Seis sindicatos concurren el 1 de diciembre a las elecciones en Educación

Aunque coinciden en algunas propuestas, las aspiraciones representativas de los sindicatos son distintas. STEC parte como favorito tras ganar las elecciones en las últimas seis convocatorias. En 2018 logró 13 delegados, y, según explica Belén González, con una trayectoria educativa de más de tres décadas y al frente de una candidatura que aspira a revalidar el triunfo, los resultados son fruto de una acción de cercanía con los compañeros. «Nuestra política es estar lo más cerca posible de los centros».

ANPE obtuvo el segundo mejor resultado hace cuatro años:diez delegados. Quiere incrementarlos y disputarle el liderazgo a STEC gracias a un trabajo basado, igualmente, en el contacto permanente con los colegios e institutos. «Visitamos todos los centros una vez al trimestre para estar al día», dice Rus Trueba, titulada en Historia y Musicología y presidenta del sindicato.

En tercera puesto está ahora el sindicato TÚ, que se estrenó en la Junta en 2018 con cuatro delegados. Marta Trujillano cree que la clave de su organización pasa por no hacer campañas electorales al uso, sino por ejercer una representación sindical distinta. CC OO y UGT, empatados a tres, confían por su parte en elevar su representatividad, «mejorar sus resultados» y hacer valer en Cantabria el peso de sus federaciones educativas nivel nacional. Y con dos delegados en la Junta, pero sin representación en la Mesa Sectorial de Educación, CSIF también quiere ganar músculo.

Cerca de 8.900 personas de 237 centros educativos están llamadas a votar el 1-D. S in o han votado por correo, podrán hacerlo entre las 9.00 y las 18.00 horas en alguna de las 38 mesas habilitadas a tal efecto. Disponen de dos horas para ejercer su derecho al voto, y entra dentro de la autonomía de los centros la organización de los tiempos para hacerlo.

'La fuerza de la pública', el lema de STEC, tiene doble lectura. «Quiere decir que STECencarna esa fuerza y que además vamos a seguir defendiendo una escuela pública, gratuita, de calidad, laica, feminista, inclusiva y que potencie la escuela rural para evitar el despoblamiento», resume Belén González, al frente de la candidatura. Esa defensa pasa por la «reducción de los conciertos» con los centros privados –es «el momento»– y por la protección de los derechos de los docentes. «Es fundamental una nueva mejora salarial y negociar una adecuación retributiva», dado que la última, de 2008, la truncaron los grandes recortes que trajo la crisis económica. A esto hay que añadir medidas como la reducción de la jornada lectiva para docentes mayores de 55 años o el reconocimiento de los meses de verano a los interinos que cubren sustituciones. La reducción de las ratios es otro caballo de batalla de STEC, que pide aprovechar la nueva realidad demográfica, marcada por la caída de la natalidad, para «mejorar la calidad de la enseñanza y evitar la pérdida de puestos de trabajo». El camino iniciado por la Consejería en Infantil y Primaria es adecuado «pero insuficiente». Sobre la estabilización, STECno renuncia al llamamiento presencial al inicio del concurso de méritos para proteger a los interinos cántabros. «Seguiremos luchando hasta el final», le dice a la Consejería, a la que le pide, además, «un proyecto político que apueste por la escuela pública».

Con ánimo de liderar la Junta, ANPE presenta un programa que defiende «la escuela pública, la enseñanza de calidad» y una reducción «más ambiciosa» de las ratios. El sindicato lleva por bandera la derogación de la ley 2/2012, desplegada en Cantabria por el PP cuando gobernó en tiempos de crisis y que «dejó sin efecto todos los acuerdos logrados en materia educativa. Todos». La ley elevó las ratios, las horas lectivas o las deducciones de la nómina en caso de baja, y aún mantiene «flecos» vigentes. Con acuerdos en suspenso como la reducción de la jornada lectiva para mayores de 55 años, ANPE pide al PRC que derogue la normativa.

A nivel nacional, ANPE pide una equiparación salarial, la revisión anual de los sueldos en función del IPC o la recuperación del poder adquisitivo. En Cantabria, la meta del equipo de Trueba, docente ligada al sindicato desde 2004, es «abordar el aumento retributivo y de complementos» sin olvidar la «cantidad adeudada» de 30 euros mensuales por el complemento específico que truncó la ley 2/2012.

La Lomloe, por otro lado, ahoga en burocracia a los docentes. Si el profesorado estaba ya «desbordado», la ley les ha dado el golpe de gracia. Se necesitan más formación y orientación para aplicarla. «Hay bastante confusión y no hay criterio uniforme en la administración». Y en estabilización, lo óptimo hubiera sido eliminar la tasa de reposición «obligando a las comunidades a sacar el máximo número de plazas» posible. ANPE defiende un sistema de acceso con más garantías y que puntué toda la experiencia.

Nosotros lo hemos hecho al revés. Esta vez no llevamos un programa electoral con propuestas. Lo que hemos hecho es pedir la opinión a la gente. Hemos mandado un cheque en blanco a cada docente para que ellos nos escriban lo que quieren hacer», asegura Marta Trujillano, al frente de la candidatura del TÚ, actualmente el tercer sindicato más representado de la Junta con cuatro delegados, que esperan, como mínimo, revalidar. Trujillano, que empezó su carrera educativa en el año 2006, entiende que las respuestas que les irá enviando el profesorado tendrán que ver con la aplicación de la Lomloe, con las ratios de alumnos por clase, la integración del personal de FP o las condiciones de trabajo.

