El servicio doméstico se desangra coincidiendo con su mejor momento

Según los datos aportados por la Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos (Aespd), el colectivo ha perdido 13.800 trabajadoras el último año, 38.000 durante el último lustro y 69.000 en la última década. Entonces, allá por el año 2015, superaba de largo las 430.000. Hoy apenas llegan a las 360.000. «Es un goteo incesante», reconoce inquieta la coordinadora general, Alicia Novalvos.

Y de acuerdo con las cifras facilitadas por el Servicio Cántabro de Empleo, que las regionaliza, la media de afiliaciones en la Seguridad Social relacionadas con este sector fue de 4.443 en 2024. En 2023 eran 4.631 y en 2022, 4.737. «Es un goteo incesante», coincide la directora, Lucía Serrano, que se remite a los números recogidos en la base de datos de la Seguridad Social.

Porque UGT dispone de otros, que, si bien no son distintos, sí aumentan el campo de visión de un colectivo que se desangra. Conforme a los datos del sindicato, que bebe de la fuente de la Encuesta de Población Activa, a finales de 2024 había en Cantabria 5.726 empleadas del hogar; 4.365 dadas de alta en la Seguridad Social (son 78 menos de las que contea el Servicio de Empleo) «y otras 1.361 que no estaban introducidas en el sistema», matiza al respecto la responsable del Área de la Mujer, Arancha Imaz, que dice que el número de profesionales, regularizadas o no, «ha disminuido casi un 20%» entre junio de 2021 y enero de 2024 al caer de las 7.137 que se contabilizaban en aquel entonces a esas 5.726 de ahora.

«Descalabro»

«Un descalabro», admite repasando sus números la patronal, que lleva ya un tiempo insistiendo en la necesidad imperiosa de apoyar en las contrataciones a las familias empleadoras para que los avances que las empleadas del hogar han conseguido en lo tocante a sus derechos laborales no acaben volviéndose en su contra y expulsándolas del sistema, que es lo que parece que está ocurriendo.

«Nos encontramos con una enorme dificultad para conjugar la legalidad y calidad del empleo, unos salarios dignos y el bienestar de los trabajadores del sector con la capacidad adquisitiva de las familias que tienen en su entorno a personas mayores, enfermas o con alguna dependencia y necesitan acceder a este servicio de una forma asequible y con todas las garantías de seguridad y de calidad», resume Novalvos, que acepta que, ahora mismo, «muchas de esas familias carecen del poder económico suficiente para soportar un gasto que es desorbitado».

1.600 euros al mes, aproximadamente, le cuesta a una familia contratar a una empleada del hogar a jornada completa. Ocho horas. Si la necesitara las 24 del día, el precio se triplicaría hasta llegar a los 4.800 euros mensuales. «Es inasumible», dice la portavoz de la patronal, que considera que las mejoras laborales de las trabajadoras de este gremio (habla de trabajadoras y no trabajadores porque más del 90% de sus integrantes son mujeres) «tienen que ir acompañadas de políticas complementarias que fomenten las contrataciones». Un incremento de las deducciones en el IRPF, bonificaciones en las cotizaciones sociales, prestaciones sociales a las que las familias se puedan acoger... De lo contrario, advierte, «esas medidas acabarán frustrando las legítimas aspiraciones de las trabajadoras, que pasarán o seguirán en la economía sumergida».

Un lugar, la clandestinidad, en el que, aunque peor pagadas y absolutamente desprotegidas, no pocas empleadas del hogar acuden a buscar el cobijo laboral que las niega el mercado regular, donde la oferta comienza a decaer ante el coste elevadísimo de este tipo de servicio.

Conforme a los datos de UGT, el 23,8% de las trabajadoras que sostienen de pies a este gremio esto es, casi una de cada cuatro, no está dada de alta en la Seguridad Social. Un porcentaje que, a la vista del nuevo panorama, podría disparararse de no corregirse el error.

«La Administración tiene que darle una vuelta a esta situación y poner sobre la mesa medidas que sean efectivas y rápidas», coincide Imaz, que lamenta que «ahora que las condiciones laborales de este colectivo han mejorado, y que podían darse las circunstancias propicias para hacer aflorar la economía sumergida, que en este sector abunda de la mano de la inmigración, nos estamos encontrando con que, al final, no va a ser posible porque las familias que requieren de estos servicios, y no por capricho sino por necesidad, no pueden acceder al mismo porque los precios de las contrataciones son inasumibles para sus economías».