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La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha puesto en marcha hoy la maquinaria del Gobierno «para empezar a analizar las acciones jurídicas procedentes y preparar un recurso de inconstitucionalidad» contra la ley de amnistía acordada ayer por Pedro Sánchez y Carles Puigdemont ... . Ello, ha dicho Sáenz de Buruaga, «porque nos negamos a aceptar que el destino de Cantabria lo decida un prófugo de la justicia desde Waterloo».
La jefa del Ejecutivo regional se ha pronunciado en estos términos durante la lectura de una declaración institucional en la que ha valorado «el vergonzante acuerdo» alcanzado entre el PSOE y Junts para la investidura del candidato socialista, una valoración «unánime y compartida por todo el Consejo de Gobierno», ha subrayado, «para simbolizar con toda solemnidad que de esta situación en la que Pedro Sánchez nos ha metido saldremos desde la unidad, la unidad de todos los demócratas, sin distinción de ideología».
Según ha asegurado Buruaga, «no hay una sola institución española (la policía, la justicia y sus jueces y magistrados, las Cortes Generales, el Tribunal Constitucional, el Estado de Derecho entero) que no se desacredite con este acuerdo que ha entristecido e indignado a la mayoría de los españoles y ha superado con creces las peores expectativas».
La presidenta, que lamenta que los acuerdos alcanzados entre PSOE y Junts se hayan producido «a espaldas de los españoles, con ocultación, secretos a dos y actuando en dirección contraria a lo que el PSOE dijo que iba a hacer», ha afirmado que «el independentismo y Pedro Sánchez quieren la resignación de los ciudadanos y las instituciones ante el mayor abuso institucional que se ha producido en este país en 50 años de democracia». Sin embargo, ha advertido Buruaga, «no la van a tener». Al menos en lo que respecta a su Gobierno, que «no va a permanecer quieto y callado ante lo que supone una traición a la Constitución, al Estado de las Autonomías y también a Cantabria».
«Los cántabros –ha añadido– tenemos motivos sobrados para no sentirnos indiferentes a un acuerdo que no solo socava las bases de nuestro Estado de Derecho y nuestra convivencia democrática, sino que también va a tener consecuencias en la economía y el bienestar de la región porque nos sitúa en una clara desventaja», en relación con la comunidad autónoma de Cataluña.
A la vista de los acontecimientos, y del enorme desasosiego que ha generado este acuerdo en un amplio sector de la sociedad española, la presidenta Buruaga ha dicho que la reacción tiene que ser «firme e inequívoca» aunque al mismo tiempo «cívica, tranquila y serena».
En este sentido, la jefa del Ejecutivo regional ha insistido en que Cantabria tiene «un Gobierno con convicciones firmes que va a responder a esta infamia, que va a decir basta ya de chantajes, de cesiones y de traiciones, y que va a reivindicar que los cántabros somos tan ciudadanos de primera como los demás» aferrándose a su mensaje inicial, que ha repetido para que cale a lo largo de toda su declaración. «Cantabria y la igualdad de los españoles ante la ley es el bien que vamos a defender en todos los órdenes hasta las últimas consecuencias y con todos los instrumentos políticos y jurídicos que el Estado de Derecho pone a nuestro alcance, en Cantabria, en España y en Europa», ha asegurado Buruaga.
En relación con esto, la presidenta ha explicado que, al igual que ya han hecho otros presidentes autonómicos de su mismo signo político, va a solicitar la convocatoria de la Conferencia de Presidentes «para demostrar que no se puede decidir el futuro de España de forma bilateral, por la puerta de atrás y a las espaldas de las demás regiones». También «hemos puesto en marcha toda la maquinaria del Gobierno para empezar a analizar las acciones jurídicas procedentes y preparar un recurso de inconstitucionalidad en cuanto la ley de amnistía esté aprobada y publicada y en cuanto se hagan efectivos los privilegios económicos y unilaterales». Y, por último, «vamos a ir al Comité de las Regiones –yo misma seré quien lo haga– para garantizar que los cántabros no vamos a perder ni uno solo de nuestros derechos».
Y es que, ha concluido la presidenta, «nos negamos a aceptar que el destino de Cantabria lo decida un prófugo de la Justicia desde Waterloo».
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