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La semana pasada, la presidenta de Cantabria envió una carta a Pedro Sánchez. Cinco párrafos en los que María José Sáenz de Buruaga mostraba una vez más su desacuerdo con la ley de amnistía y los pactos del PSOE con sus socios que, a juicio de la líder popular, convertirán a los cántabros en ciudadanos de segunda. Pedía una Conferencia de Presidentes para tratar esos asuntos y reclamaba la convocatoria de elecciones generales. Más allá de citar el riesgo de que la comunidad pierda su posición privilegiada en el reparto del dinero con el actual modelo de financiación autonómica, Buruaga no hacía referencia a ninguna de las reivindicaciones de la región al Estado. Algunas las ha ido desgranando desde que tomó posesión, aunque no las ha podido trasladar a los ministerios porque afirma que en cada intento se ha dado «contra un muro».
La mejora de las Cercanías, la alta velocidad, la estación intermodal de La Pasiega, la terminación de la obra del nudo de continuidad de Torrelavega... La lista completa, la que la jefa del Ejecutivo regional enviará a Sánchez –ha esperado a que se forme el nuevo Gobierno– y después llevará a una próxima reunión todavía por agendar en La Moncloa, aún no la ha desvelado. No se conoce cuál será el 'papeluco' de Buruaga, aunque hay asuntos obligados. Aquí van algunos ejemplos.
De las obras en marcha hay una de cal y otra de arena. Pese al trastorno a los vehículos que se mueven por la zona, las obras del desfiladero de La Hermida se están realizando conforme al cronograma previsto. Todo lo contrario que el nudo de continuidad de Torrelavega, que acumula retrasos y cuyos trabajos afectan cada día a los usuarios. La reclamación del Gobierno de Cantabria aquí es clara: acelerar el ritmo para que ese nuevo tramo se pueda inaugurar cuanto antes ahora que queda claro que los plazos de ejecución están ya más que incumplidos.
En cuanto a la creación del tercer carril de la A-67 entre Santander y Torrelavega, la promesa es que las obras empiecen en los primeros meses de 2024. Y si Buruaga quiere ir un poco más allá podría reclamar a Pedro Sánchez avances en el proyecto del tercer carril de la A-8 entre Solares y el límite con Vizcaya, una actuación que aún está por perfilar. En la conversación seguro que sale el tema de la A-73, la autovía entre Aguilar de Campoo y Burgos que, aunque no transcurre por tierras cántabras, es una reivindicación histórica del PP. Se han abierto ya tres de los siete tramos y hay otro más en obras, pero su apertura total sería un gran avance –el ahorro será de 33 kilómetros y 20 minutos– para acercar un poco más Madrid.
El Plan de Cercanías para traer por fin al siglo XXI un servicio claramente deficiente, dotado con 1.300 millones de euros, se concretó la pasada legislatura. Ya hay obras en marcha, aunque por el momento cuesta ver resultados. El Gobierno de Cantabria, por ahora, ha dado un voto de confianza a Adif y Renfe –esta empresa pública es la que vigila el contrato de los 21 nuevos trenes tras el chasco de los túneles–, aunque afirma que en el momento en el que no se cumpla el calendario será muy beligerante. El Estado ha nombrado un comisionado para hacer seguimiento de las actuaciones en Cantabria y Asturias –también tiene su propio plan– y la relación es buena. La duda en Peña Herbosa es si habrá dinero para las Cercanías de estas dos autonomías después de la cascada de compromisos que el PSOE ha firmado con sus socios para lograr la investidura.
Hay otros dos temas relevantes en materia ferroviaria. Primero el AVE a la Meseta, que aparentemente y después de muchas esperas avanza con trabajos sobre el terreno en los tramos palentinos. Adif tiene pendiente licitar el trayecto Alar del Rey-Reinosa. Ya tiene todos los parabienes ambientales y administrativos, pero no hay fecha. Y segundo, el tren rápido a Bilbao, cuyo proyecto de alternativas fue presentado hace 18 meses y desde entonces no hay noticias. Se supone que el Ministerio tenía que decantarse por una de las seis opciones del anteproyecto, pero por ahora nada de nada.
El Gobierno central no tenía obligación de colaborar económicamente en las obras de La Pasiega y la nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (Mupac). No estaba obligado, pero lo hizo, fruto de los acuerdos entre PSOE y PRC, con aportaciones directas en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 y 2023. La duda ahora es saber si, en esta nueva legislatura, volverá a haber partidas finalistas en las Cuentas de 2024. Si se sigue la tónica de los años anteriores, deberían aparecer 11 millones para cada proyecto.
El discurso de Buruaga es idéntico al de Revilla en este ámbito. Sin la estación intermodal, el centro logístico de La Pasiega se quedará en un polígono industrial de grandes dimensiones y no será el motor industrial que Cantabria ansía. El Ministerio de Transportes tiene desde verano –llegó tarde, pero ya lo tienen– el estudio de viabilidad técnica y económica de esta infraestructura, pero en Madrid no confirman las conclusiones, lo que ha hecho saltar las alarmas. Si no hay sorpresas desagradables, será Adif quien realice esta obra, mientras que el resto del centro logístico corre a cargo del Gobierno regional.
