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La presidenta regional desveló este jueves su propuesta de reforma fiscal que pretende aplicar a partir del año que viene, que volvió a calificar de «histórica» porque reduce todos aquellos tributos que afectan a la comunidad autónoma. María José Sáenz de Buruaga anunció que rebajará ... el IRPF «a todos los contribuyentes sin excepción» –pero no de manera progresiva, pues a los de las rentas más altas lo hará en mayor medida–, eliminará el Impuesto sobre el Patrimonio, reducirá el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos, bonificará el de Sucesiones y Donaciones y eximirá del pago del canon de saneamiento en los municipios en riesgo de despoblamiento. Un plan que «inyectará» a los cántabros «90 millones» por ejercicio –370 en total en las próximos cuatros años–, que serán los que dejarán de ingresar las arcas públicas pero que «impulsarán la actividad económica y, por tanto, generarán mayores retornos fiscales». Para sacar adelante su iniciativa necesita el apoyo de alguno de los grupos de la oposición al gobernar en minoría. Vox se ha mostrado siempre más partidario de bajar los impuestos, el PRC sólo de algunos –el de Patrimonio, por ejemplo– y el PSOE siempre ha estado en contra para no perjudicar a los servicios ofrecidos a la población.
La receta del PP orbita alrededor de la fórmula liberal que el PP ya aplica en otras comunidades autónomas: menos impuestos se traduce en más dinero en el bolsillo de los ciudadanos, lo que estimula la economía y eleva la recaudación. «Algunos lo llaman la cuadratura del círculo, pero otras autonomías han demostrado que sí se puede conseguir», afirmó la presidenta regional. Todo ello, lo más complicado, sin que servicios como la sanidad o la educación se vean amenazados por el fantasma de los recortes. Sáenz de Santamaría considera que incluso «dispondrán de más recursos económicos». En números redondos, la estimación del PP se traduce en una merma en la recaudación por ejercicio de 46 millones en el tributo del IRPF, 20 en Patrimonio, 18 en Transmisiones, 4,5 en Sucesiones y Donaciones y 300.000 euros por la rebaja en el canon de saneamiento.
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es el que mayores modificaciones sufrirá en caso de que el plan del PP sea finalmente aprobado. En líneas generales, se reducirán los tramos. Pasarán de siete a sólo cinco. Sáenz de Buruaga se presentó a las elecciones con la promesa de bajárselo «a todos los cántabros» y así lo refleja el borrador. Eso sí, a las rentas más altas en mayor medida que a las bajas o las medias. Por ejemplo, el tramo mínimo, el que afecta a los ingresos inferiores a 13.000 euros, lo bajará un punto, al pasar del 9,5 al 8,5% –el más bajo del país–, pero los más elevados, los de aquellos que antes declaraban entre 60.000 y 90.000 euros y los de más de 90.000 euros, obtendrán una rebaja, respectivamente, de un 2 y un 3%, ya que el tipo aplicable máximo será de un 22,5% para todos aquellos con una base liquidable superior a los 60.000 euros.
A las rentas de entre 13.000 y 21.000 euros se les reducirá un 1% (del 12 al 11%), las de entre 21.000 y 35.2000 sólo una décima (del 15% al 14,9%) y las de entre 35.200 y 60.000 euros otra décima (18,4%). El tipo máximo agregado, es decir, la cuantía que supone pagar el IRPF correspondiente al tramo autonómico y al estatal, también bajará un 3% –del 50% actual pasará al 47%–. Nadie pagará más de eso. La presidenta regional considera, por contra, que los mayores beneficiados serán los de «las rentas medias y bajas», ya que considera que la renta media se encuentra en el entorno de «los 40.000 euros». Además, puntualizó, también se elevan las bases liquidables de cada tramo, «que es otra forma de deducción».
Se crea una deducción de 1.400 euros por nacimiento o adopción para el año del nacimiento o la adopción y los dos siguientes. Aplicable desde el 1 de enero.
Se elimina el tope de renta en la deducción de gastos de guardería. Actualmente es de 30.000 euros en tributación individual y 40.000 euros en la conjunta.
Se crea una deducción de 200 euros por estudiante de municipios en riesgo de despoblamiento que deben trasladarse por razones de estudio.
