Los sindicatos siguen protestando por el «desguace» de Correos, abocado a una huelga en junio

CCOO y UGT han vuelto a denunciar que la «política de abandono» del servicio público postal y de Correos ha provocado «el desplome» de la carga de trabajo y una situación «insostenible económicamente», con unas pérdidas «de casi 600 millones de euros desde 2019», si se suman «los 100 millones en negativo del ejercicio 2021», y un déficit estructural «que lo sitúa al borde de la quiebra técnica».

Para los sindicatos, esta «política de desguace intencionado» de la mayor empresa pública del país ha tenido como consecuencia directa la implantación de «un modelo de empleo basura, con altas tasas de precariedad laboral en la plantilla», con «más de 10.000 puestos a tiempo parcial, lo que supone más del 20 por ciento del total».

En el caso de Cantabria, la tasa de empleo a tiempo parcial «es del 22 por ciento», muy similar a la del resto del país, y en la comunidad autónoma el «deterioro» del servicio postal público «es cada vez más evidente», también como consecuencia de esa «política de desmantelamiento, el hundimiento de su actividad y la precarización del empleo y de las condiciones de trabajo», han señalado los sindicatos.

En su opinión, tanto el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, como el Gobierno, «han demostrado muy poco interés» por el diálogo social, el consenso y la participación de los representantes de los trabajadores de Correos, «desoyendo» a la mayoría sindical, que representa al 76 por ciento de la plantilla y exige una negociación «real y efectiva» sobre el modelo postal público, su financiación y viabilidad, y «provocando la ruptura unilateral» del diálogo y la «imposición» de medidas que «han aumentado la conflictividad y la judicialización de las relaciones laborales».

Por todo ello, CCOO y UGT continuarán con las movilizaciones hacia la huelga general de junio y exigen al Gobierno «un replanteamiento» sobre el futuro del operador postal, desde un modelo de servicio público «de calidad» para la ciudadanía «contrario a la hoja de ruta de desmantelamiento» seguida por Serrano «desde hace tres años».