De la satisfacción de los ecologistas al rechazo de ganaderos y comunidades

La organizaciones ambientales han celebrado este «día histórico» e «importante para la conservación de la especie» en el que ven satisfechas sus reivindicaciones. Ecologistas en Acción celebra la protección del lobo «tras años de denuncias, estudios, manifestaciones», según recoge E. Press.

La ONG celebra que desde mañana decaen automáticamente los planes y órdenes de control de lobos existentes y que los gobiernos autonómicos ya no podrán establecer cupos de lobos para ser eliminados.

Asimismo, subraya que a partir de ahora perseguir a un lobo pasará a ser un delito tipificado en el artículo 334 del Código Penal, que conlleva una pena de presión de seis meses a dos años y una multa de ocho a 24 meses, así como la inhabilitación especial para profesión u oficio y para el ejercicio del derecho de cazar o pescar de dos a cuatro años. Aquellas personas que cacen lobos a partir de este momento serán perseguidas y castigadas con mucha más dureza.

Sin embargo, Ecologistas insiste en que los controles de población autorizados son «perjudiciales e inaceptables» porque «no reducen los ataques del lobo al ganado y pide medidas para asegurar el adecuado estado de conservación de la especie dirigidas a potenciar la coexistencia entre lobo y ganadería, con medidas de prevención para reducir ataques. En esa línea, quiere que se persiga la caza ilegal, que se potencie la expansión de la especie hacia el este y facilitar el intercambio genético con lobos italianos.

Respecto a la disconformidad de las comunidades autónomas con la medida exige a Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia que dejen de alimentar «artificialmente» el conflicto social entre lobo y ganaderos y asuma la nueva situación legal.

En la misma línea, WWF celebra la inclusión del lobo en el LESPRE porque con ello «se inicia una nueva etapa para la protección de la biodiversidad» y la transición hacia una «coexistencia efectiva». En su valoración, remitida a Europa Press, destaca que la decisión supone unificar el estatus legal y la gestión de la especie a nivel nacional y se pone «fin al actual caos administrativo y de persecución legal del lobo» que se daba en diferentes comunidades autónomas.

A partir de ahora, según WWF, «empieza el camino hacia un nuevo modelo basado en el respeto por el lobo, el fin de su persecución, así como en una apuesta decidida por la coexistencia de la especie con la ganadería extensiva».

La presidenta del Partido Popular en Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, cree que la inclusión del lobo en el Lespre es «un atentado» al medio rural y «la antesala a la desaparición de la ganadería extensiva»; y ha cuestionado «de qué sirve» la coalición de Miguel Ángel Revilla (PRC) con el PSOE.

Para Buruaga esta prohibición es «incompatible» con el Plan de Gestión del Lobo de Cantabria «en perjuicio» del ganadero, que a partir de ahora va a pasar a ser «especie en extinción».

Asimismo, ha advertido que la inclusión del lobo en el Lespre es «muy grave», aunque no es «una sorpresa». «No teníamos la menor duda de lo que iba a hacer el Ministerio, lo ha dicho por activa y por pasiva», ha recordado.

Además, ha criticado que el responsable de Agricultura, Luis Planas, es un ministro «totalmente ausente» en cuanto a la defensa de la ganadería y «ni está ni se le espera».

Del mismo modo, la presidenta del PP ha indicado que no tiene «ninguna duda» en lo que va a hacer el Gobierno de Cantabria y la respuesta va a ser «la de siempre», de «lamento», «muy ofendidos» y «teatralizar un enfado». A su juicio, la solución «no está en los tribunales» sino «en la política».

Por esta razón, ha lanzado dos preguntas al consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, Guillermo Blanco (PRC): «¿De qué sirve a los ganaderos de Cantabria la coalición de Miguel Ángel Revilla con el partido y el Gobierno socialista?» y «¿cuál va a ser su respuesta y cuál va a ser su reacción ahora?».

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ha solicitado en el Senado la revocación de la orden y ha pedido la comparecencia «urgente» de los ministros para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

También ha pedido las comparecencias de los consejeros de Desarrollo Rural de las cuatros comunidades autónomas afectadas -Galicia, Asturias, Castilla y León y Cantabria-, que tienen el mayor número de población de esta especie y que se oponen a su inclusión, ha informado el PRC en nota de prensa.

Para los regionalistas, el Ministerio de Transición Ecológica se ha «plegado por completo» a los intereses de los colectivos que han impulsado esta medida y, por el contrario, ha «despreciado y ninguneado» al sector ganadero «que sufrirá las nefastas consecuencias» de esta medida.

