«El sistema de elección del Consejo del Poder Judicial está agotado y ha de modificarse»

-Estas protestas revelan un descontento generalizado. La crisis económica supuso una serie de recortes en derechos económicos y estatutarios y la recuperación económica no ha ido seguida de la recuperación de esos derechos. Este es uno de los motivos por los cuales hay una reclamación de distintos colectivos que convergen en el tiempo.

-En términos de coste económico lo más fácil sería reforzar las garantías de la independencia judicial. Tras los últimos acontecimientos en la elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es evidente que el modelo está agotado, por lo que el Legislativo tendrá que adoptar medidas de refuerzo de la independencia judicial, una independencia que desde luego existe. Pero de cara al público cada vez es más difícil mantener que, efectivamente, los jueces somos independientes, y no por la actuación de los propios jueces, sino de otros que la ponen en cuestión diariamente.

-Cuando se han hecho encuestas anónimas sobre esta materia la abrumadora mayoría de los jueces dicen que no han tenido ninguna presión, y quienes aseguran que la han sufrido, la focalizan en la opinión pública, en los juicios paralelos... y manifiestan que su reacción fue ignorarla.

-El problema está en los intentos de injerencia. Se está explicando que determinadas propuestas de nombramientos están relacionadas con una voluntad de dirigismo o de control de la actividad judicial, y eso ni es cierto ni sería posible. Pero la opinión pública lo asume como cierto, porque se lo dicen dirigentes políticos, lo que para los jueces resulta algo absolutamente injusto.

-En 32 años de carrera judicial nunca he sufrido ninguna presión ni he oído a ningún compañero que la sufriera. Nunca he recibido ni la más mínima indicación, ni directa ni indirecta. Pero no es algo extraordinario o propio de la Sala en Cantabria; es algo que resulta inimaginable que suceda. Sin embargo, estoy seguro de que los ciudadanos tienen otra percepción y no se lo creen, y lo entiendo porque la imagen que se transmite de nosotros es una imagen absolutamente distorsionada.

-La ley y la Constitución promueven la participación del Poder Legislativo en la designación del órgano de Gobierno de los jueces. Eso, desde una perspectiva formal, es correcto, mientras no se pretenda trasladar las mayorías parlamentarias al CGPJ. Pero estos días algunos grupos políticos han transmitido de manera abierta que lo que se pretendía en realidad en ese proceso de selección era tener cierto control sobre algunos tribunales a través de la designación de determinados miembros. Eso, a parte de que no es posible, da una imagen distorsionada y muy negativa de la justicia. Quien piense que el presidente de una Sala del Tribunal Supremo o un presidente de un Tribunal Superior de Justicia puede influir en las resoluciones judiciales que dicte ese tribunal, o es un absoluto ignorante o muy ingenuo o tiene mala fe.

-Es otra manifestación de que las personas que han transmitido como se ha producido este proceso no han estado nada acertadas, porque nadie pudo decir cabalmente que el presidente del futuro CGPJ iba a ser determinado magistrado. Es razonable que dentro de las negociaciones sobre el futuro CGPJ se incluya, no sólo el nombre de los vocales, sino que también salga a colación algún candidato a presidente o presidenta. Pero decir ya que va a ser presidente del CGPJ tal persona, cuando ni siquiera se ha constituido el mismo, es un error.

-La trayectoria de Marchena, tanto como fiscal como magistrado, es impecable y era un buen candidato, porque es una de las mejores cabezas que tenemos en la carrera judicial. Cuando vio la magnitud que estaban adquiriendo determinadas informaciones sobre su falta de independencia o su posible participación en manejos extraños de su tribunal ha dignificado la carrera judicial con su decisión. Los jueces y las asociaciones judiciales participan en ese proceso porque es el único sistema que tenemos para acceder al órgano de gobierno. Pero en ningún caso nos puede desprestigiar, ni transmitir a la opinión pública que estamos sujetos al mandado de aquellos que nos proponen.

-Lo que se ha puesto en evidencia es que el sistema de elección del CGPJ está agotado y ya no resiste, por lo que ha de modificarse. Ya está claro que la finalidad de aquellos que lideran el proceso de selección de candidatos es pretender el control judicial, cuando su función es designar candidatos de gran prestigio. Todos los que acceden a esas candidaturas lo hacen con el ánimo de mejorar la administración de justicia y gobernar el Poder Judicial con honestidad y dignidad. Sin embargo se ven sometidos a manejos que luego no pueden controlar. Si el sistema no cambia de cara al futuro, no sé si va a haber jueces que quieran someterse a ese proceso, que en estos momentos supone una pérdida total de prestigio.

-Mire, en el anterior CGPJ valoré presentar mi candidatura y, de hecho, lo hice tan tarde que la presenté fuera de plazo. En ese momento era un nuevo sistema de funcionamiento y me pareció atractivo. Ahora ni me lo he planteado, y eso que esta vez han participado todas las asociaciones, excepto Foro Judicial Independiente, porque parecía que el sistema tenía más legitimación dentro de los propios jueces y magistrados. Sin embargo ha salido como ha salido. Los jueces han colaborado absolutamente en la renovación del órgano de Gobierno, que es nuestra obligación, pero, claro, no a costa de que nuestro prestigio se ponga por los suelos.

-Si el Gobierno ha promovido una reforma de la ley para que sean las entidades bancarias quienes paguen ese impuesto de las hipotecas es porque los jueces valoraron cambiar el criterio. Esa ley ha estado vigente más de 20 años y nunca nadie en el Ejecutivo se planteó que el sujeto pasivo fuera alguien distinto del prestatario. El cambio se ha producido porque abogados y jueces han valorado si esa situación era o no adecuada, y el Tribunal Supremo decidió revertir esa situación en contra del criterio consolidado de esa Sala durante años anteriores.

-En Cantabria no hay un problema sistémico de corrupción, como no lo hay en España, por mucho que parezca. Lo que ha sucedido en Cantabria es que durante un año se han acumulado enjuiciamientos de años muy anteriores, que se han concentrado en la sección tercera de la Audiencia y en el Juzgado de lo Penal 3 básicamente, y los hemos tenido que reforzar.

-Es una decisión política y si el Gobierno de Cantabria decide que esta oficina funcione, no tengo nada que decir. Pero en el momento en que haya un mínimo indicio de que se ha producido una conducta delictiva tendrá que intervenir la Fiscalía y los órganos de Justicia. Como ha dicho muy bien la fiscal superior, a lo mejor tendríamos que plantearnos reforzar el personal de las fiscalías y de los órganos judiciales, porque igual es más eficaz en la lucha contra la corrupción.

-Ahora está a pleno rendimiento, pero cuando el volumen de litigiosidad es tan alto evidentemente se produce una situación de colapso. Cuando la demanda de justicia quintuplica los medios que tenemos, es inevitable que se produzcan disfunciones. Los refuerzos de personal se mantienen, aunque el Ministerio de Justicia sigue sin aportar un letrado, que es muy necesario.

-Meterme en la cabeza de cada juez me resulta imposible. Lo que tengo claro es que los posibles prejuicios o la ideología que cada juez tenga es algo que no se proyecta en sus resoluciones. El primer paso de la independencia judicial comienza por ser independiente de uno mismo. Esos dos casos son un tema de valoración de prueba y no de reflejo de una posible ideología de un juez en una resolución judicial.

-No es que sea conveniente, es que son obligatorios para los jueces que conocen esa materia de violencia de género.