La Fiscalía pide de dos a 36 años de cárcel para los siete acusados de trata de mujeres nigerianas

Durante la vista oral que ha arrancado este lunes en la Audiencia de Cantabria, la Fiscalía explicó que la red de trata de mujeres actuaba en varios países: Nigeria, Libia, Italia y España. En Nigeria, en la zona más cercana a Benin, las captaban. Luego, a través de Níger y Libia llegaban a Europa con un destino final: España. Según el Ministerio Fiscal, a las chicas se les ocultaba que en el destino deberían practicar la prostitución. Además, con el viaje contraían una deuda de 30.00 euros, aunque «desconocían» el valor de ese importe en nairas, la moneda de su país de origen. Las mujeres, que en Nigeria vivían en «seria precariedad económica», estaban obligadas a realizar un rito vudú y se comprometían a no acudir a la policía «bajo pena de caer en las mayores desgracias, incluida la muerte, tanto ellas como sus familiares».

A Europa llegaban en pateras organizadas por mafias, previo paso por campos de refugiados libios. En el tránsito también eran forzadas sexualmente. Una vez en Nápoles (Italia), el miembro que se enfrenta a la mayor pena —36 años de prisión— les daba documentación falsa para moverse por Europa. De esa manera, accedían a España. Ahí entra en juego un matrimonio de nigerianos residente en Torrelavega, a quienes se acusa de controlar a varias mujeres. Para ellos, las penas pueden ascender a 27 años de prisión por dos delitos de trata y prostitución coactiva y uno de inmigración ilegal.

La fiscal cuenta que las testigos protegidas se subieron a una patera en Libia en torno al 20 de agosto de 2016. Pero el bote naufragó. Sin embargo, sobrevivieron y llegaron a Italia. Desde Nápoles, viajaron hasta Barcelona. Ahí se abría el camino hasta Santander. Una de ellas llegó a la capital cántabra, donde el matrimonio de Torrelavega la recibió y destruyó la documentación falsa. Tras unos días en su domicilio, le obligaron a ejercer la prostitución en un club de alterne de Elda (Alicante), a donde la llevaron personalmente. Allí, una inspección policial localizó a la testigo. Se presume también que al menos otra mujer nigeriana que pasó por el domicilio del matrimonio en Torrelavega estuvo explotada por ellos en prostíbulos de tres provincias distintas.

A distancia, la red de explotación utilizaba el teléfono para controlar la actividad de las mujeres que estaban bajo su control. Por ello, un juzgado de Valencia autorizó a la policía realizar escuchas en varios teléfonos de los encausados. Asimismo, las defensas consideran que se ha vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones. Por ello, solicitaron la nulidad de las escuchas. Sin embargo, no fue admitida por la magistrada de la Sección Primera de la Audiencia de Cantabria. En la sala, se escuchó alguna de las conversaciones, mantenidas el idioma materno.

Entre los siete acusados están el residente en Nápoles, el matrimonio de Torrelavega y tres mujeres que viven en Vizcaya, Gijón y Lérida, quienes presuntamente recibían a las chicas y las controlaban. Por último, la séptima es una mujer que ejercía la prostitución de manera voluntaria y que tenía la misión de vigilar a una de las víctimas.

Durante la sesión de ayer, ninguno de los acusados, presentes en Las Salesas, quiso responder ni a las preguntas de la fiscalía ni a las de sus abogados. De esa manera, comenzó un juicio que se alargará durante siete días hasta el próximo martes 6 de octubre. Por otro lado, hoy comienzan a declarar las testigos protegidas, que son las víctimas de la red, y otros testigos del caso.