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Los sindicatos TU y USO amenazan con ir a lo tribunales, por vulneración de derechos fundamentales, si el Gobierno no informa de cómo se está aplicando el plan de estabilización del empleo en la Administración un proceso que, denuncian, está teñido de «oscurantismo» .
La Ley 20/2021 aprobada el año pasado para reducir la temporalidad en el empleo público permitirá a los funcionarios interinos acceder sin oposición a un puesto fijo cuando lleven cinco años en un cargo que, por norma general, debería ser provisional. La previsión del Gobierno es que antes de junio de 2022 se apruebe la oferta de empleo público con la que se prevé integrar a más de 300.000 interinos de larga duración a plazas fijas de toda España. Los sindicatos aseguran que han requerido desde varios canales a la Administración regional para abrir un proceso negociador antes de que en junio se publiquen las ofertas de estos procesos. Pero el Gobierno regional no ha contestado a ninguna de sus comunicaciones sobre los criterios, las plazas, el contenido de las futuras convocatorias o la compatibilidad con procesos internos de movilidad para el personal fijo.
«Ante este apretado calendario el Gobierno regional mantiene un hermetismo muy preocupante», se lamentan TU y USO, que consideran «difícil de comprender la opacidad con la que están gestionando esta situación los responsables de nuestra Administración ante los representantes de los trabajadores si tienen que enviar la certificación de estas plazas al Ministerio».
Estos dos sindicatos aseguran que la Consejería de Educación, «sin tener claro el criterio con el que se están seleccionando ante una interpretación unilateral de una norma» pretende reducir la temporalidad al 8%.
En la Consejería de Justicia se van a convocar 25 plazas de Auxilio Judicial que se incluyeron «sin nombres y apellidos» en la oferta de los años 2017-2018 del Ministerio de Justicia. Frente a estos, recuerdan que algunos funcionarios interinos del Cuerpo de Auxilio Judicial llevan en sus puestos hasta 12 años consecutivos, pero la Dirección General de Justicia tiene la intención de convocar las 25 plazas con más antigüedad y «dejar en el paro a estos trabajadores». Los sindicatos afirman que similares situaciones se dan en ámbitos de la Sanidad, Administración local y las empresas públicas.
Además de la tutela judicial se va a solicitar el amparo de nuestros representantes en el Parlamento de Cantabria.
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