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Pablo Zuloaga dijo que su partido iba a reclamar al Estado «por todas las vías posibles» el pago de la deuda del IVA con Cantabria. Pero parece que el Senado no forma parte de la lista. El PSOE y ERC han rechazado en el Senado una moción del PP en la que se pedía abonar de manera inmediata la deuda pendiente del IVA de 2017 a comunidades autónomas y ayuntamientos, cuyo importe cifra el grupo popular en 3.500 millones de euros.
En ese grupo se encuentra la senadora cántabra Isabel Fernández, representante del Partido Socialista regional. El mismo que este lunes, en el Parlamento cántabro se sumaba a la reclamación unánime de los 42 millones de euros que el estado adeuda a la comunidad, pese a que la ministra de Hacienda ya ha avisado de que ese dinero no se pagará y se compensará con la rebaja del déficit.
A pesar de que este lunes tanto socialistas como regionalistas hicieron un esfuerzo por mostrar unidad de discurso en el Parlamento, durante el fin de semana este asunto generó un nuevo desencuentro entre los dos socios del bipartito. Después de que la consejera de Economía estuviera de acuerdo con la medida compensatoria del Estado, Revilla aseguró que no aceptaría «de ninguna manera» cambiar los 42 millones por más déficit. Ejemplo del enfado son expresiones como «la disciplina de partido del PSOE no puede estar por encima de los intereses de Cantabria; la consejera debía exigir el pago» o «El Estado sustituye una deuda por un crédito que tenemos que pagar nosotros. Es una chapuza».
El PSOE cántabro corrigió a su propia consejera en el Parlamento y aprobó, junto al resto de partidos, exigir al Estado el pago del IVA. Sin embargo, hoy mismo su senadora en Madrid ha rechazado que se embolse el dinero a la región.
El debate de la moción ha escenificado en el Senado los reproches mutuos entre el PP, que responsabiliza al Gobierno por no querer afrontar este problema, y el PSOE, que culpa al último Ejecutivo popular del impago del IVA derivado del cambio normativo de este impuesto que en 2017 promovió el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro.
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Los populares han recabado el respaldo de Ciudadanos, Vox, UPN, e incluso de Junts per Catalunya, reuniendo 112 votos favorables frente a los 126 negativos de socialistas, ERC y PAR, mientras la Izquierda Confederal y el PNV han preferido abstenerse.
La senadora del grupo popular Elena Muñoz ha defendido el abono inmediato del IVA adeudado a los entes territoriales por la anómala liquidación del año 2017 como algo «vital» para comunidades y ayuntamientos, que no pueden dedicar esos recursos a prestar servicios esenciales como los sanitarios o educativos.
Ha recriminado al Gobierno que se esté «enriqueciendo injustamente» con el dinero de las autonomías a las que «no le importa empobrecer» y ha rechazado los «timos» planteados como solución por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al autorizarles un mayor endeudamiento o darles préstamos a tipo cero.
Muñoz ha asegurado que el PSOE «falta a la verdad» cuando dice que fue Montoro quien creó este problema y ha recordado que el Gobierno del PP estaba dispuesto a tomar medidas para resolver el asunto al liquidar en 2019 la contabilidad de 2017, pero no pudo hacerlo porque para entonces ya era el PSOE quien gobernaba.
«Ese dinero -ha enfatizado- está en la caja del Estado; lo han cobrado y no quieren dárselo a sus legítimos dueños, que son las comunidades autónomas, porque les vienen muy bien 3.500 millones«.
Frente a estos argumentos, el socialista Miguel Ángel Heredia ha defendido el modo en que el Ejecutivo aborda este problema, que ha descrito como una «chapuza» de Cristóbal Montoro que el PP «se negó» a resolver y que no afloró hasta que en junio de 2018 el PSOE se hizo con el Gobierno tras la moción de censura contra Mariano Rajoy.
A su juicio, pedir ahora la devolución de esos fondos es «extemporáneo» porque el ejercicio de 2017 ya se liquidó en 2019 y a efectos de contabilidad nacional no se puede acometer el pago.
Heredia ha valorado las medidas para mitigar ese desfase del IVA promovidas en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) y ha remarcado que por esta cuestión no han sufrido «menoscabo» las comunidades autónomas porque «no han reducido sus gastos».
Sus argumentos han sido compartidos, desde la Izquierda Plural, por la senadora de Adelante Andalucía Pilar González, quien ha reprobado el «retruécano» del PP, ya que «los causantes de un problema vienen a proponer una solución para que la ejecuten otros porque ellos no la resolvieron cuando tuvieron oportunidad«. No obstante, se ha abstenido al votar.
Desde el punto de vista contrario, Francisco José Carrillo, de Ciudadanos, ha recordado que hace sólo dos años la ministra Montero, cuando era consejera andaluza de Hacienda, calificaba de «sectario y demagogo» a Cristóbal Montoro por no querer pagar el IVA de 2017.
También ha respaldado la iniciativa la formación independentista Junts per Catalunya, cuyo portavoz, Josep Lluís Cleries, pese a censurar al PP por presentar una moción sobre un problema «que han generado ellos», ha sostenido que es preciso «pagar a cada comunidad lo que es suyo», como es el caso del IVA.
Desde ERC, Jordi Martí ha criticado por «disfuncional» el actual sistema de financiación autonómica, cuestión que ha planeado en muchas intervenciones de los portavoces.
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Ha considerado que la deuda «tiene que pagarse» y ha dicho que las medidas planteadas por el Gobierno no son más que una «huida hacia adelante», pese a lo cual su grupo ha votado en contra, al igual que los socialistas, para tumbar la moción del grupo popular.
El Consejo de Política Fiscal celebrado el viernes 7 de febrero, además de presentar la nueva senda de estabilidad a las comunidades autónomas, tenía que tratar de solventar el conflicto con éstas a cuenta del IVA de 2017 que por valor de 2.500 millones de euros continúan reclamando. Y, decidida como está a no pagarlo después de que, según argumenta, se perdiera la oportunidad de hacerlo vía Presupuestos el año pasado, terminó vinculando una cosa con la otra: ofreció una senda más benévola de déficit para tratar de aplacar las demandas de las autonomías. También propuso que, a efectos de evaluación del cumplimiento del objetivo de déficit en el año 2019, se descontará el impacto del IVA no cobrado de 2017, así como financiación adicional del FLA con un interés del 0%.
En la votación de la senda de déficit se terminó cumpliendo la disciplina de partido: los consejeros de las autonomías socialistas o con Gobiernos de coalición con el PSOE presente, como Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, La Rioja, Navarra o Comunidad Valenciana, votaron a favor, así como el cántabro y el de Melilla. Otras seis comunidades votaron en contra, las que se encuentran en manos del PP, como Andalucía, Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid, Murcia y Ceuta.
Cataluña no participó en la votación puesto que a la reunión no acudió Pere Aragonés, el consejero de Economía y Hacienda, sino la secretaria de Economía, Natàlia Mas, que no tenía derecho al voto. Y País Vasco no mandó representante.
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