo la reducción de la aportación que recibe de la consejería en dicho importe y se suprime la aportación al Centro de Estudios de la Administración Regional ante la imposibilidad de desarrollar la actividad formativa presencial que era objeto de la misma. Las inversiones se reducen un 50%, se envían al fondo sanitario 2 millones de euros procedentes del programa de imprevistos –la naturaleza del Covid-19 lo permite–, y no se podrán amortizar 2,5 millones de deuda pública. Por último, se caen distintos proyectos europeos.

Uno de cada cinco euros que forman el fondo sanitario para hacer frente al Covid-19 salen de otras partidas de la propia Consejería de Sanidad o del Servicio Cántabro Salud (SCS). Se pueden dividir en tres apartados:obras que se retrasan, ahorro de gasto corriente y tratamientos que no se han llevado a cabo por el estado de alarma. La paralización o demora de obras en los centros hospitalarios, como Valdecilla (Unidad de Endoscopias) y Laredo (Bloque Quirúrgico) derivan en la reducción de un millón (500.000 euros cada una) en el ejercicio 2020. Estas actuaciones se desplazan a 2021.

Además, la pandemia de coronavirus tiene como consecuencia directa la reducción de actividad presencial en los centros de Atención Primaria: «Ello no significa que se haya reducido la asistencia a los ciudadanos de Cantabria, pero indudablemente, la menor presencia física en los dispositivos asistenciales y el efecto que el confinamiento ha tenido en la disminución de accidentes y contagios de toda índole, tiene como resultado una minoración en la dispensación de productos con receta». El epígrafe correspondiente a este apartado experimenta así una reducción de 6.000.000 euros.

Esta consejería es una de las que tiene más protagonismo en el plan de choque contra el Covid-19, especialmente en las medidas de apoyo a empresas y autónomos como el Cheque Resistencia – dotado con 10 millones de euros– para hacer frente al pago de los gastos fijos de los negocios o la ayuda de 283 euros para 30.000 autónomos, equivalente a una mensualidad de las cotizaciones sociales. En cualquier caso, fuera de ese ámbito, también recortará el dinero de distintos capítulos de su presupuesto para aportar al fondo sanitario.

Lo hará con el ajuste de más de dos millones en el área de inversiones reales de la Consejería, de los cuales más de medio millón corresponden a obras e infraestructuras. En las empresas públicas, la Sociedad Suelo Industrial de Cantabria se aprieta 2,7 millones el cinturón y aplaza inversiones previstas. Baja el dinero de los planes de transporte y subvenciones nominativas como las de patronal, sindicatos y las cámaras de comercio.

La Dirección General de Cultura es la gran perjudicada del ajuste en la consejería de Pablo Zuloaga para destinar dinero a la Sanidad. Se debe a que una parte de los eventos programados en este ámbito no podrán llevarse a cabo por la imposibilidad de celebrar actos con gran concentración de personas. Es lo que ocurre con el Festival Internacional de Santander (se cae la aportación de 600.000 euros) y con la Fundación Albéniz (500.000). En cualquier caso, el Gobierno también ha reservado dentro de su plan de choque para cuando se levante el confinamiento 2 millones de euros para la promoción del deporte y la cultura como generadores de actividad en la calle y dinamizadores de la economía. Se ha acordado con la Universidad de Cantabria retrasar algunas obras y por tanto se podrá ahorrar un millón del Contrato Programa con la institución.

Como ocurre en otros departamentos, se reducen o desaparecen diversas subvenciones nominativas:la UIMP tendrá este año 409.000 euros menos de los previstos inicialmente y el proyecto de la Fundación Enaire otros 100.000, mientras que la cooperación al desarrollo se deja por el camino 690.000 euros.

El cierre obligado de los centros educativos como consecuencia de la pandemia está generando algunos gastos extraordinarios a la Consejería de Educación, pero también se está ahorrando en el gasto corriente de recibos como el de la luz o la calefacción. Tampoco hay que pagar dietas o desplazamiento a los profesores por asistencia a programas o cursos. Del total de 4,1 millones de euros que reduce el departamento que dirige Marina Lombó, 1,6 se encuentran en este capítulo y especialmente en el gasto corriente de los colegios, que se reduce en 1.210.000 euros. Por la suspensión de las pruebas selectivas de profesores se ahorrarán casi 300.000 euros, 68.000 en maquinaria de FP y 100.000 en las práctica de FP Dual.

Para contribuir con la crisis sanitaria, la consejería aplaza obras de infraestructuras por valor de 2,1 millones y otros 1,4 previstos para inversiones en recursos turísticos también quedan de momento en el cajón a la espera de tiempos mejores. Entre las subvenciones nominativas desaparecen las de promoción del turismo de surf y las olimpiadas educativas.

La partida afectada de mayor importe en la Consejería de Obras Públicas, de 4.710.000 euros, se corresponde con el soterramiento de la línea del ferrocarril en Torrelavega. El Gobierno regional apunta que, a la vista de la comisión de seguimiento efectuada el pasado 13 de febrero, en la que el Ministerio de Fomento informa de la situación del estudio informativo, que se encuentra en trámite de evaluación ambiental, no resulta viable que las obras puedan estar en marcha el presente año, por lo que se ha efectuado el reajuste presupuestario correspondiente. En lo que tiene que ver con inversiones reales, se reducen en 600.000 euros las de carreteras autonómicas y 280.000 en actuaciones de Ordenación del Territorio, ya que se entiende que no dará tiempo a ejecutarlas por la suspensión de los plazos administrativos. Además, el Instituto de Hidráulica pierde 147.000 euros.

Obras también prepara un plan de inversiones de 7 millones de euros para reactivar la economía cuando se levante el confinamiento. Una parte de ese dinero se recoge de la obra del puerto deportivo de San Vicente de la Barquera, ahora parada en los tribunales.

Para cumplir con su parte de su aportación al fondo sanitario, la consejería que dirige Guillermo Blanco ha optado por desistir de diversas actuaciones que por los retrasos derivados de la crisis sanitaria resultan difícilmente ejecutables este año –como los más de dos millones en obras y actuaciones de diversa índole–, y por el mismo motivo ha suprimido subvenciones nominativas previstas en eventos relacionados con la ganadería, la alimentación o el medio rural, que no se van a poder celebrar.

La consejería recuerda que su presupuesto es «esencial para la supervivencia del sector primario, estando la mayor parte dirigido a apoyar la renta de nuestros pescadores, ganaderos y agricultores». De los casi 5 millones que desvía a Sanidad, 3,5 proceden de la Dirección General de Biodiversidad y Medio Ambiente. En lo concreto, cae el dinero del que disponen los planes d especies invasoras (130.000 euros), la gestión del lobo (60.000), la estrategia del cambio climático (100.000) o la restauración de los bosques (100.000).