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Repsol, propietaria de la central hidroeléctrica de Aguayo tras la absorción de Viesgo, solicitó el pasado mes de mayo a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) el permiso para extender la concesión de la explotación por 50 años más, lo que supondría prolongar ... su vida útil hasta 2080. La compañía apuntaba entonces que este trámite era «esencial» para que fuera viable la obra de ampliación de la actual planta reversible de bombeo, que hoy cuenta con una potencia de 360 megavatios y capacidad para abastecer a más de 200.000 hogares, y que aspira a convertirse en la segunda más grande del país con 1.360 MW, multiplicando por cuatro su capacidad.
La compañía daba por hecho que esta solicitud era un mero formalismo. Que, una vez logrado el visto bueno ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y haber sido calificado por la Unión Europea como un Proyecto de Interés Común, la CHC no pondría en peligro la inversión de casi 800 millones de euros prevista en Aguayo, la más importante de todas las que están planteadas en Cantabria a corto y medio plazo. Quizás desde Repsol fueron excesivamente optimistas. Porque aunque Confederación no ha dicho que 'no', el retraso del organismo público a la hora de dar una respuesta también hace peligrar la inversión.
¿Por qué? La compañía energética daba por hecho que el nuevo permiso de explotación de Aguayo estaría listo antes del 22 de octubre, la fecha en la que termina el plazo para presentarse a los fondos europeos CEF, una línea de ayudas a la que pueden optar las 166 actuaciones privadas que, como la de Aguayo, son Proyectos de Interés Común para la UE. Para optar a estas subvenciones, que entre todo el continente repartirán 850 millones de euros en concurrencia competitiva, es necesario que los proyectos que se presenten estén «suficientemente maduros».
El Ministerio para la Transición Ecológica concedió la declaración de impacto ambiental en junio de 2020 y el Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo, decidido a parar la llegada de los eólicos al municipio, también apoya firmemente el proyecto de Repsol. Con el respaldo también de la UE, solo faltan los permisos urbanísticos, pero la Consejería de Fomento confirma que tiene «plena disponibilidad para facilitarlos».
Si el problema con la Confederación se solventa y Aguayo puede optar a los fondos CEF, el último escollo sería ya que el Estado establezca el marco regulatorio y de incentivos a la producción verde de este tipo de centrales reversibles. Estas plantas funcionan como una pila: usan energía sobrante –de origen eólico, por ejemplo– para subir agua en momentos de poca demanda y la sueltan cuando hay mucha.
Los temores de Repsol los comparte también el Gobierno de Cantabria. Tanto es así que la presidenta Buruaga puso este asunto sobre la mesa en su reciente reunión con Pedro Sánchez. Le reclamó que inste a la Confederación a que emita ya su respuesta o, de lo contrario, que sea el Ministerio quien se pronuncie y emita un documento que el proyecto está lo suficientemente «maduro».
Sin el permiso de explotación hasta 2080, tanto Repsol como el Gobierno cántabro entienden que la obra no cumplirá con los requisito mínimos de madurez que exigen en Bruselas. La consecuencia es que el esfuerzo económico que tendría que hacer la compañía para acometer los trabajos sería mucho mayor, asumiendo íntegramente el coste. Es decir, que cambiaría los planes iniciales de Repsol y, probablemente, obligaría a revisar la inversión.
«El estado de tramitación es clave», confirma el Ejecutivo regional. La preocupación es tal que la propia presidenta Buruaga expuso la situación a Pedro Sánchez durante la reunión que mantuvieron ambos hace dos semanas en La Moncloa. Lo que reclamó la popular fue que el propio Sánchez instara a la CHC a dar ya el permiso. O que, de lo contrario, mientras llega ese visto bueno, que el Gobierno de España «elabore un documento para demostrar la madurez del proyecto de Repsol de cara a su candidatura a los fondos CEF de la UE». En caso de que finalmente Repsol llegue a tiempo de competir por las ayudas con la ampliación de Aguayo, la resolución de estos fondos se conocerá en el primer trimestre de 2025.
Preguntada por este asunto, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico confirma que a finales de la semana pasada envió al Ministerio el informe sobre este expediente. El organismo no confirma con qué conclusiones, pero precisa que actualmente está pendiente de resolución por parte de Transición Ecológica.
Junto al permiso de la CHC, el otro asunto del que están pendientes en Repsol antes de dar la orden para comenzar la ampliación es el nuevo marco regulatorio sobre los incentivos a la producción verde en este tipo de centrales hidroeléctricas reversibles que el Ministerio debe concretar.
Aguayo se compone de dos embalses, Mediajo (el superior) y Alsa, y el paso del agua de uno a otro mueve las turbinas que generan la electricidad. La peculiaridad de esta presa es que puede bombear agua del embalse inferior al superior. Cuando hay picos de generación de energía renovable, el complejo consume electricidad procedente de fuentes verdes (eólica o fotovoltaica, que si no se consumen en el momento se pierde) para subir el agua a Mediajo. Y cuando las renovables no dan abasto, se abren las compuertas y la gravedad hace girar las turbinas, generando nueva energía. Es decir, hace de almacén. Al contrario de lo que ocurre con otras renovables, aquí la producción es previsible.
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