Así se recoge en la moción que el senador autonómico y diputado regional del PRC, José Miguel Fernández Viadero, ha registrado hoy en la Cámara Alta nada más conocer la publicación en el BOE de la entrada del lobo en la lista de especies protegidas.

En la moción, el regionalista insta al Gobierno de España a «revocar de forma inmediata» dicha medida «dada la falta de respaldo técnico y las consecuencias negativas que ésta tendrá para el sector ganadero y el verdadero mantenimiento de la biodiversidad de nuestro medio natural».

Fernández Viadero ha recordado que esta inclusión se ha realizado «sin justificación técnica», ya que ni el Ministerio ni las comunidades autónomas que han apoyado la medida «han presentado informes que avalen su postura».

«El único aval científico presentado por el Ministerio fue el del Comité Científico que se mostraba contrario a la catalogación del lobo como especie que requiera el estatus de protección especial», ha declarado.

Por el contrario, ha señalado que las cuatro comunidades autónomas que se oponen a la medida han aportado en sus alegaciones «datos objetivos» que no apoyan la teoría de que «son un peligro para la supervivencia del lobo».

Fernández Viadero ha incidido en que en estos territorios se ha alcanzado «un equilibrio» entre las actividades humanas (ganadería extensiva) y el propio desarrollo del lobo como especie silvestre.

Por ello, ha subrayado que no se debe «obviar» ni el peso ni la importancia que el sector ganadero tiene en Cantabria, ni las «consecuencias» que esta decisión tendrá para los ganaderos.

Por último, ha incidido en que ninguna de las comunidades «verdaderamente afectadas» ha «negado nunca» el valor «patrimonial, medioambiental y cultural» del lobo para el medio natural y la sociedad, como demuestra «la gestión que se ha hecho de su presencia en los últimos años en sus territorios, en los que realmente esta especie habita y desarrolla su vida».

La Xunta recurrirá en los tribunales y pedirá medidas cautelares ante la prohibición de cazar lobos, una decisión que a su juicio «carece de sentido» en una comunidad, Galicia, con «más de 90 manadas» y que reivindica haber sido «capaz» de lograr un «equilibrio» entre la actividad agroganadera y la preservación de esta especie.

En rueda de prensa, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha mostrado «sorpresa, frustración e indignación» tras conocer la publicación en el boletín oficial del estado (BOE) de la orden que incluye al lobo ibérico (Canis lupus) en el listado de especies en régimen de protección especial desde este martes.

Según ha asegurado la titular del departamento autonómico, con esta norma, «no habrá manera de que ningún organismo» pueda destinar ayudas a ganaderos por daños por ataques de lobos si los dueños de las explotaciones no tienen implementado un plan de prevención «específico».

Planes que implican la instalación de cercados, puertas y porches y cuyo coste «habría que cuantificar», pero que para la conselleira serán «casi inasumibles» dada la orografía gallega y las características de sus granjas.

«Todos los recursos se tienen que destinar a proteger el lobo», ha advertido, en relación a la orden que recurrirá la Xunta, que hace que los planes de gestión de las comunidades autónomas, según ha dicho, decaigan.

Ángeles Vázquez ha precisado que las cuatro comunidades autónomas que se declaran «loberas» -Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria- presentarán recurso, pero que lo harán por separado después de este «año perdido» en el que trataron de convencer al ministerio de la situación del lobo en sus territorios, que concentran «más del 90 por ciento» de los lobos del conjunto estatal.

Esta decisión, ha criticado, «no se ampara en ningún estudio científico» puesto que el estado del lobo en el norte no es «desfavorable sino todo lo contrario».

De hecho, ha añadido, el momento es «muy delicado» no solo para los profesionales sino para la sociedad rural, ya que hay ciudadanos que «sin tener ganado» están avisando de «ataques a perros de compañía», según ha comentado en alusión a lo comentado recientemente por la alcaldesa de Viveiro (Lugo).

Hasta la fecha, la caza de lobo estaba permitida al norte del Duero, mientras que estaba prohibida al sur de este río, donde las poblaciones ya estaban incluidas en el mencionado listado.

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA se han unido este martes para acusar al Gobierno de «condenar» a los ganaderos y al sector a su extinción al decidir «blindar» al lobo, al tiempo que han pedido la dimisión de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

En concreto, las organizaciones, a través de una nota conjunta, han lamentado que a pesar de las muchas reuniones, de los intensos diálogos, de los múltiples argumentos y de la total oposición de las comunidades autónomas con presencia de lobo, el Gobierno acaba de prohibir realizar ningún tipo de gestión cinegética de este depredador.

