El sector de la dependencia urge aumentar la ratio de personal y rechaza la nueva normativa

Así reaccionaron las tres entidades, con un comunicado conjunto un día después de que el Pleno del Parlamento se aprobaran sendas proposiciones no de ley sobre dependencia: una del PSOE para pedir al Gobierno central que cumpla la «obligación legal de aportar el 50% de los recursos necesarios para financiar la Ley de Dependencia, y otra del PP para instar al Gobierno cántabro a aprobar un Plan de Recursos de Servicios de Atención a las personas dependientes. Para estos colectivos, en el Pleno «quedó reflejada la insistencia del Ejecutivo por distribuir responsabilidades al respecto de la precariedad actual del sistema de atención a la dependencia», algo que, según apuntan, «indigna» a usuarios, trabajadores y entidades prestadoras porque «al final las soluciones no llegan».

Acusan a la Consejería de Política Social, que dirige la socialista Eva Díaz Tezanos, de no considerar «las aportaciones del sector» y tratar de «imponer» una normativa de acreditación y autorización de centros que «hemos rechazado de plano a través de múltiples escritos y reuniones, incluyendo un informe que analizaba su impacto en términos técnicos, económicos y jurídicos. Ya hemos dicho que no podemos aceptarla porque nos genera inseguridad jurídica. Pero lo que no puede ser es que supediten el incremento de los precios de las plazas concertadas a la aceptación de esa normativa».

Las entidades aseguran que «el incumplimiento sistemático de los compromisos del Gobierno, amenazan gravemente al sector», que necesita de forma apremiante aumentar la ratio de personal. «El nivel de absentismo en los trabajadores se ha elevado porque están sometidos a una sobrecarga de trabajo tremenda. Así no podemos seguir, y más cuando se nos ha dicho que había presupuesto». Por eso demandan a la Administración que cumpla con el compromiso de subir los precios un 3%, el equivalente a los incrementos del IPC desde 2014, y solicitan que se aplique el 5% restante del presupuesto del que la Consejería dispone íntegramente para aumentar el personal de atención directa en los centros.