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Hace ahora once años, Miguel Sebastián, a la sazón ministro de Industria, y José Bono, entonces presidente del Congreso, protagonizaron un sonado rifirrafe: este último afeaba a aquel que fuese el único miembro del Gobierno que acudía a la Cámara sin corbata, e incluso le ... envió una a través de un ujier para que cumpliese las normas de vestimenta y decoro del lugar. Sebastián, apelando al ahorro energético, replicó que era partidario de subir la temperatura del aire acondicionado del Parlamento, unos grados de más que sin corbata se soportaban mejor. Ese gesto, que en aquel momento acabó en el cajón de las ocurrencias, tiene hoy lectura profética: era el comienzo de la lucha del Gobierno contra el cambio climático (y el fin de las reglas de vestuario en la casa).
La 'emergencia climática' declarada el martes por el Gabinete de Pedro Sánchez -Cantabria, como otras regiones, diputaciones y ciudades del país ya lo hizo en su día-, supone una lucha bastante más decidida por la salud del planeta. A la espera de que se concrete en el proyecto de Ley de Cambio Climático que el Gobierno tiene previsto remitir al Congreso «en los próximos cien días», ya ha adelantado que incluirá una treintena de medidas encaminadas a eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero de España de aquí a 2030.
Una de estas medidas exigirá restringir el tráfico de vehículos en los municipios con más de 50.000 habitantes, y Santander y Torrelavega forman parte de ese conjunto de 150 ciudades españolas que deberá seguir los pasos de Madrid y Barcelona.
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Los planes de Moncloa tienen por objetivo reducir la contaminación del aire, que provoca la muerte de más de 10.000 personas cada año en España, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El Gobierno, que se suma a la corriente mundial de concienciación ecológica, ya mostró su compromiso con la causa al adjudicar una vicepresidencia a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que ahora extenderá a toda España la creación de zonas de bajas emisiones.
El modelo que se aplica en Madrid y Barcelona restringe la circulación de vehículos por las zonas acotadas en función de su emisión de gases contaminantes. Es una de las soluciones que a lo largo de los últimos años se han venido empleando para establecer un control de automóviles que circulan por el centro de las poblaciones: en otros casos se ha recurrido a permitir el tránsito de los coches con matrículas pares o impares en días alternos o, directamente, a obligarlos a pagar un peaje.
Aunque es verdad que los problemas de contaminación que padecen Santander y Torrelavega no son comparables a los que sufren las dos mayores ciudades del país, también lo es que la calidad del aire en la región podría ser mucho mejor. Según denunciaba el pasado año Ecologistas en Acción, «cerca de 313.000 cántabros, el 54% de la población total de la Comunidad, respiran un aire perjudicial para el organismo según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud», una afirmación que desmentía el Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) del Gobierno de Cantabria, que aseguraba que «Cantabria es la autonomía que presenta mejor calidad del aire de España, junto a La Rioja». Ecologistas y CIMA coincidían, eso sí, en que la región está mejorando sus parámetros en la última década y en que hay dos áreas en las que aún se mantienen registros preocupantes, Torrelavega y el Arco de la Bahía.
Santander cuenta con un parque de 112.177 vehículos (de ellos, 81.646 turismos), que se reparten entre sus 172.539 habitantes; Torrelavega cuenta con 32.462 vehículos (25.347 turismos), para una población de 51.494 personas, según datos del Instituto Cántabro de Estadística y la Dirección General de Tráfico.
Ambas ciudades llevan años tratando de impulsar la movilidad sostenible. En Santander se ha traducido en el desarrollo de una red de carril bici que sigue ganando kilómetros, un plan de peatonalización de calles y una apuesta decidida por el transporte público, a pesar de que el gran proyecto del MetroTUS, llamado a racionalizarlo y revolucionarlo en la pasada legislatura, se saldó con un rotundo fracaso.
En Torrelavega se han dado pasos parecidos, aunque el principal factor que ha influido en el descenso de los niveles de contaminación ha sido el desvío por la circunvalación y el Bulevar Ronda del flujo de vehículos que antes atravesaba la ciudad.
El concejal de Medio Ambiente, Salud Pública e Infraestructura Verde de Torrelavega, José Luis Urraca, opina que es demasiado pronto para aventurar cómo afectará la restricción del tráfico de vehículos a su ciudad. «Habrá que esperar a ver cómo desarrollan esas medidas para concretar qué zonas estarían afectadas».
Según Urraca, el proyecto del Gobierno «va en el camino que va a seguirse en Europa y sobre todo en ciudades con alta contaminación, aunque Torrelavega no es una localidad especialmente afectada por este problema».
«En el caso de Torrelavega, siempre hay un margen de mejora en la calidad del aire, y hoy día preocupan más los tubos de escape que las chimeneas de las fábricas, pero tampoco tenemos niveles altos –por ejemplo de partículas PM10– en el centro, ni hemos vivido una situación especialmente alarmante: tenemos los mejores resultados en el análisis del aire desde que hay registros, y contamos con tres estaciones de medición».
A la espera de que se concreten los planes del Gobierno de Pedro Sánchez, el concejal de Medio Ambiente se muestra partidario de que Torrelavega desarrolle su propio plan de calidad del aire y cambio climático, coordinado con los de la Administración central y regional. «Estamos trabajando en el arbolado urbano. La semana pasada se redactó un plan de gestión de zonas verdes que contempla plantar 2.000 árboles y reforestar parcelas. Son también formas de combatir y mejorar la calidad del aire».
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