Una de cada seis mujeres que denuncian violencia de género no declara contra su agresor

El CGPJ elabora este estudio a partir de los datos de los boletines trimestrales recogidos en los juzgados de violencia, de instrucción y primera instancia, de lo penal, de menores y de las audiencias provinciales. En Cantabria, el 53,9% de las denuncias registradas (635) fueron presentadas por la propia víctima, el 21,9% por los servicios sociales, el 18,4% lo hizo la policía, el 3,3% fue gracias a los partes de lesiones remitidos a los juzgados por los sanitarios y el 2,5% a través de los familiares.

Los expertos siempre han hablado de lo difícil que es para las mujeres dar el paso y denunciar al agresor. De ahí se entiende que una de cada seis en Cantabria decidiera rehusar a testificar en el juicio. Los datos son contundentes. De las 473 mujeres españolas y 153 extranjeras que fueron citadas (626, en total), 104 no declararon. 74 de ellas eran de nacionalidad española y 30 de nacionalidad extranjera. Aquí el CGPJ hace un inciso. Antes el informe recogía la cifra de renuncias, ahora en cambio lo hace de las mujeres que deciden acogerse «a la dispensa a la obligación legal de declarar». Y lo hace, explica, «porque se trata de un parámetro más acorde a la realidad», ya que, en el caso de que una mujer decida no enfrentarse al hecho de testificar en sede judicial, «la Fiscalía siempre actúa de oficio, por lo que la renuncia de la víctima no lleva aparejada obligatoriamente la finalización del proceso judicial».

La magnitud del problema de la violencia de género en Cantabria se explica por el crecimiento continuado en el tiempo del número de casos. Los órganos judiciales de la comunidad acogieron entre septiembre y diciembre un total de 635 denuncias, lo que representa un aumento de casi el 10% con respecto al año anterior. De media, son unas siete diarias. De ellas, 626 fueron de mujeres, un 13% más que en 2022, donde se registraron 554. En cambio, las denuncias en menores tutelados se redujeron en el cómputo anual de 11 a solo dos.

Otro baremo para evaluar el alcance es comparando la violencia de género con la del resto de comunidades. La tasa de mujeres víctimas por cada 10.000 se situó en Cantabria en 20,6, ocho décimas menos que la media nacional. A la cabeza de las autonomías se situaron Baleares (36,8) y Comunidad Valenciana (29,7%). Cerraron el ranking Galicia (13,3%), Castilla y León (13,9%) y País Vasco (15%). Los jueces cántabros encargados de la violencia sobre la mujer acordaron en el tercer trimestre del año pasado 78 órdenes de protección de las 125 solicitadas, un 62%. Los juzgados de guardia, por su parte, decretaron 29 órdenes de las 34 solicitadas.

El informe del Observatorio recoge que entre julio y septiembre 193 personas fueron enjuiciadas en Cantabria por violencia de género. El 79% acabaron condenadas. Del total, 100 hombres se sentaron en el banquillo y 89 acabaron condenados. El Juzgado de lo Penal número 5, encargado de los delitos menos graves, juzgó a 93 varones y 64 resultaron condenados. Por contra, ni la Sección Tercera de la Audiencia Provincial ni el Juzgado de Menores, encargados de llevar los delitos más graves, celebraron ninguna vista.

La estadística del CGPJ es profusa. También incluye, por ejemplo, el número de las suspensiones de guarda y custodia –10, en total– y del régimen de visitas para proteger a los menores –solo dos–. Entre julio y septiembre, los distintos órganos judiciales acordaron 78 órdenes y medidas de protección (el 62% de las solicitadas). Estas se tradujeron en 208 medidas judiciales encaminadas tanto a la protección de mujeres como de menores. Las más frecuentes fueron el alejamiento de la víctima (77), seguidas de la prohibición de la comunicación (46) y la suspensión de la tenencia de armas (29). En la mayoría de los casos en los que se solicitó algún tipo de medida, las mujeres eran españolas y mayores de edad y en otras 33 solicitudes se trataba de mujeres extranjeras. En cuanto a los hombres denunciados, 93 fueron españoles y 32 extranjeros.

Si se compara la relación entre el denunciante y la víctima en el momento de la presunta agresión, 21 eran matrimonios, 13 lo habían sido, en 38 había existido una relación afectiva y en 53 la relación se había roto.