El sector del ocio nocturno, «en situación dramática», se siente «el gran olvidado»

El presidente de la Asociación de Ocio Nocturno en Cantabria, Ángel Súarez, asegura que «la situación es dramática». «Hay compañeros que han abierto veinte días en los últimos 16 meses». Cree que «no tiene sentido cerrar a las 22.30 horas y la gente que tengo en la terraza o dentro, con las medidas de seguridad, se pueda quedar en la calle o desplazarse a un sitio privado y seguir con su fiesta». En el momento que ha decaído el toque de queda, «lo lógico es que nos dieran el horario de nuestras licencias con las medidas oportunas. Luego, el aforo ya es más discutible o algo que se pueda hablar según la situación de cada momento».

Este empresario entiende que es «contraproducente» que la gente disfrute del ocio en la calle o en lugares privados sin ningún control y no puedan hacerlo en un local habilitado, con medidas y garantías. «No cabe en ninguna lógica, porque al final lo que consigues es fomentar un ocio o un ámbito social poco saludable». Como ejemplo, comenta que, entre todos sus locales, tiene unos 36 trabajadores y la gran mayoría (ahora están todos en ERTE) son menores de 30 años. «Todos los casos covid que hemos tenido, unos seis, se han producido en ámbitos de fiestas privadas. Es decir, no ha habido ninguno en el trabajo. Eso te da una idea de cómo está siendo esto».

Además, Súarez asegura que cuando una persona se contagia «no dice que ha estado con treinta en casa de fulanito». «Dice que ha estado en un bar o se inventa cualquier cosa. Lo que hemos dicho siempre es que Sanidad puede emitir los informes técnicos y el papel lo soporta todo, pero la realidad de lo que pasa en la calle es bien distinta». «Nos están arruinando para nada. No porque la hostelería sea la panacea y sea totalmente segura, pero cualquier alternativa es mucho menos saludable».

Y dibuja escenarios. «En una casa cada uno coge el hielo con la mano, cuando acabas con tu vaso coges el primero que pillas... Hay una relajación que no existe en los locales de hostelería, donde tenemos gente que está pendiente de esas cosas. No tienen nada que ver las ventilaciones, los aforos o el código QR, que permite tener identificados a todos los que acceden». En caso de un contagio, dice, se puede rastrear. «Es más fácil de controlar que en una casa», sostiene.

De su lado, Gregorio del Amo, propietario de las salas Rocambole y Summum, ambas en Santander, coincide en que el sector «sigue olvidado por la Administración». «Seguimos en un limbo, cerrados a cal y canto y sin ninguna perspectiva ni proyecto de desescalada al respecto, sin ninguna compensación real y esperando a ver qué pasa». En su opinión, una vez que han quitado el toque de queda, «esto va a ser un botellón continuo». «Por lo menos en los locales hay medidas. Gente que cuida de que estén las mascarillas puestas, que haya hidrogeles, ventilaciones, seguimientos por QR». En una reciente reunión con el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, y el consejero de Industria, Javier López Marcano, «nos dijeron que estaban intentado articular, jurídicamente, el que podamos abrir». «Llevamos quince meses cerrados y sin ninguna compensación, a diferencia de otras comunidades autónomas donde ha habido ayudas de verdad, como Cataluña, para por lo menos poder aguantar». Del Amo cuenta que presentaron a Marcano una propuesta para habilitar una partida presupuestaria concreta para las discotecas. «Con poco dinero, al ser pocas, él mismo se podía haber puesto la medalla. Esto se necesita ya».

La delicada situación ha llevado a que alguno se plantee acudir a los tribunales. Es el caso de Ramón Gómez, de la discoteca New Times de Torrelavega. Valora la posibilidad de poner una demanda ante Sanidad o el Gobierno de Cantabria, «porque mi discoteca puede dar el mismo servicio que está dando un pub o una cafetería o un bar mixto, y no me dejan». No entiende cuál es el criterio sanitario. «Lo primero es que nos dejen trabajar, como a todos. Es un agravio comparativo y una discriminación, y por ahí viene la idea de plantear una denuncia, el que no nos den una opción de trabajo». Gómez cree que esta situación podría ser anticonstitucional, «porque me están negando mi derecho constitucional a un trabajo digno y ganarme la vida con mi negocio».

Tomas Sánchez Lombraña, representante del ocio nocturno en la Asociación de Hostelería de Cantabria y propietario de la discoteca Safari de Castro Urdiales, califica la situación como «catastrófica». «Es incomprensible, porque somos los que mejores medios tenemos para admitir a clientes. Son locales con mucha ventilación, con controles de puerta y de interiores. Tenemos más medios que un bar genérico o un pub incluso. Sin embargo, somos los más perjudicados, los malos de la película», afirma. «El aforo es mucho más fácil de controlar en una discoteca que en un pub porque tenemos unos servicios que ellos no tienen». Sánchez Lombrana considera que «hay algo en contra de nosotros». Además, afirma que en otros territorios las discotecas están abiertas o abriendo progresivamente. «Esto es acabar con ellas».