La Ley de Segunda Oportunidad pasa de puntillas por Cantabria

Dice el juez decano de Santander que, al final del proceso, puede conseguirse lo que rogaba la letra antigua del Padre nuestro. Aquello de «perdónanos nuestras deudas...». Sin embargo, se usa poco y aquí, en Cantabria, incluso menos. Según los datos de la empresa 'Repara tu deuda', entre junio de 2016 y el mismo mes de 2018, en la región se iniciaron únicamente 61 procesos para zanjar las deudas en base a la denominada Ley de Segunda Oportunidad, que entró en vigor en 2015. Y al magistrado, Jaime Anta, sólo le constan un par de sentencias que hayan acabado con el beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho (BEPI). Entre las causas, la complejidad del proceso, el desconocimiento de las posibilidades que ofrece la norma y el escaso rédito económico que dejan estos casos para los profesionales que tienen que trabajar en ellos.

La Ley, en un resumen rápido -difícil, porque tiene un contenido complejo-, permite dar un balón de oxígeno a particulares y autónomos que no puedan hacer frente a las deudas contraídas. A los que, estando ahogados, cumplen una lista de requisitos y den una serie de pasos. Entre los primeros, lo básico es demostrar que se ha actuado de buena fe. No haber sido declarado culpable en concurso de acreedores, no tener condenas vinculadas a una serie de delitos, no haber rechazado ofertas de empleo adecuadas a su capacidad, hacer constar que efectivamente no se cuenta con bienes con los que pagar... Será necesario -los pasos- intentar llegar a un acuerdo previo de pagos con los acreedores a través de un mediador nombrado por el notario y, en caso negativo (casi siempre), solicitar un concurso de acreedores y la exoneración de la deuda parcial o total ya ante el tribunal.

«Los términos de la ley no siempre son muy claros, sobre todo en lo que se refiere a los autónomos, que aquí suelen ir por la vía mercantil. Hay una cierta ambigüedad», advierte el juez decano. Anta reconoce que es una norma «mejorable», «un poco laberinto», pero insiste, en todo caso, en que el objetivo de la exoneración «se puede conseguir». «No sé realmente por qué se usa tan poco, porque puede resultar muy útil. Se hacen enormes esfuerzos y hay una cantidad ingente de peticiones vinculadas al tema de las hipotecas, que soluciona aspectos más puntuales, pero, si hay una ley que realmente puede solucionar el problema de una familia, es esta».

El magistrado, en este sentido, sí que apunta algunas causas. «Hay algo que no está sólo en la propia ley. Es cierta cultura. La gente no sabe que esto existe y las opciones que ofrece. Empezando por los abogados. Sería importante que ellos contaran con una mayor formación».

«Mejorable», sí -se han pedido reformas en el Congreso, se habla de mucha «letra pequeña» y la Ley de Vivienda que plantea la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) lleva mecanismos de segunda oportunidad-. Pero Anta insiste en que es «muy útil». «En esencia, puede conseguir, por ejemplo, el objetivo de la dación en pago, aunque sea un procedimiento técnicamente lento, complicado». El juez, al relatar conversaciones con compañeros, explica que estos casos dan «subidón, porque proteges a una familia». Satisfacción personal. Pero también entiende que no son «económicamente estimulantes para los profesionales». Administradores, abogados... No dejan mucho dinero (básicamente porque el cliente no lo tiene). «Lo ideal sería que se implicara la administración en su afán de evitar procesos de exclusión social».

En los planteamientos de Anta coincide Elvira Castañón, de 'Repara tu Deuda'. Tanto en el desconocimiento como en el escaso estímulo económico para los profesionales. La empresa, indican, lleva el 65,5% de los procesos iniciados aquí. Por ahora están en tramitación o pendientes de recurso. A Anta le constan en los juzgados de Santander apenas «una docena de casos». «En el procedimiento hay una fase extrajudicial larga. Muchos clientes aún no han llegado al juzgado o no llegan nunca», explica para aclarar la cifra de los 61 procesos empezados.

En todo caso, habla de una dificultad añadida en Cantabria. «No funciona como en el resto de España. La plataforma que se usa normalmente como sistema de comunicación entre los juzgados y los profesionales se llama Lexnet. Pero Cantabria tiene su propio sistema, Vereda, que es complicado, difícil». Según los datos, de Repara tu Deuda, sólo en La Rioja y Navarra se han iniciado menos procesos que aquí. Aunque el puesto en esta lista -terceros por la cola, con esos 61 casos- es compatible si se atiende al criterio de población.

¿Y de qué cantidades se habla? Hay ejemplos que han aparecido en la prensa. Los 340.000 euros de un matrimonio de Barcelona, los 250.000 de un vecino de Sabadell... «Suelen ser endeudamientos por consumo, crédito por consumo», explica Anta. «La media, lo más habitual, son casos de 20.000 o 30.000 euros. Pero hay que pensar en personas que pierden su casa y, encima, les queda la deuda, con las nóminas embargadas. Una deuda, pongamos, de 100.000 euros y con un sueldo que igual no llega a los 1.000. No lo podrían pagar ni en dos vidas y encima entran en la lista de morosos, lo que les impide hacer otras muchas cosas», explica Castañón. Ella habla, además, de «presiones» y «acosos» a los que a veces se ven sometidos los clientes por los acreedores. «Por eso, muchas veces, en mitad de los procesos, prefieren no dar la cara. Están quemados».