El sector del taxi en Cantabria: «La sentencia no tiene aplicación práctica aquí»

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la limitación de licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC), como Cabify y Uber, en la ciudad de Barcelona ha vuelto a poner sobre la mesa el debate acerca de la convivencia y regulación de estos transportes con el sector del taxi. El alto tribunal con sede en Luxemburgo considera que la ratio de un VTC por 30 taxis «no parece idónea para garantizar el objetivo de buena gestión del transporte» y que, por tanto, las restricciones impuestas en la Ciudad Condal son «contrarias al Derecho de la Unión». Es decir, una mala noticia para el sector del taxi.

¿Y qué traslado tiene esta sentencia en Cantabria? «Aquí no le veo una aplicación práctica. La proporción entre licencias de taxi y VTC en la región está muy por encima», explica el presidente de la Federación Cántabra del Taxi, Manu Andoni Ruiz, quien detalla que en la comunidad hay 129 VTC y 458 taxis, «uno por cada tres taxis», desde que se concedieron licencias para esta nueva fórmula entre 2009 y 2014.

Y añade, «además, en el caso de que hubiera prosperado -por la sentencia-, el 1/30 no se iba a poder aplicar con carácter retroactivo, realmente en ese aspecto no nos afecta».

Eso sí, Ruiz ve una parte «positiva» a esta sentencia, en lo relacionado con la doble autorización: «Llevamos mucho tiempo reclamando que este tipo de vehículos esté obligado a tener dos permisos, la licencia municipal concedida por el ayuntamiento para los trayectos urbanos y la autorización de transportes del Gobierno de Cantabria para realizar trayectos interurbanos», resume al tiempo que incide en que esta cuestión es una «reivindicación del sector desde hace mucho tiempo». En un primer momento la finalidad de los VTC era la de prestar servicios interurbanos (permiso del que se encarga Transportes) por lo que no se les ha exigido en estos últimos años el permiso municipal para circular por las ciudades y pueblos. Ahora, esta sentencia contempla esta exigencia para el caso de Barcelona.

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