Seis muertos en la crónica negra

El primer crimen que dejó el año 2021 fue el que costó la vida al joven de Colindres, de 18 años, Mario Fuentes, apuñalado en León. Con el fin del estado de alarma, los locales de hostelería de Castilla y León tenían la obligación de cerrar a medianoche, pero no había impedimento para estar en la calle en cualquier momento tras el levantamiento del toque de queda. En ese contexto, muchos jóvenes se echaron a la calle para continuar la fiesta haciendo botellón.

Sobre las 03.50 horas de ese día, en el descampado situado en la calle de El Encinar de León, se entabló una pelea entre un grupo de siete jóvenes, entre ellos Mario, y otro de cinco, entre ellos el autor confeso del crimen, Jorge Cervantes, en la que «se pegaron unos y otros». Uno de los amigos de Jorge golpeó con un objeto en la cabeza a un joven del otro grupo y este le respondió. Después, Jorge sacó la navaja que llevaba, salió corriendo detrás de Mario y se la clavó en el costado izquierdo, lo que le costó la vida.

El suceso consternó a los vecinos de Colindres que organizaron varias concentraciones de repulsa por lo sucedido y de apoyo a los padres de Mario.

Hace apenas un mes, la magistrada del Juzgado de Instrucción Nº 5 de León, Beatriz Serrano, acordó la transformación de las actuaciones en procedimiento ante el tribunal del jurado, ya que el delito que se imputa al encausado (en prisión provisional) es el de homicidio (doloso).

Daniel M., vecino de la calle La Gloria (La Albericia), recibió una puñalada mortal en el transcurso de un altercado en la madrugada del 27 de julio.

La Policía Nacional atendió varias llamadas que alertaban de la reyerta. A su llegada, los agentes encontraron tendida en el suelo a la víctima, inconsciente y aparentemente en estado muy grave, con varias lesiones. En concreto, en el costado izquierdo tenía una herida inciso-punzante de pequeñas dimensiones, así como otra de las mismas características en la zona izquierda abdominal y varias en la pierna izquierda. Los servicios sanitarios trasladaron al herido a Urgencias del Hospital Valdecilla, donde falleció pocas horas después.

Junto a este hombre se encontraba su hermano, que también presentaba una herida incisocortante en la zona lumbar izquierda, de la que fue asistido por los servicios médicos y trasladado al mismo hospital. Este último relató a los agentes que los agresores eran dos hombres, hecho que los policías pudieron verificar al contrastar la información con el resto de testigos presenciales. El Grupo Tercero de la Brigada de Policía Judicial identificó a los presuntos autores, que fueron detenidos el 30 de agosto. Los agresores, de 45 y 31 años, responden a las iniciales J. J. S. y F. S. G. Ambos cuentan con antecedentes y fueron puestos a disposición judicial, decretando el juez el ingreso en prisión de J. J. S.

La Policía Nacional detuvo en la noche del 6 de octubre a un hombre que supuestamente acuchilló hasta la muerte a su madre de 80 años en la vivienda familiar, en la calle Calvo Sotelo de Santander. El supuesto parricida, con las iniciales R. L. M. y de mediana edad, pudo haber sufrido «un brote psicótico», según señalaron entonces fuentes policiales.

Fue a las 22.30 horas cuando la Policía Nacional recibió la llamada de una vecina que había escuchado fuertes golpes y gritos en una de las viviendas de su edificio, situada en el séptimo piso del número 6 de Calvo Sotelo, justo frente a la plaza del Ayuntamiento de Santander. El hombre estaba «fuera de sí», y llegó a destrozar los cristales de la ventana de la cocina de su casa, lanzando objetos al patio interior. Un teléfono móvil y lo que parecían partes de una freidora se veían por la mañana esparcidos por el suelo.

Al llegar al domicilio, los agentes encontraron el cadáver de la mujer de 80 años, Pilar Moreu, una enfermera jubilada que estaba entregada a diversas causas sociales; y detuvieron a su hijo Rafael, que se encontraba también en la vivienda, como presunto autor de los hechos, y que debido a su estado de alteración acabó siendo trasladado a Valdecilla con escolta policial. El 061 desplazó una UVI móvil al lugar, pero los sanitarios sólo pudieron confirmar el fallecimiento de la mujer. Los médicos también atendieron al hijo.

El pasado 16 de noviembre, Ramón P. D. S., de 38 años de edad, acudió a la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Santander, en La Albericia, para confesar que había matado a cuchilladas a su compañero de piso, con el que residía en un bloque de la calle José Rioja, esquina con General Dávila.

Según sus vecinos, el presunto homicida era «conflictivo» y vivía con la víctima en la primera planta de este edificio de Protección Oficial reservado para viviendas sociales para los desalojados de Prado San Roque –cuando se anunció la construcción de un ascensor–. El resto de los residentes las compraron en propiedad en 2015 tras ser sorteadas un año antes. Como consecuencia de este crimen, los vecinos del inmueble en el que se produjo el homicidio, mantuvieron un encuentro para poner en común su preocupación ante la creciente inseguridad detectada no sólo en su edificio sino también en sus alrededores – donde están ubicados un colegio y un centro cívico– y trasladarla a las autoridades a fin de que tomasen nota. Una inseguridad que la mayoría de ellos dijo haber percibido durante estos últimos tiempos y que estarían alimentando los constantes episodios delictivos que se vienen observando en la zona y sus inmediaciones.

Por su parte, el Juzgado Número 3 de Santander acordó el secreto de sumario y, tras tomar declaración al detenido, decretó su ingreso en prisión.

Eva Jaular Montes, una mujer de 40 años, y su bebé, de tan solo once meses de edad, fueron halladas el pasado 17 de diciembre asesinadas en el corral de su casa de Liaño de Villaescusa, bajo la lona de una piscina hinchable. Minutos después de localizar ambos cuerpos, la Guardia Civil detenía a su expareja y padre de la niña, Jose Reñones Calvo, de 43 años, como sospechoso de haber cometido el doble crimen. El hombre tenía desde el pasado 6 de noviembre una orden de alejamiento de su expareja dictada por el juzgado de violencia de género de Santander, mandato que había incumplido el día anterior al personarse en el domicilio de las fallecidas hasta en dos ocasiones, según el relato que ofrecieron los vecinos.

Durante su estancia en dependencias policiales, el detenido negó la autoría del crimen y una vez que pasó a disposición judicial se acogió a su derecho a no declarar.

La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Santander, María Fernanda Figueroa, lo envió a prisión comunicada y sin fianza; e informó también del levantamiento del secreto de sumario de las investigaciones.

El detenido se enfrenta a dos presuntos delitos de homicidio y otro de quebrantamiento de orden de alejamiento.

Los investigadores siguen practicando diligencias para esclarecer un crimen que consternó a toda la sociedad cántabra.

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