Los Servicios Jurídicos de Cantabria advierten de la necesidad de cambios normativos para luchar contra el covid

Los Servicios Jurídicos del Gobierno de Cantabria han instado a impulsar reformas legislativas para contar con nuevos instrumentos y mecanismos jurídicos que ayuden a la toma de decisiones «más ágiles y eficaces» en la lucha contra la pandemia del coronavirus. Entre las propuestas para mejorar la actividad de la Administración Autonómica y que vienen recogidas en la última Memoria del servicio público, los letrados autonómicos advierten de la necesidad de que el Ejecutivo de Cantabria pueda dictar disposiciones legislativas provisionales en forma de decreto ley en caso de «urgente y extraordinaria» necesidad y que, con posterioridad, deban ser convalidadas expresamente por el Parlamento autonómico.

La memoria explica que a lo largo de la gestión de esta crisis sanitaria en ocasiones se han planteado propuestas por los órganos gestores que se han podido aplicar en otras comunidades autónomas pero no en Cantaria por carecer de la figura del decreto ley.

Los Servicios Jurídicos del Gobierno autonómico defienden así la reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria para dotarse del instrumento ejecutivo del decreto ley, si bien esa enmienda introducida por el PRC en el debate del Congreso no logró esta semana el. respaldo del Congreso que aprobó la reforma del Estatuto sin esta figura y solo con la eliminación de los aforamientos en la comunidad.

La Memoria señala que esta figura legislativa «excepcional» y «provisional» se ha utilizado por varias autonomías durante la crisis sanitaria tras incorporarse en distintos estatutos de autonomía a partir del año 2006, entre ellas Galicia, Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia, Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Canarias. También Madrid ha aprobado el anteproyecto de su ley orgánica de Estatuto de Autonomía con el fin de habilitar a su Consejo de Gobierno para dictar disposiciones legislativas provisionales, agrega el Ejecutivo cántabro en un comunicado.

La titular de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, ha lamentado el rechazo a esta cuestión jurídica en el Congreso de los Diputados, que ha sido demandada por los propios letrados autonómicos en su actividad jurídica durante la pandemia de cara a facilitar la toma de medidas para enfrentarse a este tipo de situaciones excepcionales.

Cree que «supone un duro revés para los intereses de Cantabria» y pone a la comunidad «en el vagón de cola entre las autonomías españolas y entre los instrumentos jurídicos que son necesarios para responder de forma eficiente a la ciudadanía».

Por último, la titular de Presidencia ha pedido a los partidos políticos «apartar cualquier tipo de individualismo» y buscar un nuevo acuerdo que «haga a nuestra comunidad más fuerte» en esta materia.

Igualmente, los Servicios Jurídicos del Ejecutivo han instado a modificar la Ley de Patrimonio de Cantabria, para facilitar los procedimientos de donación, como los ocurridos en los procesos de material fungible sanitario de protección frente al coronavirus, así como en la aceptación de la cesión de uso de inmuebles (como es el caso de hoteles) para el alojamiento del personal sanitario.

Por otro lado, con el objetivo de mejorar los recursos materiales con los que cuenta la comunidad para hacer frente a la pandemia y la asistencia sanitaria, se plantea modificar la Ley de Derechos y Servicios Sociales para una regulación detallada y completa de la naturaleza jurídica de las relaciones tanto de la Administración y las entidades prestatarias de servicios en materia de servicios sociales, como las actividades privadas subvencionadas (conciertos sociales).

El Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria ha dado un paso más en 2020 y ha participado en más de una veintena de juicios telemáticos. Este servicio público ha sido anteriormente uno de los primeros en adaptarse al uso de los medios electrónicos en sus relaciones con la justicia y con el resto de consejerías y organismos del Ejecutivo.