Se suprime el tope de renta en la deducción por alquiler de vivienda habitual de jóvenes, mayores y personas con discapacidad y se eleva la edad hasta los 36 años.
Se eliminan los topes de renta en las deducciones previstas en municipios con riesgo de despoblamiento. Vivienda, guardería y gastos de desplazamiento.
Se crea una deducción por gastos de educación para la compra de libros (100% en las enseñanzas obligatorias) y 15% del gasto en enseñanza de idiomas.
Se añade una deducción por ayuda doméstica. Será del 20% del importe satisfecho y no podrá superar los 300 euros. En las personas mayores, a partir de 75 años.
Otra de las medidas que quiere aplicar es la deducción de 1.400 euros por nacimiento o adopción para el primer año y los dos siguientes –se puede sumar a los 1.200 euros que ya aplica el Estado–. Además, no se tendrá en cuenta el límite de renta. Es decir, que podrán beneficiarse todas las familias independientemente de su nivel de ingresos. Una medida que el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, que la acompañó hoy, lo justificó porque «en Cantabria apenas nacen niños». El plan del PP tampoco tendrá en cuenta el tope de renta en la deducción de los gastos de guardería –ahora con un techo de 30.000 euros para la tributación individual y de 40.000 euros para la conjunta– y en la deducción por vivienda de alquiler a los jóvenes, mayores y personas con discapacidad –hasta los 36 años–. Además, desgravará 200 euros a los estudiantes de los municipios de zonas despobladas que tengan que desplazarse a otros para cursar sus estudios, creará rebajas por gastos de educación e incluso para fomentar la contratación de empleadas del hogar «para poder facilitar la conciliación» familiar y laboral.
La «revolución fiscal» del PP bonificará el 100% sobre la cuota líquida en el Impuesto sobre el Patrimonio. Es decir, que en la práctica lo eliminará por completo. Es el tributo que pagan sólo las rentas más altas, aquellos contribuyentes que ganan más de 700.000 euros entre inmuebles y efectivo sin contar la vivienda habitual o las que tengan hipotecadas –unas 3.000 personas actualmente–. La merma de ingresos por este motivo es de casi 20 millones de euros –19,7, calculó la Agencia Tributaria– que es prácticamente lo mismo que el Gobierno de Cantabria tiene previsto invertir en los dos próximos años en una de sus obras más importantes, la de La Pasiega. Sáenz de Buruaga explicó esta decisión porque lo considera un impuesto «anacrónico, arbitrario e injusto», que así «permitirá repatriar y poner fin a la fuga de patrimonios en nuestra comunidad autónoma».
El borrador también incluye la rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. El tipo general se reducirá del 10 al 9%. En cuanto a las compraventas para vivienda habitual, la rebaja será de dos puntos más: el 7%, hasta los 200.000 euros. A partir de ahí, se aplicará el 9%. La deducción en la transmisión de los bienes muebles pasará del 8 al 6%. Es decir, que si una persona compra un coche de segunda mano que le cuesta 10.000 euros, se ahorrará 200 euros –ahora debe pagar un 8% (800 euros) y con la rebaja del PP un 6% (600 euros).
El Gobierno del PP también quiere bajar lo que se pagan por los Actos Jurídicos Documentados. En lo relativo a la compra de viviendas pasará del 1,5 al 1% -si es vivienda habitual-. Además, bajará un 0',1% más en municipios con riesgo de despoblamiento.
Rebaja del tipo en las transmisiones de vivienda que vaya a constituir la habitual al 7% hasta los 200.000 euros. A partir de ahí, tipo del 9%.
Rebaja del 5 al 4% de las transmisiones de vivienda para menores de 36 años.
Rebaja del 4 al 3% en transmisiones de vivienda para una persona con discapacidad a partir del 65%.
Rebaja en la transmisión de los bienes muebles del 8 al 6%.
— Gobierno Cantabria (@cantabriaes) September 28, 2023
La reforma fiscal del PP incluye una bonificación del 50% de la cuota tributaria cuando los herederos sean hermanos. En lo relativo al canon de saneamiento, no pagarán la componente variable -ahora no lo hacían de la parte fija- aquellos cuya residencia habitual esté ubicada en un municipio afectado por riesgo de despoblamiento.
Estas son en conjunto el batería de medidas que planea el Gobierno del Partido Popular.
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