Seis convocatorias de huelga a las puertas de las elecciones

Cantabria ha vivido tres grandes protestas laborales a lo largo de la legislatura que está a punto de terminar. Cada una con sus peculiaridades. La primera en el tiempo y la que involucró a un mayor número de trabajadores (20.000 personas) fue la del sector del metal, que durante tres semanas paró para reclamar un nuevo convenio colectivo. Más tiempo duró el parón de los empleados de Aspla, que durante 50 días estuvieron negociando con la empresa hasta cerrar un acuerdo. En el primer caso mucho más que en el segundo fue relevante la intermediación del Gobierno de Cantabria –incluso tuvo un papel muy activo el Ministerio de Trabajo–, pero eran conflictos internos de las empresas, no como ocurrió con la huelga que convocó el Sindicato Médico, en la que la interpelada era la Consejería de Sanidad. Tres grandes conflictos en cuatro años relativamente tranquilos y con una menor conflictividad social en las calles, pero que ahora culminan con una sucesión de paros y amenazas de huelga a las puertas de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo.

El colectivo que más lejos está llevando sus reivindicaciones es el de la Justicia. Aunque la comunidad autónoma tiene asumidas parte de las competencias en esta materia, los temas salariales dependen de los ministerios de Justicia y Hacienda. Las protestas van contra Madrid, pero se reproducen y tienen repercusión en Cantabria. Todo arrancó con el conflicto ya resuelto de los letrados, que lograron arañar al Estado incrementos salariales de cerca de 400 euros al mes. Ese triunfo envalentonó a otros gremios. Primero fueron los funcionarios de la Administración de Justicia –unos 750 en Cantabria–, cuya huelga indefinida comenzó el 17 de abril, con paros parciales diarios entre las 10.00 y las 13.00 horas, para exigir un aumento salarial en línea con la de sus compañeros. Aún sin resolver, es más que probable que se sumen jueces y fiscales de toda España, que han dado diez días de plazo al Gobierno de España para llegar a un acuerdo. «En 15 años no han actualizado nuestras retribuciones», decían la semana pasa a este periódico sus portavoces en Cantabria. Si ninguna de las partes se mueve, comenzará la huelga de jueces y fiscales el 16 de mayo, cuando queden solo 12 días para votar. El peor momento para un gobernante y en el que, teóricamente, mayores esfuerzos hará para desactivar el conflicto.

Puramente cántabro es el choque laboral entre los profesionales del SUAP y la Consejería de Sanidad. Los equipos de Urgencias de Atención Primaria han convocado huelga –paros de doce horas los fines de semana a partir del 13 de mayo– para «exigir soluciones a la escasez de personal». No es huelga, pero sí negativa a trabajar de forma extraordinaria (y voluntaria), la de los médicos que han estado reivindicando un aumento de las peonadas por operar por las tardes, fuera de su jornada laboral. El Sindicato Médico dice que el aumento decretado por el bipartito del 10% sin acuerdo «no es real» y está lejos del 25% exigido.

Y luego están los conflictos internos en dos empresas importantes. La plantilla de Sidenor en Reinosa irá a la huelga en mayo si no hay mejoras para la planta –piden que se despejen las sospechas de deslocalización– y en situación parecida están los 175 trabajadores del call center Digitex en Camargo, que la empresa quiere trasladar a otras sedes. Aquí la decisión final no es de los políticos, pero sí tienen alguna capacidad de intermediación.

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