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La llegada de los vehículos con conductor (VTC) a Santander, Torrelavega y Somo a través de la aplicación de Cabify ha disparado las ... alertas en el sector del taxi. Esperaban su llegada desde hace meses y ya se reunieron en febrero con el director general de Transportes del Gobierno de Cantabria, Felipe Piña, para tratar el asunto. Aunque sus peticiones también afectan a las VTC clásicas, el desembarco definitivo de la plataforma digital en la región ha provocado que los taxistas exijan una nueva cita en la que recordar las medidas que trasmitieron al comienzo del año.
El presidente de la Federación Cántabra del Taxi, Manu Andoni, pide que se unifiquen las regulaciones autonómicas ya existentes acerca de estos servicios y se incluyan nuevos matices. «Se deben ceder competencias al Ayuntamiento cuando el transporte se realice íntegramente dentro del municipio». Andoni considera que los taxis y los VTC no pueden dedicarse al mismo tipo de servicio porque supone una competencia directa. «A través de la aplicación de Cabify no se deberían solicitar servicios inmediatos, esa función la ejerce el taxi. Los servicios privados deben funcionar a través de reservas, con varias horas de antelación».
Cabify «es una aplicación que actúa como intermediaria», pero no tiene coches propios. La empresa que posee los coches «debe estar radicada en Cantabria» porque estos coches tienen que cumplir una cláusula de habitualidad. «Deben desarrollar, como mínimo, el 80% de los servicios en la comunidad en la que están dados de alta».
Andoni desconoce cuántos vehículos colaboran con la aplicación, aunque sospecha de una empresa que posee diez. «Estamos muy pendientes de que cumplan con sus obligaciones: las pegatinas identificativas, las matrículas...». En el documento que han redactado para su cita con Piña contemplan varias exigencias que, a su juicio, deberían cumplir. «La contratación de los servicios tiene que realizarse, al menos, 12 horas antes de que se vaya a realizar el trayecto». Piden que se registren algunos datos por cada servicio: el nombre del cliente, un precio ya fijado, el itinerario y la duración. También ponen el foco en que «no capten clientes». Si no están desarrollando un itinerario, no pueden estar estacionados cerca de paradas de taxi, aeropuertos, estaciones o lugares de ocio. «Tampoco deben tener publicidad externa que dé lugar a interpretar que existe paridad entre ellos y el taxi».
Aunque los VTC que trabajan a través de la aplicación de Cabify son recientes en la región, Andoni recuerda que este tipo de servicios no son nuevos y que en Cantabria, además de las de ámbito nacional, existen otras de ámbito regional a las que también incluye en sus peticiones. Por ley, estos coches «no pueden tener más de diez años de antigüedad»;sin embargo, Andoni asegura que en la provincia hay varios que superan ese límite y, además, «se les sigue renovando la autorización de transporte».
Cantabria y Canarias son las únicas comunidades con servicios de VTC autonómicas. «Aquí, se contemplan en tres ámbitos: dependencia, turismo activo y transporte terrestre». Se refiere a los vehículos que llevan a personas con capacidades especiales que no pueden desplazarse por sí mismas, los que corresponden a actividades turísticas, como descensos en canoa que mueven al cliente de un punto a otro para realizar la actividad, y, por último, a los todoterreno que hacen rutas por el monte.
«Están en una especie de limbo, sin control. No se supervisa si, además de la actividad para la que se les ha concedido la licencia, se dedican a algo más». En su reunión con Piña, Andoni hará hincapié en que este servicio privado autonómico (conocido como VTC-A) se incorpore a una futura normativa que aglutine a todos los vehículos con conductor.
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