Aseguran que la publicación en el BOE de la inclusión del lobo en el Listado de Especies Protegidas (LESPRE) ha caído como «un jarro de agua fría» sobre los ganaderos y sus organizaciones representativas.

Asaja, COAG y UPA rechazan esta medida ya que consideran quees «ajena» a los intereses de la ganadería y del medio rural y recuerdan que el lobo causa «graves daños» al ganado, pues se alimenta de él, muy especialmente de aquellas explotaciones que practican la ganadería extensiva.

«La protección del lobo es una medida tomada desde los despachos y no desde los pueblos. Cualquiera que viva en el medio rural y conviva con el lobo sabe que la mejor gestión no es la total protección», señalan desde las organizaciones, que consideran que se ha tomado una medida «tendenciosa e ideológica» basada en una «falsedad» como que el lobo está amenazado en España, «cuando no es así».

Además los colectivos agrarios acusan a la ministra Teresa Ribera y a su equipo de «falta de palabra, pues »se comprometieron« a negociar el protocolo de gestión de la especie antes de tomar esta medida de incluir al lobo en el Lespre. Por todo ello piden la dimisión de la ministra de Transición Ecológica.

«El blindaje del lobo es un ataque a la ganadería y a las razas autóctonas de la Península Ibérica. Los ataques al ganado aumentarán. Las pérdidas de la ganadería aumentarán. El despoblamiento aumentará», pronostican los ganaderos.

Las organizaciones han apelado a las regiones con presencia de lobo a que «pongan todos los medios a su alcance, políticos y jurídicos, para proteger a sus ganaderos ante la inseguridad que genera esta medida.

«Seguiremos luchando y haciendo oír nuestra voz. No permitiremos que nos condenen a la extinción. Trabajaremos por que en el campo siga habiendo vacas, cabras, ovejas, caballos y demás animales. Y no solamente lobos», aseguran las organizaciones, que están ya estudiando la convocatoria de movilizaciones de rechazo a esta medida.

«Es un atropello hacia nuestra forma de vida en el mundo rural, una forma muy clara de decirnos desde el gobierno que no les importamos ni lo más mínimo, y sin darse cuenta de que están jugando con el pan de miles de familias por el capricho de gente que no sabe verdaderamente sobre lo que opina y la repercusión tan dañina que tiene esto sobre nuestra forma de vida, costumbres, nuestros montes, nuestros paisajes etc... Y cuando se quieran dar cuenta de lo importante que somos los ganaderos y gente del mundo rural en general va a ser tarde, porque están acabando con nosotros, porque los ganaderos sí que estamos en peligro de extinción».

La Junta de Castilla y León se ha mostrado «radicalmente en contra» de la resolución, recurrirá la orden ministerial y pedirá la suspensión cautelar de la eficacia de la misma.

Así lo ha señalado el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien ha asegurado que el recurso contencioso administrativo se presentará en los próximos días en la Audiencia Nacional.

Suárez-Quiñones, quien ha participado en la inauguración de la Feria Expobiomasa en Valladolid, ha concretado que Castilla y León presentará su propio recurso pero lo hará en coordinación con las comunidades afectadas, mientras que Asturias, Cantabria y Galicia presentarán su propio escrito.

«Y trataremos de lograr la suspensión de la eficacia porque al día siguiente de la eficacia de esta orden ya se están produciendo daños y perjuicios a la Comunidad», ha añadido.

El titular de Fomento y Medio Ambiente considera que es «un día preocupante» para Castilla y León porque el Boletín Oficial del estado «consuma» un anuncio de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Suárez-Quiñones ha afirmado que Castilla y León está «radicalmente en contra» de esta iniciativa porque perjudica a los intereses generales de la Comunidad, pero no sólo a los suyos, sino a los de Galicia, Asturias o Cantabria, los de once comunidades, «la mayoría», que estaban en contra de la inclusión del lobo en el Listado.

«En definitiva supone que dejemos de gestionar las poblaciones de lobo a través de la caza y los recursos cinegéticos», ha explicado el consejero, quien ha asegurado que esto se traduce en un «perjuicio enorme» para el «equilibrio» de los daños que ya existen en ganadería extensiva con el lobo, que se incrementarán, pero además un peligro de abandono de la ganadería en el territorio y, por lo tanto, «el abandono» y «cierre» de los pueblos.

