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La aprobación el pasado 28 de junio de la Ley del Suelo hizo pasar desapercibido otro cambio legal que se aprobó ese día en el ... Parlamento de Cantabria y que da cobertura al Gobierno regional para habilitar un crédito extraordinario de 15 millones de euros. Una cuantía importante que irá destinada a las nuevas ayudas excepcionales anunciadas para varios sectores afectados por la guerra de Ucrania y que los potenciales beneficiarios pueden solicitar desde ayer tras la entrada en vigor de la ley impulsada por la Consejería de Economía que dirige Ana Belén Álvarez con su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC). La propuesta pudo tramitarse por un procedimiento de urgencia gracias a que contó con el aval de los cinco grupos políticos (PRC, PP, PSOE, Ciudadanos y Vox).
De los 15 millones que Economía pone sobre la mesa, la mayor parte, 11,8 millones, están destinados a ayudas directas a empresas exportadoras, industriales, agroalimentarias y del sector de transporte por carretera. Este paquete estará gestionado por la Sodercán. Mientras, 1,6 millones corresponden a estancias concertadas de centros dependientes del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass), un millón para empresas y profesionales que prestan servicios de transporte escolar y 600.000 euros para el bono social térmico en 2022.
La norma del 28 de junio también incluía, a propuesta de la Consejería de Obra Públicas, la ampliación del mecanismo para negociar con las constructoras la revisión de los presupuestos de las obras ante el incremento del precio de las materias primas para evitar que los concursos queden desiertos o se abandonen a la mitad. El Gobierno de Cantabria activó ya hace meses esta opción de forma automática, pero para que pudieran adherirse también los municipios que lo deseen era necesario esta modificación legal.
Con esta última línea de ayudas, el conjunto de acciones puestas en marcha por el Ejecutivo regional para paliar los efectos de la guerra suma 37 millones de euros. En los paquetes anteriores estaba, por ejemplo, la bonificación o exención de 49 tasas autonómicas (3 millones), líneas de crédito por 7,5 millones, ayudas directas al sector primario (5,2 millones) y el aumento de un 15% del importe que cobran los 3.000 beneficiarios de la renta social básica. También hay 2,5 millones más para renegociar los contratos de las obras y 2,3 para las obras que el Ejecutivo sufraga en los municipios.
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Ana del Castillo
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