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Los vecinos de la calle Bernardo Lavín, en El Astillero, alertaron al 112 pasadas las once de la noche del pasado domingo. Un hombre de ... 36 años, vecino de Sarón, había reventado la puerta del domicilio de una mujer y se había colado en la casa para recriminarle asuntos personales mientras le amenazaba con un machete. Los agentes comprobaron al llegar que era un viejo conocido porque cuenta con antecedentes penales por delitos contra la salud pública y tenencia ilícita de armas. De hecho, mientras en una mano esgrimía el machete, con la otra sujetaba una bebida alcohólica. Sin ceder en su actitud violenta, el hombre continuó avanzando hacia los policías sin hacer caso de los avisos para que soltara el arma y se entregara, y entonces fue cuando le dispararon con el arma eléctrica, le inmovilizaron, le detuvieron y se lo llevaron.
«Estas armas son una herramienta muy útil porque constituyen una escalada en la proporcionalidad sin tener que llegar a disparar un arma de fuego, pues es el escalón inmediatamente anterior a ello», señala Daniel Domingo, responsable de la Policía Local de El Astillero. «De otra manera en una circunstancia como esa, en la que el hombre está amenazando a terceros y también a los agentes con un arma de esas características, no hubiera quedado más remedio que dispararle, y eso, evidentemente, tiene otras implicaciones», argumenta el responsable.
Es el único cuerpo municipal que ha usado estas armas en todo este tiempo y lo hizo por vez primera hace un año, cuando tuvo que acceder a una vivienda para reducir a otro hombre que estaba en una actitud «muy violenta» porque acababa de sufrir un brote psicótico tras consumir gran cantidad de drogas.
La llegada de las primeras pistolas eléctricas a las policías locales de Cantabria tras su legalización en diciembre de 2022 con la nueva Ley de Coordinación despertó una avalancha de críticas por parte de quienes consideraban que es un instrumento peligroso; pero todas esas voces han quedado diluidas por la evidencia práctica: casi nadie las utiliza. Sólo cinco municipios de los 33 que tienen cuerpos municipales las han adquirido: Santander, Comillas, Los Corrales de Buelna, Santa María de Cayón y El Astillero; y de todos ellos, sólo el último las ha disparado.
El concejal de Seguridad Ciudadana de El Astillero, Vicente Palazuelos, destacó que gracias a la rapidez de la Policía Local y a la puesta a disposición de elementos de control como estas pistolas eléctricas «se evitó una tragedia». «Es importante la formación continua y seguir dotando de herramientas tan útiles en el día a día de su trabajo a los agentes», subrayó Palazuelos en un comunicado.
Los agentes de Los Corrales de Buelna y de Santa María de Cayón ya están armados con estas pistolas que requieren de un protocolo muy complejo para su uso. Una normativa que cada ayuntamiento ha de redactar. Por eso en Santander aún no las han estrenado. «Hemos tardado unos meses en la redacción del protocolo y ahora tenemos pendiente la aprobación definitiva», destaca José María López, oficial de apoyo a la jefatura.
«Hay que tener en cuenta que estamos hablando que hay que tener muy claros los criterios de justificación del uso;la custodia de los elementos que luego han de presentarse ante el juez, pues cada cartucho tiene un número de serie, e incluso la previsibilidad. Esto es, tener en cuenta que, si se puede, ha de solicitarse con antelación una ambulancia para el caso de que tras su uso el sujeto pueda requerir asistencia sanitaria».
Son varias las voces que reclaman un protocolo único para el uso de estos dispositivos en todas las policías locales de Cantabria; aunque lo cierto es que de momento nadie ha hecho pública esta solicitud. «No al menos a nosotros. Nadie nos ha comunicado nada», expresa Mónica Escobedo, directora general de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de Cantabria.
«Lo que hay por ahora es una formación específica para el uso de estas armas en el curso básico de formación que se imparte a todos los policías de nuevo ingreso, y luego también hay otros cursos que sirven para la formación continua de los agentes que ya tienen su plaza», matiza Escobedo, que insiste en que «no existe una inquietud especial por el uso de estos dispositivos» porque «no los tienen más que cuatro ayuntamientos y apenas los utilizan».
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Ana del Castillo
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