Los sindicatos denuncian la «ilegal» cobertura de puestos en Sanidad y piden la mediación de Revilla

Así lo han solicitado representantes de CCOO, UGT, SIEP, CSIF y TU este viernes en una rueda de prensa en la que han demandado que la Inspección General de Servicios haga una auditoría del funcionamiento de la Consejería y de la Gerencia del SCS.

Además, solicitan que la Intervención General audite cómo se está gestionando el capítulo I del presupuesto (relativo a gastos de personal) y la contratación «al margen de los procesos legalmente establecidos», y se depuren las responsabilidades que correspondan.

El titular de Sanidad ha respondido y ha insistido en que sí ha habido voluntad negociadora por parte de la Consejería para abordar la revisión de la RPT, algo en lo que asegura que se «se está trabajando», aunque no ha concretado las fechas. También ha explicado que ha habido «decenas» de reuniones con los sindicatos durante esta legislatura y las «seguirá habiendo», a la vez que ha incidido en que la revisión requiere de un trabajo «técnico», que debe desarrollar la Secretaría General de Sanidad junto con los representantes sindicales, y una vez que esté ese trabajo concreto que «permita adaptar la RPT a las necesidades de la Consejería, y dentro de la disponibilidad presupuestaria y de lo que marque Función Pública, habrá una nueva Relación de Puestos de Trabajo».

La presidenta de la Junta, Inmaculada Peña, ha detallado que la RPT en vigor contempla un total de 439 puestos, de los que 357 pertenecen al ámbito de la Consejería y 82 a la Gerencia del SCS.

Según ha remarcado, deben ser ocupados por funcionarios, pero solo 180 -ha cifrado- están ocupados en propiedad. Es decir, el 41%, menos de la mitad.

Y ha añadido que de los 23 puestos de Jefatura de Servicio -de máxima responsabilidad funcionarial- solo están cubiertos 12, esto es, el 52%, en tanto que el resto están vacantes, generando así una situación «muy grave». «El consejero se encuentra cómodo no cubriendo los puestos estructurales y de necesaria cobertura y utilizando dos sistemas de dotación de personal fraudulentos», ha sentenciado Peña, para insistir en que dicha cubrición se está haciendo «irregularmente e ilegalmente».

En este sentido, ha explicado que los métodos usados son, por un lado, contratación de personal dentro del programa de rastreadores que «en algunos casos» se ha dedicado a realizar funciones propias de los puestos vacantes de la RPT. «Esto es una ilegalidad, le guste al Gobierno o no», ha sentenciado.

Y, por otro lado, con personal estatutario de distintos centros de gasto del SCS que «realizan funciones encomendadas a los puestos de funcionario vacantes en la Gerencia» de este servicio e, incluso, de otras consejerías. «Hasta ese punto hemos llegado», ha censurado.

Esto demuestra, a juicio de los representantes de los trabajadores, que «no hay voluntad para cubrir los puestos vacantes legalmente» ni tampoco «para adaptar los existentes a las retribuciones que perciben sus homólogos en el resto de consejerías», ya que tienen «peores condiciones», lo que afecta a su carrera profesional.

Pero sí la hay, como han contrapuesto, «para cubrir las necesidades de personal de forma fraudulenta y al margen de la legalidad».

Según han apuntado, la «seria» carencia de personal afecta a programas como los de cribado de cáncer, que «no se caen» por el «compromiso» de los funcionarios, de los que se precisan en torno a un centenar más -han cifrado-, pues «no hay suficiente personal».

Los miembros de la Junta de Personal que han comparecido ante los medios han coincidido en que de finalizar la presente legislatura sin cubrir los puestos de trabajo ni realizar la modificación de la RPT que proceda para la equiparación de niveles y retribuciones con el resto de funcionarios del Ejecutivo autonómico, «la responsabilidad política será de todo el Consejo de Gobierno y su presidente», al que han pedido que medie para acabar con esta situación «insostenible».

Han reclamado su mediación tras la reunión urgente solicitada a principios de este mes con el consejero y el secretario general, que les atendió el pasado martes mientras Rodríguez, «como viene siendo habitual, no ha respondido».

«No recibe, no contesta, no aparece. No sabemos dónde está», se han quejado. En este punto, el portavoz de Trabajadores Unidos ha aclarado que su sindicato no se va a reunir con «ningún representante de la Consejería que no sea el consejero».

También han lamentado que el titular de la Secretaría General, máximo responsable en materia de personal, «se ha cambiado en los casi tres años que llevamos de legislatura tres veces», con sendos ceses en enero de 2021 y en el mismo mes del presente ejercicio.

Y si bien han valorado las «buenas intenciones» de todos ellos, «la realidad es que no se avanza» para solventar esta situación, y el documento de modificación de la RPT elaborado «nunca ha salido de la Consejería», en tanto que el nuevo secretario «nos ha confirmado que tampoco se va a tramitar el expediente de su antecesora», han concluido.