El juez archiva la querella de los taxistas contra Felipe Piña por prevaricación continuada

Nada más conocerse la decisión, Piña se ha expresado a través de las redes sociales: «Siempre defendí que habíamos actuado conforme a la Ley. La Justicia me ha dado la razón». Hasta ahora, había mantenido silencio y ni siquiera se había pronunciado cuando la querella fue admitida a trámite. Siempre se ha remitido a las declaraciones que hizo a este periódico en enero cuando aseguró que el cambio de criterio para la concesión de las tarjetas se produjo para cumplir con el real decreto de 1979 que regula el sector. Un extremo que hasta entonces había obviado tanto él como todos sus antecesores en el cargo. Por su parte, la Federación Cántabra espera a la reunión de su junta directiva para estudiar el fallo, pronunciarse y decidir si presenta alegaciones.

La noticia del archivo llega en un buen momento para Piña, inmerso en plena campaña electoral a sólo 13 días de las elecciones. El Juzgado inició la diligencias previas el pasado 25 abril, cuando ordenó que comunicará la decisión tanto al denunciado como a los servicios jurídicos del Gobierno. Les pidió que le remitieran el informe jurídico elaborado para denegar la autorización de la tarjeta (VT) a David Gómez Pérez, el taxista que después de hacerse con la licencia municipal por la jubilación de un compañero se topó con la negativa de Transportes.

El colectivo que compone la Federación Cántabra del Taxi, que engloba a más de 400 profesional, decidió presentar el pasado 11 abril, tal y como adelantó este periódico, una querella criminal contra el titular de Transportes en base a tres delitos: uno de prevaricación, otro de prevaricación continuada y un tercero «por omisión».

La vía judicial fue el último rescoldo que le quedó a la patronal del taxi para luchar por lo que consideran una decisión injusta. Antes lo habían intentado por la vía administrativa. A finales de febrero, a través de un recurso de alzada, pidieron a Piña que recapacitase y autorizase el título.

Para entender la dimensión de la guerra abierta entre ambos frentes hay que remontarse a los orígenes. David Gómez Pérez, el taxista de Cabezón de la Sal, decidió el año pasado comprar una licencia municipal a un compañero que se jubilaba. La ordenanza municipal se lo permitía, así que sólo necesitaba el visto bueno de la Dirección General de Transportes. Hasta entonces, el organismo que dirige el ahora también candidato a la Alcaldía de Santander por el PRC, no había puesto ninguna pega, pero Gómez Pérez se convirtió en el primer afectado por el cambio de criterio del organismo adscrito a la Consejería de Industria de Javier López Marcano.

Un taxi necesita dos permisos para poder trabajar. Una licencia que es la que concede el ayuntamiento y una tarjeta (VT), la que permite al vehículo salir del municipio, que expide Transportes. Piña explicó a este periódico en enero que el cambio de criterio se debía a una sentencia contra una empresa de autobuses de Comillas -Autobuses La Cantábrica-, a la que la Justicia había denegado la licencia al no cumplir los requisitos de un real decreto de 1979, el que regula el sector a nivel nacional, que nunca había exigido en estos más de 40 años. Tras esa sentencia estaba la Federación Cántabra del Taxi.

La distancia entre taxistas y Gobierno regional es elevada actualmente, según los primeros porque el Ejecutivo, con sus decisiones, «trata de beneficiar a las empresas de autobuses». Así lo explicó el presidente de la Federación Cántabra, Manu Andoni Ruiz, cuando conoció la intención de rechazar, en la vía administrativa, la tarjeta al profesional de Cabezón de la Sal.