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El 'caso Gesvicán', en el que se investiga a dos técnicos de la empresa pública y tres empresarios (dos de Rucecan y uno de Senor) por el supuesto amaño de contratos en carreteras a cambio de mordidas, surgió hace un año a raíz del 'caso ... Obras Públicas', en el que se investiga a ocho personas, entre ellos el exjefe de Carreteras, por unos hechos similares pero a mayor escala. Desde entonces, los investigadores han recabado hasta media docena de indicios de los que se desprenden supuestos delitos de fraude en la contratación y cohecho.
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El 14 de febrero de 2023, apenas una semana antes de que se destapara el 'caso Obras Públicas, la Agencia Tributaria (AEAT) recibió un denuncia sin remitente contra dos técnicos de Gesvicán en la que se aportaba información sobre la posible participación interesada de sus dictámenes técnicos, así como detalles del cobro de comisiones a las empresas que concurrían a las licitaciones de las obras públicas. En la denuncia se incluía información de las posibles prácticas irregulares de los dos técnicos.
El delator señalaba que los dos técnicos mencionados suelen redactar proyectos técnicos de obras, bajo la supervisión del personal funcionario de la Consejería encargado de la licitación y contratación de la obra. «También, y esta es la cuestión, debido a la sobrecarga de trabajo del Servicio de Proyectos y Obras de la propia Consejería, se les encarga la corrección técnica (puntuación) de las ofertas técnicas que las empresas constructoras presentan a la licitación de las obras». Es ahí donde actúan de forma «peculiar», según el anónimo. «Ellos mismos confeccionan las ofertas técnicas para alguna empresa 'cliente' que posteriormente corrigen y puntúan, obteniendo, obviamente, esta empresa 'cliente' la mejor puntuación entre todas las presentadas al proceso de licitación. Es decir, son juez y parte».
El denunciante finalizaba su anónimo aportando las «tarifas económicas» que supuestamente cobran los dos técnicos de Gesvicán por los servicios prestados: 5.000 euros por elaboración de la oferta técnica, 7.000 por obtención de la máxima puntuación y 10.000 por adjudicación de la licitación.
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Los investigadores hilaron la denuncia con dos llamadas realizadas dos meses antes (el 29 de diciembre de 2022) por el jefe de Carreteras y cabecilla del 'caso Obras Públicas', Miguel Ángel Diez, al director general de Senor, Ricardo Fernández. En el transcurso de la conversación ambos denuncian los criterios subjetivos establecidos durante el proceso de criba de las empresas que se presentan a las licitaciones, mencionando expresamente a uno de los ingenieros de Gesvicán ahora está investigado.
El responsable de Senor se lamenta de la dificultad para conseguir un informe técnico favorable de Gesvicán, haciendo mención expresa a las supuestas tarifas que se cobran en la tramitación del proceso: «Técnica más calidad= 2.500. Si te pongo el primero, otros 2.000 más, y si eres adjudicatario, hay una variable que es la oferta económica, otros 5.000. En total, 9.500 euros».
Por tanto, y a tenor de lo expuesto, los investigadores creen que el técnico al que se refieren el funcionario y el responsable de Senor «dispensa un claro trato de favor hacia las empresas que se avienen a satisfacer las correspondientes 'mordidas' a cambio de conseguir una buena valoración técnica».
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Un tercer indicio corrobora, según los investigadores, tanto la denuncia anónima como el contenido de esa llamada entre Diez y Fernández. Se trata de unas hojas manuscritas de una agenda intervenida a Rucecan (sin que conste identificado el autor de dichas anotaciones) durante el registro que Vigilancia Aduanera y la UDEF realizaron el pasado 22 de febrero de 2023, en el marco del 'caso Obras Públicas'.
Esto fue precisamente lo que llevó al Gobierno de Cantabria, personado en la causa como acusación al entender que es perjudicado, a pedir el 13 de junio de 2023 al instructor que reabriera el caso (lo sobreseyó el 25 de mayo porque en ese momento no había indicios de delito).
Uno de esos documentos está encabezado por un título en el que aparece el nombre de uno de los dos técnicos de Gesvicán investigados y se hace referencia a unas licitaciones: las de 'La Matanza', 'Castillo-Pedroso' y 'Langre', que fueron ejecutadas por la UTE Rucecan-Senor.
En otras anotaciones de ese documento aparecen las siguientes cantidades: «Total técnica= 2.500 euros, dividido en dos partidas= 500 y 2.000 euros, Prima 1º en técnica= 2.000 euros y Prima adjudicataria= 5.000 euros». Según los investigadores, estas cifras coinciden de manera exacta con las referidas por el director general de Senor en su conversación con el jefe de Carreteras.
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El Servicio de Vigilancia Aduanera ha realizado un estudio patrimonial de los dos técnicos de Gesvicán, que abarca cinco años (desde 2018 a 2023), y ha detectado que ambos disminuyeron el uso de sus tarjetas de crédito como instrumento de pago, de lo que se desprende que aumentó el uso de dinero efectivo para afrontar sus gastos. Los investigadores consideran que ese menor uso de las tarjetas de crédito «podría indicar la existencia de dinero en efectivo de origen desconocido para efectuar pagos cotidianos». Además, entienden que ambos tienen tanto el «motivo» (económico), como la «oportunidad» (al ser ingenieros de Gesvicán), como los «medios» para favorecer a la mercantil Rucecan en detrimento de otras, a cambio de recibir una «contraprestación económica» a través de la encomienda de gestión del Gobierno de Cantabria, pudiendo emitir informes con valoraciones que la beneficien en la licitación de obra pública en la Consejería.
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Los investigadores han certificado la existencias de reuniones periódicas, en forma de comida, principalmente, entre los responsables de Rucecan y los dos técnicos de Gesvicán «sin justificación alguna» y en fechas próximas al acuerdo de inicio del expediente de licitación del 'Proyecto de mejora de la seguridad vial. Ejecución de la senda ciclable CA-131, Barreda-La Revilla (Puente de la Barca', adjudicada en 3,3 millones de euros.
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El análisis de las llamadas telefónicas de los dos técnicos «evidencia» un trato frecuente entre la empresa Rucecan. Durante el año en el que se han analizado las llamadas de los empleados de la empresa pública, Rucecan no tuvo ninguna adjudicación ni figura como licitador para ningún proyecto cuyo órgano de contratación era Gesvicán, «por lo que no se explica que estos técnicos pudieran mantener con tanta frecuencia conversaciones con empresas adjudicatarias de contratos del Gobierno de Cantabria». Uno de ellos realizó 641 llamadas en un año, casi dos al día, y el otro, 222.
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