Sólo los ayuntamientos del PSOE acatan que Moncloa «confisque» el superávit

Sin embargo, los ayuntamientos del PP o del PRC se oponen radicalmente y hablan de «confiscación de recursos aportados por los ciudadanos por parte del Gobierno central». Es el caso del Ayuntamiento de Santander. «No lo entiendo. Me parece totalmente injusto, desleal y mezquino. Exigimos al Gobierno que permita utilizar la totalidad del superávit y los remanentes con libertad de gasto». Así de rotunda se mostró la alcaldesa, Gema Igual, quien ha defendido esta postura desde el inicio de las negociaciones. La regidora considera «inaceptable» que Hacienda pretenda «apropiarse de los ahorros de los santanderinos y además tener la desfachatez de obligar a dedicar ese dinero a lo que el Gobierno considere, pasándose por alto las necesidades de los ciudadanos, que el Ayuntamiento conoce mejor que ninguna otra institución».

La medida, impulsada desde el Ejecutivo central formado por el PSOE y Unidas Podemos, ofrece a los ayuntamientos una aportación de los Presupuestos Generales del Estado de 5.000 millones de euros a fondo perdido (2.000 para este año y 3.000 para el próximo) siempre que pongan sus remanentes a disposición del Estado, que los devolverá en un plazo de 15 años a partir del 2022. Precisamente este plazo (que hace referencia al tiempo de amortización del préstamo) es otro aspecto criticado por Igual. «El Gobierno ha modificado en el BOE el acuerdo que presentó en la Federación de Municipios ampliando el plazo de amortización del préstamo de diez a quince años a partir de 2022». Este hecho aporta «muchas incertidumbres y ninguna certeza» y el Ayuntamiento de Santander no se debe «plantear proyectos sustentados en castillos en el aire».

El segundo ayuntamiento más grande de Cantabria también es otro de los núcleos duros contra esta propuesta. Torrelavega, bajo el mandato del alcalde regionalista Javier López Estrada, se muestra «totalmente en contra» del acuerdo de la FEMP. «Se trata de una confiscación a la fuerza de los recursos aportados por los ciudadanos y que el Gobierno central pretende adueñarse de ellos para, además, decirnos cómo, cuándo y dónde gastarlos. Es como si tienes un dinero a plazo fijo y va el banco, se queda con él y te dice que se los has prestado y la forma de devolverlo es dejar que te gastes más los próximos 10 años, pero en realidad devolvértelo no te lo devuelve nunca», critica el alcalde, quien destinaría ese dinero a dotar con «nuevos cheques resistencia a las actividades más afectadas y las necesidades básicas que se puedan presentar, como alimentos o suministros básicos».

En Potes, el popular Javier Gómez entiende que esta propuesta es un «chantaje» porque «o no utilizas esos fondos de tesorería o los utilizas como dice el Gobierno central». Además, se queja de que las cuatro líneas básicas del documento son «muy poco aplicables al mundo rural». «Tenemos otras necesidades más inmediatas», añadió. A la alcaldesa regionalista de Comillas, Teresa Noceda, este acuerdo le parece «muy mal». «Se trata de un dinero que pertenece a los ayuntamientos, que llevamos ahorrando varios años y que debe redundar en beneficio de los vecinos». En Noja, el también regionalista Miguel Ángel Ruiz lamenta que se les va «a obligar a valorar nuevamente cómo hacer frente a situaciones que ya teníamos pensadas de otra forma». «El acuerdo no ha sido correcto. Ni en su contenido ni en el modo en que lo han hecho».

Una de las críticas de regionalistas y populares es que el acuerdo defiende que los ayuntamientos podrán usar el dinero en actuaciones que se desarrollen en el ámbito de la agenda urbana, movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura al objeto de que las entidades locales tengan un papel destacado en la reconstrucción del país tras la emergencia sanitaria. PP y PRC demandan destinar libremente los fondos y piden más proyectos en atención básica y potenciación de la economía.

Sin embargo, los ayuntamientos socialistas coinciden en que el documento aprobado es «mejor que el anterior», aunque «siempre se puede mejorar». «Que se haya abierto el abanico de opciones de inversión y que cambie la regla del techo de gasto nos va permitir realizar más actuaciones en Castro, como renovar la red de saneamiento o proyectar un teatro municipal. Los ayuntamientos deben ser solidarios. El Estado no nos va abandonar y nos va a dar dinero a cambio de un préstamo», declaró el concejal de Promoción Económica de Castro Urdiales, Pablo Antuñano. Y es que «el poder utilizar el fondo de tesorería, aunque sea de forma diferida, es muy importante». «Sería un balón de oxígeno a nuestra propia financiación», apuntó el alcalde de Bezana, Alberto García. Esta postura es compartida por su homólogo en Santillana del Mar, Ángel Rodríguez: «Yo no lo llamo confiscar porque en un principio, dentro del fondo europeo, nos dan una inyección económica importante. Al final, si en 10 o 15 años nos lo van dando, será bueno para los vecinos del municipio. Puede ser como tener un plan de ahorro. A todos igual nos gustaba gastarlo de una tacada, pero puede ser mejor esta opción», indicó.

«El planteamiento supone dentro del mal, el mal menor para poder ir invirtiendo una parte de dichos ahorros», señaló el alcalde socialista de San Vicente de la Barquera, Dionisio Luguera, quien quiso recordar que la imposibilidad de poder gastar el remanente se debe a la 'ley Montoro'.

La alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, fue la única socialista que se abstuvo en la votación de esta medida en la Federación Cántabra de Municipios, aunque defiende que «ahora tenemos un documento y antes no teníamos nada». «Me abstuve porque el texto era tan reciente que no tenía datos de la viabilidad para Camargo». Bolado ha mandado a Intervención que valore el acuerdo y lo que supondría para su municipio. «Es un decreto muy técnico y hay conceptos en los que me tengo que apoyar en expertos. Una vez tenga la valoración, veré la particularidad de Camargo y si le viene bien aceptar esa propuesta o no».