Sanidad aún tiene que valorar el coste de la gestión pública del transporte sanitario

Sin las cuentas hechas de lo que costará esa internalización, la guía de la Consejería que dirige Raúl Pesquera es la experiencia de comunidades que ya se han adentrado en un proceso similar, caso de La Rioja, donde el Gobierno de coalición PSOE-Podemos acaba de licitar el alquiler de la flota de ambulancias (63 vehículos por diez millones de euros) para echar a andar el próximo enero el servicio a través de la sociedad pública 'La Rioja Cuida', a la que han quedado subrogados sus 230 empleados. El volumen de negocio en Cantabria es de aproximadamente el doble: la plantilla que opera en el transporte sanitario, que incluye el urgente y el programado, suma más de 430 trabajadores; y el equipamiento lo conforman 118 ambulancias, además de las instalaciones fijadas como base.

«Vamos a hacer un análisis de cómo podría ser a nivel técnico este movimiento en Cantabria para poder comparar con lo que teníamos actualmente», señala Sotoca, a sabiendas de que el precio actual del mercado está por encima del que firmó la actual adjudicataria -Ambuibérica- en su renovación en 2018: 45,1 millones por cuatro años, prorrogables a otros dos. Una cuantía con la que la propia compañía ha admitido pérdidas millonarias, a raíz de la controvertida sentencia judicial que «cambió las reglas del juego» imponiendo el pago como horas extra del exceso de jornada de las guardias de sus técnicos de emergencias.

De hecho, cuanto el anterior gabinete de Sanidad, con Miguel Rodríguez como consejero y Celia Gómez al frente del SCS, diseñó el nuevo pliego de condiciones del contrato de las ambulancias, ya contemplaba un incremento del montante de «del 30%», acercándose a los 60 millones de euros. En esas condiciones, incluso Ambuibérica, que llegó a pedir (sin éxito) la rescisión del contrato actual, se postulaba a repetir como licitadora.

Sin embargo, ese planteamiento dio un giro radical con el relevo en la Consejería de Sanidad, coincidiendo con la corriente dentro del PSOE defensora de la gestión pública del transporte sanitario. Así lo había reclamado desde la oposición en Castilla y León, territorio también de Ambuibérica, aunque el nuevo concurso está en ciernes. En Cantabria, fue el vicepresidente del Ejecutivo, Pablo Zuloaga, quien habló de «priorizar» esta opción frente a la de la gestión privada.

«Merece la pena estudiar esta posibilidad», subraya el gerente del SCS, que recuerda «los problemas de difícil solución que se han sucedido con la empresa, con quejas de los pacientes porque las ambulancias se retrasan o incluso con demoras en los altas hospitalarios porque no hay transporte disponible. Se han abierto expedientes y se han impuesto penalidades por el funcionamiento de un servicio que es esencial». Ante esa situación, considera que «es buen momento para valorar la internalización» y confía en que su departamento tenga listo ese primer estudio económico en septiembre.

De entrada, apunta que «el margen empresarial del 8%» que se incluye cuando se opta a un concurso público desde el ámbito privado, ya supone «una mejora importante», aunque reconoce que «ese análisis de situación tiene su complejidad».

Sólo el hecho de que Sanidad esté estudiando asumir el transporte sanitario«pone los pelos de punta» a la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que ya anunció que su partido lo «combatirá con uñas y dientes». Ella está convencida de que «internalizarlo solo conllevaría un incremento de los costes (incluso del doble) para prestar el mismo servicio y sin mejoras». Un cálculo que va en la línea del estudio comparativo elaborado desde la Federación Nacional de Empresas de Ambulancias (Anea) sobre la internalización en Baleares, que revela un encarecimiento del coste del 47,4% desde 2017, cuando lo gestionaban empresas privadas, a 2020, «y sin haber percepción de mejora en el servicio».