Solo el PSOE justifica en Cantabria la financiación singular para Cataluña

La propia presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, amenazó ayer con ser «beligerantes al máximo» y «llegar hasta donde tengamos que llegar» si se materializa la propuesta de una financiación especial a Cataluña en perjuicio del resto de comunidades. De hecho, hace solo un mes, el Gobierno de Cantabria ya anunció que iría a la Justicia si se produce un cambio unilateral de la financiación autonómica.

El expresidente Miguel Ángel Revilla (PRC) también se mostró en desacuerdo con cualquier cambio que amenace los intereses de Cantabria. «El Gobierno no puede decidir sólo con Cataluña cuestiones que afectan al conjunto de los españoles. Esperamos que el acuerdo que se busca en Cataluña no llegue a plantearse en términos perjudiciales para ningún territorio», avisó el líder regionalista.

Para la portavoz de Vox en el Parlamento, Leticia Díaz, este plan de Sánchez no hace más que confirmar «su intento de contentar al separatismo catalán». «Un egoísmo territorial mal entendido lleva a algunas regiones a querer acaparar la máxima financiación posible. Todo ello aprovechando la debilidad política del Gobierno de Sánchez y el chantaje continuo al que se ve sometido», denunció.

La realidad es que cualquier cambio del modelo de financiación territorial tiene muchas posibilidades de ser perjudicial para el estatus privilegiado que tiene Cantabria actualmente. Eso es debido a que nuestra región es, a día de hoy, la comunidad autónoma que recibe del Estado más dinero por habitante, fruto del reparto que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero pactó con los territorios en 2009.

En aquel entonces se decidió atender al criterio del coste efectivo de los servicios, en detrimento de la población, tal y como exigían comunidades como Cantabria, Asturias, Galicia o Castilla y León, que tienen a su población dispersa en pequeños núcleos, lo que dispara los costes. Algo que no gustó nada a regiones como Andalucía, Valencia o Madrid, muy beligerantes con el modelo actual.

El Ministerio de Hacienda lleva varios años poniendo sobre la mesa la necesidad de reformar esta herramienta. Incluso, en 2021 llegó a elaborar un documento base con varios escenarios en los que, en el peor de los casos, Cantabria llegaba a perder 500 millones de euros de financiación, según calcularon desde el Gobierno regional. Pero nada se ha movido desde entonces. Hasta ahora.

Zuloaga sí reconoce la «singularidad» de Cantabria y la necesidad de defender el coste efectivo de los servicios en función del envejecimiento de la población, de la orografía, de la dispersión y baja densidad poblacional de las zonas rurales y del peso económico que supone el Hospital Valdecilla. Pero al contrario que otros barones socialistas no pone en duda ni critica ni disiente del plan de Sánchez que incluye esas cesiones especiales a Cataluña, ya que «la mayor desigualdad territorial» la provoca el 'dumping fiscal' del PP en Madrid.

El líder socialista cántabro también recordó la quita de la deuda a todas las comunidades autónomas, con el objetivo de que ese dinero se destine a servicios públicos, promovida por Pedro Sánchez, como un ejemplo del compromiso del presidente de mejorar la financiación territorial.

Buruaga enmarcó esta reforma de la financiación en un escenario ya conocido y repetido en otras ocasiones: «Surge cada vez que los socios independentistas aprietan las tuercas a Sánchez». «Desde Cantabria rechazamos de pleno la bilateralidad y cualquier privilegio, cualquier trato singular, cualquier desigualdad financiera y, por supuesto, no vamos a tolerar que se quiebre la igualdad entre los españoles, la solidaridad entre los regiones, para blanquear los privilegios y los pactos con el independentismo», subrayó la presidenta regional.

Casi en la misma línea se expresó Miguel Ángel Revilla, que pidió que cualquier cambio del modelo se abordé «con todos los territorios por unanimidad», en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están representadas todas las comunidades y el Gobierno. «Atender a unos no puede traducirse nunca en desatender al conjunto, ni en agravios entre unas comunidades y otras», señaló.

Para Vox, esta situación tampoco es nueva, ya que «hace tiempo que ciertas autonomías pretenden romper el equilibrio territorial y gozar de un estatus diferenciado», criticó la parlamentaria Leticia Díaz.

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