Posiblemente será el gran tema de la legislatura no para Cantabria, sino para todas las autonomías. Eso sí, en la negociación del nuevo modelo de financiación –el actual data de la etapa de Zapatero y lleva una década caducado–, Cantabria es la que más se juega porque es el territorio que ahora mismo tiene unos ingresos más altos por habitantes. Lo más seguro es que cualquier cambio sea a peor. Aunque Sánchez mantiene que se aplicará para el reparto una fórmula de población ajustada (que sí beneficiaría a Cantabria porque contaría con criterios como la orografía y el envejecimiento, no solo la población), sus socios catalanes reclaman todo lo contrario.
Algunas propuestas para la lista de reivindicaciones al estado
Gema Igual, alcaldesa de Santander. 1. Conexiones adecuadas con Madrid y España, tanto de alta velocidad como con la A-73. 2. Agilizar la integración ferroviaria de la ciudad, cesión gratuita de La Remonta y rehabilitar el Palacete de Cortiguera. 3. Reclamar el mantenimiento de las playas y una solución para el edificio Rema y la Horadada.
Javier López Estrada, alcalde de Torrelavega 1. Defender el actual modelo de financiación autonómica.
Enrique Conde, presidente de CEOE-Cepyme Cantabria 1. Igualdad de trato económico a las empresas y todos los territorios, equidad fiscal y rigor en las cuentas, además de respeto a los empresarios. 2. Autonomía para los agentes sociales para negociar y seguridad jurídica en las normas. 3. Infraestructuras (estación intermodal, integración en el corredor Atlántico, tren a Bilbao y obras del Puerto).4. Reducción de costes económicos, apoyo a sectores estratégicos como las electrointensivas y respaldo a proyectos verdes como Aguayo.
César Díaz, presidente de la Autoridad Portuaria 1. Creación de la estación ferroviaria de La Pasiega. 2. Mayor operatividad en la terminal de Muriedas y apartaderos en Muriedas y Mataporquera. 3. Avance de las obras del AVE a Madrid
Javier Camino, presidente de la Federación de Municipios 1. Que deje de enfrentar a unos españoles contra otros. 2. Igualdad de trato a Cantabria respecto a otras regiones en el desarrollo de infraestructuras y en financiación.3. Autorización para que los ayuntamientos puedan seguir usando los remanentes.4. Que deje de asfixiar a los ganaderos y cambie el estatus de protección del lobo.
Manuel Ángel Castañeda, Foramontanos Siglo XXI 1. Que los cántabros no pasemos a ser ciudadanos de segunda clase a nivel de inversiones, derechos y presencia institucional en España.2. Infraestructuras ferroviarias para acabar con la vergonzosa situación de las Cercanías y que Cantabria no sea una isla de la alta velocidad.
Hay choques con el Ayuntamiento de Santander por el Palacio de Cortiguera o el edificio Tabacalera, pero el gran asunto es la antigua Residencia Cantabria. Para crear allí el Parque Científico y Tecnológico de la Salud que pretende Buruaga el Estado tiene que ceder la finca, pero quizás algo más. Porque parece difícil que Cantabria pueda asumir con medios propios el coste del derribo del actual edificio –esa es la idea del PP– y de la creación de los nuevos inmuebles.
Parece claro que a corto plazo el Estado no cambiará el estatus de protección del lobo. Mientras siguen las críticas cruzadas entre el Ministerio y Cantabria, lo que podría ocurrir es que se permitiera la extracción extraordinaria de algunos ejemplares en aplicación de alguna de las excepciones que contempla la norma. Para eso tiene que hablar la justicia.
Si Transportes es uno de los ministerios con más asuntos pendientes en Cantabria, el otro es claramente el de Transición Ecológica. Además del lobo, Buruaga tendrá que poner sobre la mesa de Sánchez el futuro de los espigones –si se acaba la obra o se procede a desmantelar el que ya está hecho– y la construcción de la nueva Vuelta Ostrera –aunque ya se ha decidido que será en Cortiguera, con este asunto siempre hay un episodio más– antes de demoler la actual. Además, también depende del Estado el saneamiento de las marismas, con el subfluvial de Santoña.
Cantabria quiere que el Estado haga más para apoyar las industrias electrointensivas con ayudas directas, pero en esta materia también reclama al Ministerio de Industria que diga de una vez si apoyará con fondos europeos el proyecto de transición energético de Solvay –fundamental para su viabilidad– y al de Transición Ecológica que fije el marco normativo para que pueda arrancar la obra de Aguayo.
Sánchez dice que esta será la legislatura en la que se activará la quinta pata del Estado del Bienestar: la vivienda pública en régimen de alquiler. En Cantabria, el Estado colabora con las promociones que ha anunciado Buruaga a través de fondos europeos, pero el proyecto emblemático es el de La Remonta, donde están proyectadas 257 viviendas. ¿Cómo se hará? ¿Cuándo estará listo? Pues no se sabe. Primero Defensa tiene que transferir el suelo al nuevo ministerio que dirige Isabel Rodríguez y ambos decidir si el resto del espacio se cede (o vende) a Santander.
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