El sector de la discapacidad juzga «inasumible» la nueva normativa de dependencia

Desde el Cermi sostienen que «se han trasladado a la opinión pública algunos de los detalles de la norma que, sin el contexto adecuado, pueden generar interpretaciones próximas a la demagogia y generar desorientación en la opinión pública». En este sentido, ponen como ejemplo «el mensaje de que hay más dotación económica y más personal», pero -añaden- «en ningún caso se abordan las nuevas exigencias de requisitos funcionales y materiales, que son económicamente inasumibles para las organizaciones». El sector quiere aclarar estas cuestiones «para evitar que encima se nos pueda acusar de que, ni siquiera nos conformamos con los incrementos económicos planteados. La clave no está en el dinero aportado».

Denuncia que «esta normativa deja en una situación muy delicada a las organizaciones de la discapacidad, que una vez más ven amenazada su sostenibilidad y capacidad de funcionamiento». Según apunta en nota de prensa, dicha norma viene acompañada «de diferentes matices» que ponen a los centros en «una situación de desigualdad muy significativa respecto a los centros de titularidad pública». Y es por eso que consideran que «ha llegado el momento de pedir al Parlamento de Cantabria que solicite los costes que supone para nuestra Administración la gestión de estas plazas públicas, en concreto las del CAD de Sierrallana». Una comparativa en la que también se han apoyado más de una vez los empresarios de la dependencia para poner de manifiesto la diferencia entre lo que reciben por plaza concertada en una de sus residencias y el desembolso que el Gobierno hace por esa misma plaza en un centro público, que es «bastante mayor».

A juicio de la plataforma, el problema surgido de la normativa recién publicada por la Consejería de Política Social «no es solamente una cuestión económica, es una cuestión de sostenibilidad», porque «las exigencias planteadas no están cubiertas con el presupuesto adecuado». En consecuencia, advierten de que la imposibilidad de aplicar las condiciones materiales impuestas «puede abocar al cierre de centros». Por eso recuerdan que «no debemos de olvidar que la competencia de los Servicios Sociales y la titularidad de las plazas concertadas es del Gobierno y por tanto es responsabilidad de este el garantizar los recursos necesarios para su funcionamiento al igual que ocurre con las plazas de gestión pública».

Respecto a la filosofía que promueve el cambio de modelo, centrado en la persona, el sector de la discapacidad señala que «siempre hemos defendido y defenderemos una normativa basada en un enfoque de promoción de autonomía, ejercicio de derechos y participación en la comunidad, que es el modelo que venimos desarrollando», pero matizan que «apostar por ese modelo supone dotarlo de recursos adecuados tanto humanos como materiales y eso no es lo que se ve en la norma ni en la regulación de precios», donde encuentran «muchas incoherencias».

Al igual que las asociaciones de la dependencia (FED, PAD y Lares), el Cermi defiende «la necesidad de un pacto político global, que permita resolver este tema de forma ordenada y planificada hacia el futuro, con objeto de dar coherencia entre la calidad de la atención y los recursos aplicados». En definitiva, coinciden en que Cantabria necesita «un modelo normativo estable y progresivo».

Hace un año el Cermi, junto a las entidades, denunciaba su negativa a la consolidación de los recortes en servicios sociales para las personas con discapacidad y la necesidad de contar con una normativa para la autorización y acreditación de Servicios Sociales destinados a la atención de personas con discapacidad que fuera sostenible para dichas entidades. «Después de estos meses de trabajo con una hoja de ruta concreta, con reuniones con representantes del Gobierno y de la comisión de discapacidad del Parlamento, nos encontramos en esta tesitura», una situación «no buscada y menos deseada, que lejos de mejorar la situación de las personas con discapacidad creemos que la empeora, ya que deja en una posición límite a las organizaciones y entidades que prestan desde hace más de 50 años estos servicios, no solo no generando empleo, sino con la amenaza de poderlo destruir, a raíz, también de la subida importante de los costes salariales planteados en el nuevo convenio colectivo estatal».