Seis años con el sistema caducado y pendiente de revisión

La experiencia dice que cuando se abre el melón se sabe cuándo se empieza, pero no cuándo se acaba. Los intereses de los territorios no es que sean distintos, es que suelen ser contrapuestos, lo que hace muy difícil la negociación. Mucho más en el contexto de un conflicto territorial en el que el tema económico es siempre sensible.

Este asunto también aparecía en la literalidad de los pactos que firmó Pedro Sánchez con diversos partidos nacionalistas o regionalistas para conseguir su investidura. Por ejemplo, con los valencianos de Compromís. En el documento que acordaron dejaron plasmado que el actual modelo «ha resultado especialmente lesivo para la Comunidad Valenciana en términos de financiación media por población ajustada». Y es verdad que es una de las regiones más perjudicadas, por eso, como Cataluña o Baleares, las que históricamente más han alzado la voz, quiere que prime el criterio de la población: a más habitantes, más dinero. Su idea va en contra de la que se defiende aquí: un cálculo menos centrado en el volumen de vecinos y más en las condiciones concretas de cada territorio.

Cantabria, al igual que regiones con problemas comunes (dispersión de la población, envejecimiento, ruralidad, caída demográfica...) como Galicia, Asturias y Castilla y León, quiere justo lo contrario. Es lo que aparece escrito en otro pacto, el que han alcanzado PRC y PSOE, que en su reciente renovación tras la crisis entre los socios del bipartito se dice que defenderán en Madrid que se mantenga el 'statu quo' actual. Coincide con lo que defiende la consejera de Economía, María Sánchez, que se tenga en cuenta el coste efectivo de los servicios, porque no supone lo mismo pagar un médico o un maestro en una gran ciudad que en una aldea. Para el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, ese es el gran reto de futuro de Cantabria, más incluso que las infraestructuras.