Sólo el 25% de las 12.000 familias cántabras que han solicitado el ingreso mínimo ya lo cobra

Según la estadística del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, en los doce primeros meses de funcionamiento de esta nueva herramienta habían solicitado el IMV 11.788 familias de Cantabria. De todos los expedientes, únicamente han tenido una respuesta positiva 3.004, lo que supone un 25% del total. El porcentaje restante corresponde a los 6.579 que han sido denegados porque los solicitantes no cumplían con las condiciones mínimas de la prestación, a 197 que están incompletos y que requieren de alguna subsanación por parte del interesado y a los que están pendientes de valoración.

3.004expedientes de ingreso mínimo están aprobados en la región, lo que se traduce en 7.619 beneficiarios.

Todavía hay margen de crecimiento en el número de beneficiarios del ingreso mínimo vital si se tiene en cuenta que en junio de 2020, cuando se instauró, había en la comunidad autónoma 5.898 perceptores de la renta social básica (RSB), la figura equivalente que desde hace años viene funcionando en Cantabria. Tanto desde el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) como desde sindicatos como UGT consideran que prácticamente todos aquellos que tenían derecho a cobrar el subsidio autonómico también podrán acceder al estatal, ya que los requisitos son muy parecidos. Es decir, que habrá un trasvase de beneficiarios paulatino. Trasvase que ya se está produciendo. A comienzos de este verano, según respondió la Consejería de Empleo y Políticas Sociales a una pregunta parlamentaria de la diputada popular Isabel Urrutia, había 4.468 perceptores de la renta social básica, lo que supone una caída de 1.230 respecto a doce meses atrás.

Desde que arrancó este proceso, el Icass viene insistiendo en que ningún cántabro que tenga derecho a la ayuda se quedará en el limbo durante ese periodo de transición. Que hasta que el beneficiario no empiece a cobrar el ingreso mínimo no dejará de cobrar la renta básica universal.

De hecho, como la prestación del Ministerio tiene unas cuantías ligeramente inferiores -unos 27 euros de media, dependiendo de los supuestos-, el Icass sigue ingresando la diferencia para que no haya una pérdida de poder adquisitivo. En cualquier caso, la repercusión económica para las arcas de la comunidad autónoma es notable. El Estado ya está descargando a la Consejería de pagar una parte importante de los 25 millones de euros que anualmente reservaba para la renta social básica.

Así, el Icass gastó en junio de 2020 cerca de 2,75 millones de euros en este concepto, frente a los 1,9 millones de euros de junio de 2021. Son 800.000 euros de diferencia mensuales, que, a lo largo de un año completo, de mantenerse esta tendencia, llegaría a 10,2 millones de euros. Un dinero que se destinará a otros fines aún por determinar. La idea es que más pronto que tarde se complete todo el proceso de transición, aunque la dificultad de los procesos administrativos y la saturación que tienen los funcionarios está haciendo que esa parte avance despacio.

En cualquier caso, lo que también es seguro es que el ritmo en la recepción de solicitudes en las ventanillas de la Seguridad Social va disminuyendo con el paso del tiempo. Del aluvión de expedientes del inicio se ha pasado a una estabilización en la llegada de nuevas peticiones. Así, en los primeros cuatro meses (entre junio y octubre de 2020) se sellaron 8.491 expedientes, más del doble de los que han llegado en los ocho meses siguientes.

493,73 euros es el importe medio del ingreso mínimo en Cantabria, frente a los 448,67 de la media de España.

El ingreso mínimo vital se paga por hogar. Así, los 3.004 expedientes ya aceptados en Cantabria se traducen en hasta 7.619 beneficiarios (2,68 personas por expediente). La estadísticas del Ministerio que dirige José Luis Escrivá también permite dibujar un perfil de los perceptores. Por ejemplo, se puede saber que en esos hogares hay 4.430 adultos y 3.189 menores con dificultades económicas severas que están accediendo a la prestación. 3.004 unidades familiares en las que la edad media es de 27,8 años, algo por debajo de la media nacional. Por sexos, el 43,1% son hombres y el 56,9%, mujeres.

La unidad familiar más común es la formada por un adulto y un único menor (617 casos), seguida de la que la constituye únicamente un adulto (600 expedientes). Además, hay 915 hogares monoparentales con uno o más hijos. Y la prestación media de la región es de 493,7 euros frente a los 448 de la media del país.