Siete eutanasias se han practicado en Cantabria desde 2021 con la nueva ley

Siete de estas peticiones han acabado derivando en la práctica de una eutanasia, si bien ocho personas fallecieron antes de poder culminar el proceso. Además, se produjeron cuatro denegaciones y hubo una revocación, es decir, una persona que reconsideró su decisión inicial. Basada en una decisión libre y consciente, «esta es una ley muy garantista y lleva un proceso. Que haya revocaciones significa que la ley funciona y que el paciente puede tomar en reconsideración su decisión», precisó ayer Juan José Mier Blanco, enfermero del centro de salud Saja y uno de los participantes en la primera mesa redonda de la jornada 'Mi vida, mi decisión', organizada por la Consejería de Sanidad en Santander, en el Palacio de Festivales, y dedicada a hablar sobre la muerte digna y los cuidados al final de la vida.

El encuentro sirvió para repasar las ideas que sustentan una ley que está a punto de cumplir dos años y que acaba de ser avalada por el Tribunal Constitucional; para conocer sus tiempos, sus procesos, sus fortalezas y garantías, pero también las razones que puede dejar sin prestación a esos solicitantes que fallecen antes de concluir un procedimiento que se extiende una media de dos meses. Además, la jornada sirvió para hablar de cuidados paliativos, del testamento vital -cuyos registros han pasado de albergar nueve documentos en su primer año de vida a recibir 5.000 en la actualidad-, y, sobre todo, para que profesionales y ciudadanía compartieran experiencias.

«La eutanasia no ha llegado de la nada. Ha supuesto un trabajo de muchas décadas de lucha y del compromiso de muchas personas», dijo el consejero, Raúl Pesquera, en la apertura de la sesión. «Todo el sistema sanitario está orientado hacia la vida, es nuestro 'leitmotiv', pero cuando no podemos curar tenemos que saber acompañar, y ahora también tenemos que ayudar a la gente a morir con dignidad», añadió.

Eso puede ocurrir cuando «una enfermedad hace que una persona se enfrenta a una situación vital que vulnera su dignidad, intimidad e integridad», continuó Pesquera, y es entonces cuando el sistema tiene que procurar ayuda al paciente «para que se siga sintiendo dentro del sistema».

Al derecho a morir dignamente se acogió en 2022 Donato Incera, enfermo crónico con una distrofia muscular de cinturas que fue apagando su cuerpo no sin infligirle un dolor constante. Compartió su historia en El Diario Montañés. «Estoy a un paso de acabar encamado y que una máquina respire por mí; quiero evitarlo, optar por una muerte dulce, natural, digna... y estar consciente cuando llegue ese momento», señalaba entonces Incera, que tras su fallecimiento donó sus órganos.

Al igual que este testimonio, el derecho a morir dignamente se planteó ayer como una decisión consciente, personal, que libera y alivia a la persona. «Una sociedad madura como la nuestra tiene que estar en condiciones de evitar agonía y sufrimiento», reflexionó Íñigo Fernández, director general de Ordenación, Farmacia e Inspección, y moderador de la primera mesa de la tarde.

Los datos oficiales que se compartieron en este foro -los que nutren el 'Informe Comisión Garantía y Evaluación sobre Eutanasia de Cantabria 2022'- apuntan a que la región se comporta de forma similar a Asturias, su comunidad espejo. Mier reveló además que las «enfermedades base» de los solicitantes de la muerte digna eran, mayoritariamente, las oncológicas y las neurodegenerativas, y que, a elección del paciente, de las seis eutanasias practicadas en 2022, cuatro transcurrieron en el domicilio, una en Valdecilla y otra en una residencia de mayores privada.

En la jornada también se expusieron las cifras de objeción de conciencia, que es «un derecho de los profesionales». En Cantabria son 239 sanitarios (231 profesionales médicos y 18 de la enfermería). Sin embargo, a pesar de la objeción, tienen el deber de recoger la solicitud del paciente que quiera acogerse a su derecho de recibir una muerte digna.

Además de los participantes mencionados, la jornada, organizada por Sanidad con el apoyo de la Federación Cántabra de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), contó con las intervenciones de Francisco José Santos Casuso, asesor jurídico de la Consejería; Concepción Álvarez, psicóloga del Registro de Voluntades Previas; Luis Antonio Priede y Ana Manzanas, médico y enfermera del Servicio de Cuidados Paliativos de Valdecilla; Yolanda García Zorrilla, asesora técnica de la Subdirección de Asistencia Sanitaria; Pedro Bermúdez, médico del centro de salud de El Astillero, y Javier Velasco, presidente federal de la asociación Derecho a Morir Dignamente.