El sector de la dependencia critica que los recortes «afectarán a los de siempre»

Las tres organizaciones que agrupan a 80 centros repartidos por toda la región -la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), la Plataforma para la Atención de la Dependencia (PAD) y Lares- se sienten asfixiadas por los recortes, aunque aseguran que es habitual que recaigan sobre ellas. «Siempre pagan los más débiles». Así de contundente se muestra el presidente de la FED, Rubén Otero, que apunta que el sector lleva «muchos años» sin recibir la parte que les corresponde. «Siempre nos usan cuando se trata de ajustar presupuestos. La solución es muy sencilla: que quiten los sueldos a los políticos hasta que lleguen a un acuerdo para formar gobierno». Considera que «la opción fácil» es decir que, si no hay dinero, se recortará de dependencia, «que es de donde llevan quitándolo toda la vida». Otero explica que el presupuesto anual de los centros lo asume, a partes iguales, el Gobierno central, el regional y el usuario. Un 33% cada uno. «Si falla alguno de ellos, el problema es nuestro, y nos cuesta mucho sacarlo adelante. No podemos negociar directamente con el Ejecutivo central». Dice estar acostumbrado porque «siempre pasa lo mismo: el dinero está, pero no llega por falta de acuerdos». Apunta que, al final, el trabajo sale adelante gracias al esfuerzo de los trabajadores, «que son pocos, cobran poco y trabajan mucho».

La percepción de Otero no dista mucho de la de la presidenta de Lares, Gema de la Concha, que pone de relieve que esta situación es recurrente desde 2012, cuando se recortaron un 10% las ayudas a la dependencia sin llegar nunca a revertirse. «Lo hizo el Gobierno del PP y lo mantuvo la coalición PRC-PSOE». En mayo de este año, por fin, iban a recuperar el porcentaje perdido. «Se aprobó un incremento de los precios por plaza concertada pero, si el recorte que anuncia Revilla se convierte en realidad, nos van a llevar al cierre», se lamenta. «Nosotros no hemos salido de la crisis. Luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos la escasez de personal que hay en las residencias, que es lo que provoca esto. Espero que todo quede en palabras y que no llegue a producirse». Desde su posición de directora de San Cándido, De la Concha cuenta que, con la bajada del presupuesto anual en 2012, lo fácil hubiera sido «tirar de la partida de personal, que supone el 70%», pero que no se hizo «porque la base de la atención a personas con dependencia es el equipo profesional».

La directora de la PAD, María Fernández-Rosillo, añade, a lo que exponen sus compañeros, «que el sector de la dependencia está siempre en el medio». Porque a ellos, por las necesidades de muchos de sus usuarios, también les afectan los recortes en Sanidad. «Nos encontramos con que nunca hay atenciones y presupuesto para nosotros». Prefiere esperar a ver en qué se traducen las palabras del presidente regional. «Cuando veamos exactamente a qué se refiere y en qué nos afecta, diremos algo más concreto». Después de siete años esperando a que se remitan los recortes y con la reciente subida del precio de las plazas concertadas y la mejora del ratio de personal, tiene la esperanza de que «no nos digan ahora que nos lo vuelven a revertir». «Si se cumplen las palabras del presidente regional saldremos todos muy perjudicados».

Las ayudas al alquiler y la Renta Social Básica son otros de los asuntos que, según fuentes regionalistas, podrían sufrir ajustes si no llegan los 135 millones de euros del Ejecutivo central. «Lo lógico es que se recorte de los gastos más superfluos», indica el portavoz de Stop Desahucios, Roberto Mazorra. «Con los dos millones de euros que se destinan a los grupos parlamentarios, por ejemplo, se podrían pagar 400 rentas básicas a 400 familias». A esto añade la inversión en obras que, a su parecer, «no son urgentes, son dignas de países ricos», como la construcción de algunos aeropuertos de España. «En Cantabria, muchas veces, parece más importante dar dinero a constructores y promotores que a las personas necesitadas».

Desde la Consejería de Empleo y Políticas Sociales también han aportado su punto de vista sobre los posibles ajustes económicos. «No cabe duda de que los presupuestos que presentó el Gobierno de Pedro Sánchez tenían un marcado carácter social. Además de prever incrementos en las partidas destinadas a infraestructuras, políticas de vivienda o pensiones, las cuentas contemplaban un aumento del 59% en dependencia, del que íbamos a beneficiarnos todas las comunidad autónomas». El hecho de que se haya bloqueado su investidura, apuntan, «supone un hándicap porque las comunidades vamos a tener que seguir soportando la financiación de esos servicios». De todos modos, aseguran que el compromiso del Gobierno PRC-PSOE «es inquebrantable y vamos a seguir haciendo los esfuerzos que sean necesarios».