Además, se adopta sobre razones que entiende que «no existen», ya que se apela a razones culturales, ya que no motivos relacionados con la conservación de la especie, que es «favorable», tras lo que ha recordado que Castilla y León tiene «la mayor población de lobos de Europa y no existe ninguna razón en intereses generales que justifique esta medida».

En cuanto a las medidas para el control del lobo que se permitiría a partir de ahora, el consejero ha aclarado que permite lo mismo que la normativa europea y se aplica al sur del Duero, «controles excepcionales con mucha dificultad y muy limitados».

La Federación Española de Caza va a interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la Audiencia Nacional contra la orde porque considera que no hay criterios científicos, censos actualizados o una estrategia de conservación y gestión que avalen la necesidad de esta especial protección.

«Amparándose en supuestos criterios científicos, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) va a eliminar, por simple ideología anticaza, los distintos planes de gestión dellobo que están permitiendo recuperar sus poblaciones y su convivencia con la ganadería extensiva«, denuncian.

Además, recalcan que la protección de la especie que se lleva aplicando desde 1992 al sur del Duero «no ha funcionado» ya que, a su juicio, lejos de permitir crecer las poblaciones, prácticamente han desaparecido.

Para el presidente de la RFEC, Manuel Gallardo, «este es un capítulo más de la hoja de ruta que tiene el MITECO para intentar acabar con la caza». «Una vez más, desde el Gobierno se anteponen los deseos de ecologistas y animalistas de salón al desarrollo del mundo rural, que se verá sentenciado en un futuro muy próximo si el Gobierno continúa con su deriva pseudoecologista y anticaza», lamentan.

Finalmente, denuncia la «dejación absoluta» de funciones por parte del Estado, que lleva sin actualizar desde el año 2005 una estrategia de conservación y gestión del lobo que «debería revisarse, comomucho, cada 10 años». Además, se desconoce la situación real de las poblaciones al no realizarse censos poblacionales desde el año 2014.

El coordinador de Ciudadanos (Cs) Cantabria, Félix Álvarez, ha exigido este martes la dimisión de la ministra para la Transición Demográfica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, por «sentenciar de muerte» al sector ganadero.

Álvarez cree que la inclusión del lobo ibérico en el catálogo de especies de protección especial es una «puñalada mortal» a los ganaderos de la región. «Ribera cumple su amenaza y asesta una puñalada mortal a los ganaderos de Cantabria», ha manifestado el portavoz de Cs en un comunicado.

Así, ha calificado de «incomprensible» que el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Guillermo Blanco, y el resto de los miembros del Ejecutivo del PRC «se puedan sentar en la mesa del Consejo de Gobierno de Cantabria con el PSOE de Zuloaga, que se ha puesto de perfil a la hora de defender a nuestros ganaderos».

Finalmente, Álvarez ha asegurado que la prohibición «solo conseguirá que se intensifique el furtivismo y se dañen otras especies»; y ha abogado por un «modelo de coexistencia» que se base en las medidas ya contempladas en el Plan de Gestión del Lobo de Cantabria para «reducir los daños».

El portavoz parlamentario de Vox, Cristóbal Palacio, ha vuelto a advertir este martes que el ganadero de Cantabria está «en peligro de extinción».

«Hoy es un día triste para los ganaderos de Cantabria», ha valorado el diputado, para quien esta «sobreprotección» del lobo va a suponer la «desaparición» de la ganadería extensiva y la «proliferación incontrolada» de la especie hasta la costa». «Generará enormes problemas de convivencia, no solo con el ganadero sino también con la sociedad en general«, ha asegurado.

Según Palacio, «durante el día los ganaderos tendrían que subir a los pastos a los animales y por la tarde guardarlos en un refugio seguro», lo que «en la práctica es imposible».

Asimismo, ha reprochado al Gobierno y a la Consejería de Desarrollo Rural de no tener «el menor respeto al ganadero». «No hay el menor cuidado por su atención y no hay el menor interés por cuidarnuestro medio rural salvo una foto para quedar bien», ha opinado.

Según el portavoz de Vox, lo que los «ecologistas de salón no entienden» es que quienes están en «peligro de extinción» son los ganaderos de alta montaña y la vida de alta montaña que había alcanzado «un equilibrio» con los lobos pero que, con estas medidas, «van a provocar su desaparición».

El Grupo Parlamentario presentará una iniciativa en la Cámara para que el consejero Guillermo Blanco informe sobre las medidas que tomará el Gobierno regional