Sobre la puesta en marcha de la nueva ley educativa, la candidata, indica que «los tiempos no se están cumpliendo y los docentes no tienen formación para ponerla en práctica. En definitiva, les han impuesto una ley y nos les han dicho cómo aplicarla». «Los docentes están ahogados en papeleo y lo que quieren es dar clase y estar pendientes del alumnado». El sistema, añade, arrastra deficiencias. «Consideramos que debería haber mucha más inversión en educación».

En cuanto a la organización temporal de los procesos de estabilización y reposición acordada hace días por la Consejería y los sindicatos, el sindicato TÚ la defiendecomo propia: era «la menos lesiva» ya que evita el «efecto llamada» de los interinos de comunidades cercanas. El sindicato ha impugnada el proceso de estabilización al completo. «No beneficia a nadie».

El «amplio» equipo que encabeza Conchi Sánchez, ligada al ámbito educativo de 2003, encara estas elecciones con el objetivo de superar los tres delegados que tiene actualmente –el «suelo de la representación»– y de hacer valer en Cantabria el peso representativo de la Federación de la Enseñanza de CC OO a nivel estatal, donde son mayoría. Así podrán ser mejor altavoz de las propuestas que llevan en su candidatura y que pasan por «devolver la democracia y la participación a los claustros de los centros educativos» y «dar más peso» a la Junta de Personal. La situación, lamenta Sánchez, es anómala: «Se han perdido el diálogo, el debate y el liderazgo pedagógico, y hay que recuperarlo».

A esto hay que sumar la «bajada de las ratios y de las horas lectivas», medidas que deben vincularse a un modelo educativo basado en la atención a la diversidad y a las necesidades del alumnado. «No se trata de crear más plantilla de forma arbitraria, en función de las afinidades de los equipos directivos» o de los «signos» de las Alcaldías, sino que se trata de que el crecimiento sea «sostenible». Hay, además, que rejuvenecer las plantillas con jubilaciones anticipadas y gratificadas a los 60 años y con la reducción de horas lectivas para los docentes mayores de 55.

En reposición y estabilización, CCOO aboga por «eliminar la tasa de reposición» de efectivos y también por hacer emerger «todas las plazas estructurales» que precisa la comunidad, unas 1.400. «No somos partidarios del concurso. Además de que afloren las plazas, debemos irnos al concurso oposición simplificado».

UGT se presenta con una batería de propuestas con la que aspira a superar sus tres delegados en la Junta. La 'jornada 4+1' es una de sus medidas distintivas. Comenzaría con una reducción de las ratios y las horas lectivas (de 18 en Infantil y Primaria, y de 15 en Secundaria) que llevaría a una organización «distinta» de los centros, expone Cristina Otero, candidata con una larga trayectoria sindical. La reorganización daría pie a la 'jornada 4+1', con cuatro días lectivos y uno para formación, innovación o coordinación educativa en el que «las tareas burocráticas indispensables» se puedan ejecutar con holgura.

En relación a lo anterior, UGT exige la reducción de las tareas burocráticas que pesa sobre el profesorado. Piden la jubilación voluntaria a partir de los 60 años y «hacer efectiva» la conciliación laboral y familiar de los docentes reservando el 5% de la jornada a tal efecto. Y hay otra cuestión «importantísima»: es preciso reforzar el servicio médico de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería porque ahora hay un único equipo para más de 8.000 docentes. «Y así es imposible».

En relacióna a la estabilización de interinos, UGT lamenta el «desaguisado» actual con en el que «no conseguimos reducir al 8% la interinidad» dado que ha habido plazas, como las perfiladas, sin convocar. Otero cree que la administración cántabra ha tenido «poco liderazgo» y ha generado «falsas expectativas» a los interinos con la posibilidad de realizar un acto presencial en el concurso de méritos cuando los servicios jurídicos del estado no lo veían claro.

El deseo del equipo de Henar Arguiñarena es entrar en la Mesa Sectorial –tienen dos delegados en la Junta, pero no en ese foro de negociación–. «Podemos tener una voz significativa», dice la candidata de CSIF.

¿Qué propuestas despliega el sindicato? «Hace falta un pacto de estado por la educación que se traduzca en una ley que permanezca. No puede ser que con cada gobierno cambie la ley. Las leyes educativas tienen que ser a largo plazo para que se asienten y funcionen», defiende Arguiñarena. Estos cambios, además, cronifican el «problema de burocracia» que sufren los docentes y que «no les dejan centrarse en el alumnado».

CSIF tambiénpropone una ley de función pública docente– «somos cuerpos nacionales»– que dote de una regulación común al profesorado en asuntos como sueldos, permisos, complementos... «Hay grandes diferencias entre unas comunidades y otras, y en Cantabria, aunque no somos de las que peor estamos, ¿por qué no se nos remunera por ejemplo la función tutorial?». Extender la bajada de las ratios y dotar a los centros con más orientadores son otras medidas que plantea CSIF.

En estabilización, Arguiñarena lamenta que el Gobierno central no se haya preocupado por reducir la interinidad hasta que Europa ha tocado a su puerta y, además, que el Ministerio no haya coordinado el proceso. «Tiene mérito hacer algo que no conforme a nadie. Es una chapuza. Lo deseable hubiera sido una gran convocatoria de oposiciones con procesos facilitadores similares al periodo transitorio 2007-2010».