El sector del juego avala la próxima Ley cántabra pero critica las nuevas sanciones

Además, abogan por incidir más en la educación, la prevención y la sensibilización y no tanto en la prohibición para evitar comportamientos patológicos en torno al juego y censuran algunos «prejuicios e infundios», en su opinión, injustifcados sobre el sector y consideran que la «alarma social» que se está generando no se ajusta a la realidad. En este sentido, critican algunas expresiones que incluye la ley en relación al «riesgo» del juego.

Así lo han señalado el presidente de la Asociación Cántabra de Empresas Operadoras de Máquinas Recreativas (ACEO), José Ramón Sainz San Emeterio; la secretaria general de la asociación Club de Convergentes, Cristina García, y el asesor de la Asociación de Empresas de Bingo de Cantabria (Aebinca), Jesús Vélez, que este miércoles han abierto las comparecencias en el Parlamento regional sobre el proyecto de la nueva Ley del Juego de Cantabria.

Los tres comparecientes se han mostrado de acuerdo con lo que plantea la ley en medidas para el 'juego responsable' y no han puesto objeciones a lo que ésta establece para «ordenar y planificar» el sector, ni sobre los controles de acceso a los negocios para evitar la entrada de menores o personas con ludopatías y tampoco al refuerzo de las inspecciones con la reciente incorporación de 14 nuevos agentes para esta labor.

«No tenemos ningún miedo», ha dicho el representante de ACEO, que, incluso ha pedido que se refuerce la vigilancia en que todos los locales cumplan el horario.

Tampoco han puesto apenas 'peros' al régimen de distancias entre los locales y de éstos a los centros escolares o de atención a las ludopatías, que es de 500 metros, aunque, por ejemplo, desde Convergentes cree que no es una medida «avalada científicamente» sino «estética» y tampoco sobre la «limitación», que no prohibición, de la publicidad en el sector.

El presidente de ACEO, asociación que aglutina a 22 empresas que representan más del 80% de los salones de juego abiertos en Cantabria y al 55% del parque de máquinas recreativas que hay en la actualidad, ha cifrado en 330 los empleos directos y en 900 los indirectos que aporta el sector en la comunidad y en 12 millones la aportación anual que realiza a las arcas públicas solo con la tasa de juego.

En este sentido, se ha quejado de que Cantabria es la quinta comunidad con la presión fiscal más alta en este ámbito, un puesto que, en su opinión, no le corresponde y que debería ser menor.

Donde más pegas ve ACEO a la ley es en lo que tiene que ver con el incremento del importe de las sanciones, que, según ha dicho, crece un 300 por ciento, algo que ve «absolutamente desproporcionado e injustificado» y que en su opinión, podría «conculcar» la jurisprudencia aportada por algunos altos órganos judiciales que apelan al criterio de la proporcionalidad.

Según ha dicho, unas sanciones «tan gravosas podrían llevar al cierre» a muchos negocios del sector y además cree que «no existe justificación» para aumentar de esa forma las multas ya que no se ha producido un «incremento sustancial de infracciones, siendo Cantabria una de las comunidades con menor índice de expedientes sancionadores».

También ha criticado que en la nueva ley que está tramitando desaparezca la posibilidad que cuando un negocio cometa una infracción por un «mero error o descuido» y «sin intencionalidad real» de hacerlo, se le apliquen las multas previstas para el nivel inmediatamente inferior. Y además, ha planteado la posibilidad de imponer multas a menores en los que para acceder a los locales de juego usen un «deliberado fraude, maquinación o engaño que burle las medidas de control».

Y respecto al caso concreto de los bingos, el asesor de Aebinca ha explicado, por su parte, que en la actualidad hay tres salas de este tipo en Cantabria que dan empleo a 100 personas. Al respecto, ha señalado que para que el sector «sobreviva» es «fundamental» que no se superen en tres las autorizaciones de este tipo de salas para toda Cantabria -esto es las correspondientes a los negocios que ya hay- y no las siete que plantea la nueva ley.

Y es que ha explicado que sumadas las ventas de los años 2020, 2021 y lo que va de 2022 no alcanzan las que hubo en uno solo de los años anteriores (2018 y 2019). «Están funcionando y aún muy mal», ha dicho el asesor de Aebinca, que ha advertido que permitir más pondría «en riesgo» al sector. Por otra parte, ha reclamado que no se excluya a las salas de bingo de poder instalar toda tipo de máquinas que hay en el mercado, incluidas las denominadas B4.