Sólo ocho de los veinte ayuntamientos más poblados tienen aprobado su Presupuesto

La Ley previene unas fechas de elaboración y aprobación del Presupuesto para que pueda entrar en vigor, previa publicación en el BOC, el 1 de enero del ejercicio al que corresponde, pero muy pocos ayuntamientos lo cumplen. Bien porque el partido o coalición gobernante está en minoría frente a la oposición y no es capaz de llegar a acuerdos para sacar adelante las cuentas; bien porque lo hacen con retraso, quedando hasta entonces automáticamente prorrogado el del año anterior. En estos últimos casos confluyen variadas razones, entre ellas la espera hasta saber qué subvenciones reciben desde el Gobierno regional para cuadrar las inversiones. La demora media suele ser de tres o cuatro meses, aunque hay casos que se extienden más allá. «Ahora, entre marzo y abril, se aprueban muchos presupuestos», sostiene Pablo Diestro, presidente de la Federación de Municipios de Cantabria y alcalde de Reocín, en alusión a un retraso completamente generalizado dentro de la Administración.

Los casos más llamativos son los de Laredo y Castro Urdiales, que llevan con el Presupuesto prorrogado desde 2014. Es decir, en la actual legislatura no han podido aprobar ninguno. En el caso del municipio pejino porque el PSOE es minoría en el gobierno local y no llega a acuerdos con la oposición, aunque el alcalde Juan Ramón López Visitación tiene la esperanza de romper este año la dinámica.

Y en el caso del Ayuntamiento castreño, los concejales de CastroVerde también están en la actualidad en minoría (en 2017 rompieron su pacto con el PSOE), pero el problema tiene que ver más con las trabas que pone el interventor municipal. Incluso el Tribunal de Cuentas puso en entredicho hace apenas tres meses la gestión económica de Castro. En su Informe de Fiscalización, criticó que el Ayuntamiento «sigue sin utilizar el Presupuesto como instrumento básico de gestión, planificación y toma de decisiones», lo que ha dado lugar, al margen de la «consiguiente falta de planificación de la actividad económico-financiera», a modificaciones presupuestarias por el 84% de los créditos iniciales en el periodo entre 2009 y 2017. Modificaciones que, además, se realizaron en conceptos y por cuantías «que finalmente no se materializaron en la ejecución del correspondiente gasto». Una encrucijada con difícil solución, ya que si el equipo dirigido por Ángel Díaz Munío no consiguió sacar adelante las cuentas cuando gobernaba en alianza con el PSOE, ahora en solitario parece inviable.

Santoña es otro municipio con presupuestos 'históricos'. Los suyos están prorrogados desde 2015. La razón esgrimida es la falta de interventor, porque el pacto tripartito entre PSOE, PRC y Activa Santoña les permite tener mayoría absoluta. El Ayuntamiento ya ha contratado a una interventora y el alcalde, el socialista Sergio Abascal, anunció en un reciente pleno que el documento estará listo «próximamente».

Por su parte, el Ayuntamiento de El Astillero, donde gobierna la coalición PRC-PSOE con el regionalista Francisco Ortiz a la cabeza, tiene prorrogadas las cuentas desde 2016 y es difícil de prever lo que puede suceder con las de este año después de que el pasado jueves el voto de ambos partidos fuera radicalmente diferente en un Pleno extraordinario.

En Camargo también está vigente el Presupuesto de 2016, prorrogado ya durante dos años. La coalición PSOE-PRC, con respaldos puntuales de Izquierda Unida (que por ejemplo sí apoyó los presupuestos de 2016), suma sólo diez concejales, los mismos que el Partido Popular en la oposición. El elemento diferenciador lo enarbola el concejal no adscrito Marcelo Campos, que fue destituido como concejal de Servicios Sociales a raíz de una investigación interna realizada a la Plataforma de Alimentos y, como consecuencia, no parece estar por la labor de sostener ningún proyecto del equipo de gobierno.

Más de lo mismo en Cabezón de la Sal, donde el Presupuesto permanece prorrogado desde 2016 porque el año pasado no se aprobó y éste, de momento, tampoco. La previsión del alcalde, el regionalista Víctor Manuel Reinoso, es poder someterlos a la aprobación del Pleno durante abril. Cabezón es un ejemplo de las singulares alianzas que depararon los resultados de las elecciones de 2015: PRC, PSOE e IU gobiernan en coalición, siendo ahora mismo alcalde Reinoso, que ostenta el cargo desde el ecuador de la legislatura, ya que hasta entonces lo fue la socialista Isabel Fernández. PSOE y PRC decidieron que gobernarían dos años cada uno para garantizar el pacto y, por tanto, la gobernabilidad. El año pasado, el cambio de alcaldía del PSOE al PRC coincidió con la dimisión de la interventora y los presupuestos no se pudieron llevar a pleno, porque, básicamente, no había nadie con capacidad para redactarlos, así que prorrogaron el de 2016. Este año, ya con el cargo de interventor cubierto, no debería haber problemas.

En Torrelavega, la previsión es llevar al Pleno el Presupuesto de 2018 entre lo que resta de marzo o abril, algo ya habitual en la capital del Besaya. Pero el equipo de gobierno PSOE-PRC que lidera el socialista José Manuel Cruz Viadero está en minoría y necesita apoyos para aprobarlo. El año pasado contó con el voto de PP y ACPT, pero lo que sucederá éste es una incógnita hoy en día. De momento, el Presupuesto de 2017 está prorrogado automáticamente desde enero.

Algo similar ocurre en Reinosa, donde aún no se han presentado los Presupuestos. Los de 2017 fueron aprobados gracias a la abstención de Reinosa en Común (REC), que permitió al PRC de José Miguel Barrio sacar adelante las cuentas. Este año no se han producido aún acercamientos con ninguna de las fuerzas de la oposición.

Por su parte, Piélagos, donde gobiernan el PSOE y PRC en minoría, con la socialista Verónica Samperio como alcaldesa, «sigue trabajando» en la configuración de sus Presupuestos para 2018, manteniendo en vigor el del anterior ejercicio.

En Colindres los Presupuestos saldrán adelante sin problemas... cuando lleguen al Pleno. El equipo de gobierno del PSOE que lidera el alcalde Javier Incera tiene mayoría absoluta e incluso ha conseguido la unanimidad de la corporación (PP y PRC están en la oposición) en los dos últimos ejercicios. Las causas de la demora de este año radican, según explica el propio Incera, en cuatro grandes obras que suman casi dos millones de euros -tres de las cuales estaban a la espera de la resolución del Plan de Obras Públicas del Gobierno- que debían 'encajarse' en las cuentas. «Los técnicos acaban de terminar los informes y esperamos aprobarlas a finales de marzo o principios de abril».

También hay casos singulares que retrasan la aprobación, como sucede ahora mismo en Reocín, con el secretario del Ayuntamiento de baja paternal. «Tenemos el Presupuesto cuadrado y la idea era llevarlo al Pleno este mes, pero nos falta el informe de la Secretaría... Como mínimo se retrasará un mes más», confiesa el alcalde Pablo Diestro (PRC), que gobierna en coalición con el PSOE.

En Suances la provisionalidad se terminará el 26 de marzo, cuando se celebrará, «un poco más tarde de lo habitual», el Pleno correspondiente, tal y como señala el alcalde Andrés Ruiz Moya. La mayoría del PSOE asegura la aprobación de las cuentas.