Los senadores cántabros creen que el 155 «devolverá la legalidad a Cataluña»

Todos ellos ratificarán con sus votos la decisión del Ejecutivo central, aunque ninguno formará parte de la nueva comisión constituida en la Cámara Alta y que empezará a tramitar hoy la medidas respecto a Cataluña. La comisión dará un plazo de respuesta al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que formule las alegaciones que considere oportunas. Desde el Gobierno de la Generalitat tienen previsto responder al anuncio de Rajoy en el Pleno del próximo jueves en el Parlament. «De la respuesta de la Generalitat te puedes esperar cualquier cosa. Se ha hablado hasta de proclamar la independencia», explica Merino.

«Lo que a mí me gustaría es que Carles Puigdemont nos reconociese explícitamente a todos los españoles que en Cataluña no se ha proclamado la independencia. Lamentablemente no creo que esto suceda», puntualiza Del Corral.

Los senadores de Cantabria se muestran de acuerdo en que la aplicación del artículo 155 llevaría a Cataluña a un futuro escenario de elecciones, lógicamente debido al cese del Gobierno de la Generalitat. «El 155 no incluye necesariamente unas elecciones, pero el paquete de medidas por parte del Gobierno sí lo incorpora. A la vista de las nuevas circunstancias, el camino más lógico y razonable es la celebración de unos comicios que se desarrollen dentro del marco de la legalidad», apunta Fernández.

«Esperemos que todo el proceso se desarrolle con la máxima tranquilidad y de la forma más serena y sensata posible, pero habrá que ver cómo transcurren los acontecimientos en el día a día. En este sentido, el objetivo primordial del Gobierno es restablecer los intereses generales de los españoles y catalanes», completa Martínez.

Por su parte, el senador del PSOE y diputado del Parlamento de Cantabria reconoce que hasta ahora el artículo 155 no se ha aplicado nunca, por lo que los políticos se mueven en un terreno innato en el que pueden plantearse varios escenarios. Sin embargo, asegura que «nosotros los socialistas entendemos que el 155 se debe aplicar con la máxima mesura posible, pero con la menor duración en el tiempo. Interpretamos que la soberanía debe ser devuelta al pueblo catalán lo antes posible»

Los miembros cántabros de la Cámara Alta ratifican la decisión del Gobierno central como una medida «necesaria», aunque «excepcional», que deriva del incumplimiento de las normas y legalidades que durante los últimos meses ha quebrantado el Gobierno de la Generalitat.

«No hay demasiados motivos para el optimismo, estamos viendo a las autoridades de Cataluña que prácticamente se están declarando en rebeldía respecto a la Constitución, al Estatuto de Cataluña y a la legislación vigente. Lo que a la mayoría de los españoles nos gustaría es que se volviera a la legalidad de la forma más factible y en este sentido con un movimiento de la Generalitat», declara el antiguo Consejero de Medio Ambiente y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, Javier Fernández.

«Ha quedado constatado que en todo este tiempo no ha habido posibilidad de diálogo y que el Gobierno de Puigdemont siempre ha buscado la independencia. Lo que han pretendido es hacer ruido, la movilización de una fuerza independentista minoritaria y ruidosa que no representa el total de los catalanes», puntualiza Merino.

Desde el Gobierno central se ha insistido en que las autoridades de Cataluña han operado durante los últimos meses fuera de toda legalidad. «El Estado de las Autonomías ha funcionado bien, salvo que ha existido en este caso, por parte de los responsables del Gobierno catalán, una deslealtad con el propio modelo autonómico», asegura Fernández. «Lo que hemos presenciado en Cataluña es una respuesta constitucional ante el desafío soberanista basado en un referéndum desprovisto de cualquier base de garantía o legalidad», completa Del Corral.

En el caso de que en un futuro próximo se plantee una reforma constitucional como demandan grupos como el PSOE, Fernández asegura que «después de cuarenta años quizá sea el momento de una reforma, pero para ello hay que saber muy bien lo que se quiere conseguir y respetar los valores que se dieron a la antigua Constitución».

En el mismo sentido que su compañero de partido, Merino declara que «las reformas legales tienen que ir ligadas a las demandas de la sociedad y de la ciudadanía del momento. Estoy a favor de una reforma pero que se haga con el consenso de todos los grupos parlamentarios».