«Estamos cansados, aburridos y desesperados»

«Tengo los nervios destrozados, la tensión por las nubes y el estómago vuelto del revés», admite María Ángeles Santiago, que hace ya tiempo que perdió la ilusión por una casa a la que llegó con 44 años y mucho sigilo para refugiarse de los malos tratos continuados de su marido. Hoy tiene 66 y hace algún tiempo que enviudó.

«Yo llegué a Cantabria en 2001 procedente de Irún, Guipúzcoa. Bastante tocada después de 25 años soportando malos tratos, pero con muchísima ilusión», recuerda emocionada la mujer, que dos años antes, en 1999, firmó con la empresa promotora la compra de una vivienda en Cerrias (Liencres) en la que invirtió todos sus ahorros.

«Yo no conocía a nadie aquí, no tenía ni familiares ni amigos. Compré la casa casi por catálogo», dice María Ángeles, que luego de instalarse en la vivienda es que empezó a oír algún rumor. «Había escuchado a algún vecino decir que había problemas, pero problemas con las aceras», no de tal gravedad como los que luego tuvo que afrontar y de los que no iba a tardar mucho tiempo en enterarse.

«Alguien, no recuerdo quién, me dijo que existía una denuncia de una asociación ecologista –ARCA– y cuando me presenté en el Ayuntamiento de Piélagos a preguntar por ello me entero de que existe una sentencia judicial que ordena el derribo de las viviendas levantadas en Cerrias II». Un total de 22 construcciones. La suya, entre ellas.

«Pues se lo puede imaginar», contesta María Ángeles cuando se le pregunta por su reacción. «No me lo podía creer», reconoce la mujer, que inició entonces un laberíntico camino judicial por el que lleva dando vueltas dos décadas sin ningún viso de encontrar la salida. Dos décadas, que se dice pronto.

«Dos décadas en las que he sufrido lo que no se puede ni imaginar», dice la dueña de la casa, que relata un auténtico calvario sufrido en soledad porque, dice, sus familiares y sus amistades «no lo entienden».

Para ella, la situación que viene soportando a diario desde que cruzó el umbral de su vivienda es «insufrible» e «inhumana». «Yo he llegado a sentirme torturada», dice. Luego de una pausa, la mujer pone el grito en el cielo. «¿Quién ha cometido este ilícito? ¿Yo? No. Las administraciones. El Gobierno regional y el ayuntamiento de Piélagos ¿No es así? Bueno, entonces, ¿por qué tengo que pagar yo el pato?, se pregunta la afectada, irritada porque «las administraciones han pretendido derribar las viviendas sin devolvernos el dinero».

En este sentido, María Ángeles –lo mismo que la inmensa mayoría de los afectados por las sentencias de derribo en Cantabria– piensa que no ha existido voluntad política para resolver un asunto que a ella en particular le tiene los nervios destrozados y la tensión disparada.

«Desde el absoluto respeto, tengo que decir que algunos políticos se han portado con nosotros bastante mejor que otros. Del señor Miguel Ángel Revilla tengo que decir que no le he visto ninguna empatía con los afectados, muy al contrario que el señor Ignacio Diego, que por lo menos siempre nos escuchaba», diferencia María Ángeles, que termina haciendo un ruego a la Fiscalía de Cantabria para que «investigue, de una vez por todas, qué ha pasado con este asunto» porque ella no lo tiene claro. «O son todos unos incompetentes o hay algún interés oculto» que están pagando con su casa las familias de Cerrias afectadas por las sentencias.

A muy escasos kilómetros de la playa de Berria, pegada a las fantásticas marismas de Santoña, Victoria y Joyel, se levantó imponente La Llana, una urbanización ubicada en el término municipal de Argoños en la que caben 99 viviendas, todas condenadas a su demolición si el nuevo Plan General de Ordenación Urbana del municipio no lo impide.

Una de esas 99 construcciones es propiedad de la familia Viota, que andaba buscando un sitio donde cargar las pilas que agotaba en Bilbao y no encontró un lugar más indicado.

«Vimos la promoción, nos informamos en el Ayuntamiento y compramos una vivienda», recuerda Juan, que poco después, leyendo el periódico, se llevó una sorpresa mayúscula.

«Leí que existía una orden de derribo de toda la urbanización, así que me fui al Ayuntamiento y pregunté». Dice que aquel día «nos contaron 'nosequé' milongas y nos dijeron que no nos preocupáramos», que es lo mismo que llevan escuchando de la corporación municipal de Argoños desde hace veinte años.

«Todo eran buenas palabras. Que si 'esto lo vamos a arreglar', que si 'no os preocupéis por nada', que si 'todo está bien'. Y después venía otro equipo de gobierno y nos repetían lo mismo otra vez. Que si 'esto lo vamos a arreglar', que si 'no os preocupéis por nada', que si 'todo está bien'...».

A todo esto, añade Juan Viota, «la Justicia nos obvió totalmente». A su manera de entender, «declaró culpable al Gobierno, siendo el consejero de Urbanismo el ahora presidente, Revilla, y dictó sentencia ordenando la demolición de las 99 viviendas, sin conceder a sus propietarios la más mínima posibilidad de defenderse», se lamenta.

Tocada emocionalmente, la familia Viota buscó refugio en AMA, donde los asociados, reconoce él, han acabado entrando en bucle. «Salíamos de las reuniones esperanzados, ilusionados, optimistas, con ganas de continuar... Pero luego, siempre había un alguien o un algo que lo torcía todo, un pero, una pega... Y así han pasado cinco legislaturas», recuerda el bilbaíno.

Tiempo suficiente para que la hija del matrimonio haya perdido todo interés por la vivienda. «Nos oye a su madre y a mí hablar de lo mal que lo hemos pasado, lo mal que lo estamos pasando, y se revela», afirma Juan, ya resignado a la suerte que corra el inmueble: «Si tienen que tirar mi casa, que la tiren, pero que nos la paguen».

Ese, el futuro del inmueble, más concretamente del terreno, es otro asunto que hace que a la familia se la lleven los demonios, «porque van a volver a especular con ellos», cree él. «Es vergonzoso. Van a tirar mi casa y luego van a poder construir sobre ella», explica el afectado, que sospecha que el Ayuntamiento de Argoños «se va a gastar una millonada en indemnizar a los afectados por los derribos y, mismamente, en las operaciones de demolición de unas viviendas mal construidas por culpa de su mala gestión, y luego van a poder volver a vender esos terrenos para que se construya sobre ellos».

A su juicio, los causantes de que pueda darse esta circunstancia «o son unos vagos, o son unos inútiles o son unos mafiosos» a los que la Fiscalía de Cantabria debería investigar».

A primeros de siglo, Pedro Galicia y su esposa iniciaron por Cantabria una andadura que, si de ella depende, concluirá en cuanto al matrimonio le abonen la indemnización que les corresponde por su casa, una de las 32 viviendas de Escalante sobre las que cuelga una orden de derribo.

«Queríamos un lugar donde descansar los fines de semana y disfrutar de nuestras vacaciones», explica Pedro, un constructor de origen vallisoletano que solo pretendía, qué ironía, escapar del estrés.

«Al año y medio de comprar la casa nos comentaron algo –en relación con la situación legal de la urbanización– y fuimos al Ayuntamiento a preguntar». Y preguntaron «y nos dijeron que no teníamos que preocuparnos», de modo que no lo hicieron «hasta que un día, hablando con algunos vecinos, nos dimos cuenta de que ese problema no nos lo iba a solucionar el Ayuntamiento».

Fue, entonces, cuando descubrieron que el estatus legal de la urbanización, y, en consecuencia, el de su propia vivienda, era mucho más delicado de lo que ellos pensaban.

A ellos, y a las otras 31 familias en su misma situación, las administraciones les ofrecen una nueva vivienda o dinero. Ellos han escogido lo segundo por la sencilla razón de que, después de la experiencia vivida, «mi mujer no quiere comprarse una casa más en Cantabria». La quiere comprar, dice Pedro, «en cualquier otro sitio donde nos dejen vivir en paz y podamos disfrutar a gusto de nuestro tiempo libre; donde no nos toquen las narices, vaya».

Escarmentado, y asqueado, el matrimonio lamenta que en estos veinte años de vía crucis, tanto personal como colectivo, «no hayamos visto ninguna voluntad política de querer arreglar este asunto».

Hace ya 28 años, Mercedes Díaz y Francisco Aragón, un matrimonio torrelaveguense por aquellos tiempos asiduo al camping de La Arena, en el municipio de Arnuero, decidieron dar el paso y comprarse una segunda vivienda en una urbanización al mismo borde de la playa.

«Nos dieron la casa en abril», recuerda ella. En abril de 1994. «Y en mayo se publicó una sentencia en la que se declaraba ilegal la urbanización».

Un mes les duró la ilusión. Los treinta años siguientes «nos los han amargado», reconoce Mercedes, que cuenta que se enteró por el periódico y que aquella noticia provocó una en la familia una reacción difícil de explicar.

«Nos presentamos en la promotora y montamos un cisco... Pero allí nos dijeron que esa sentencia no tenía lógica y que todo estaba bien».

Luego, semanas más tarde, «se produjo una reunión a la que asistieron el alcalde de entonces y el abogado del Ayuntamiento, que nos aseguraron que aquella sentencia era inejecutable y que nosotros no éramos parte del problema».

Pero sí. Sí lo eran. Concretamente la peor parte del problema. La que ha acabado pagándolo con la pérdida de sus propiedades, que van a poder canjear por dinero u otra propiedad según prefieran.

Y aquí viene otro dilema. «Con el dinero que nos ofrecen (alrededor de 80.000 euros) usted me dirá qué tipo de vivienda vamos a comprar», dice ella. La otra solución tampoco le seduce a él. «Yo compré esta casa haciendo enormes sacrificios para levantarme y acostarme oyendo con el murmullo de las olas y viendo la orilla del mar. Pero donde nos quieren ubicar, para tener esas sensaciones voy a tener que coger el coche y conducir tres kilómetros».