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En las residencias de mayores de Cantabria, donde el covid-19 causó estragos, llevándose por delante la vida de 141 personas, cruzan los dedos para que el virus no vuelva a entrar ahora que está prácticamente fulminado. El último balance apunta que ... sólo quedan siete residentes con la infección activa (seis en la Fundación Asilo de Torrelavega y uno en el CAD San Miguel de Meruelo) de los 757 que resultaron afectados; a los que aún hay que añadir once trabajadores de los 300 que llegaron a contagiarse. Son los últimos coletazos de una pandemia que golpeó con saña al sector de la dependencia.
Por eso ahora los esfuerzos, tanto por parte de la Administración como de los empresarios, se concentran en buscar la manera de coordinar las medidas para que «el virus no nos vuelva a coger con el pie cambiado en caso de rebrote», destaca Rubén Otero, presidente de FED Cantabria, que reconoce que «se empieza a ver la luz». Y ya no sólo porque la incidencia del virus se limita a casos contados y la «situación está controlada», sino también porque «todos hemos aprendido de esta crisis, en la que se ha reconocido que ha habido errores». Prueba de ello, es que, además del grupo de trabajo creado desde la Consejería de Sanidad para analizar la respuesta dada a estos centros durante la crisis, de cara a introducir mejoras en el futuro, se está diseñando otro equipo, en este caso formado por técnicos de Políticas Sociales y de Sanidad, que quiere contar con la voz de las patronales del sector de la dependencia, con un objetivo claro: coordinar la asistencia a las residencias en la normalidad post-covid. «Nos han llamado, que ya es un primer paso. Vemos que hay voluntad de hacer bien las cosas», confía Otero.
El director general de Políticas Sociales, Julio Soto, explica que «queremos que sea un grupo de trabajo técnico que prepare los planes de actuación para que, si vuelve, el virus no nos vuelva a pillar, como nos pasó en marzo. Entonces no teníamos experiencia ante una situación como esta, nos encontramos con falta de medios de protección y cuando quisimos atajar el problema, ya había residencias con varios positivos». Lo que se busca ahora es «aprender de lo vivido, para dar una respuesta rápida a los posibles rebrotes y conseguir cortar la cadena de contagio lo antes posible», añade Soto. La primera reunión de este grupo de trabajo está convocada, en principio, para el 25 de junio. «Prepararnos para el futuro es un tema capital, es terrible los fallecimientos que hemos tenido». Y eso que, recuerda, solo se vieron afectadas una cuarta parte de los centros residenciales de Cantabria.
Al hilo de la polémica desatada en Madrid por los protocolos de atención sanitaria aplicados para los infectados por covid-19 de las residencias de mayores, que limitaban la derivación a los hospitales, tanto desde el Servicio Cántabro de Salud como desde el Icass aclaran que en Cantabria nunca hubo ninguna instrucción en ese sentido.
Las residencias, que en las últimas semanas han avanzado en su propia 'desescalada', aún controlando la frecuencia de las visitas y reforzando las medidas de seguridad, esperan una adaptación de su normativa acorde a la nueva realidad impuesta por el coronavirus. Mientras tanto, desde la Dirección de Salud Pública se ha seguido realizando el testado de covid a toda la población de las residencias de Cantabria, llegando ya al 90%. En concreto, de 6.369 residentes han pasado la prueba 5.746, realizándose 11.558 test en total (8.448 PCR y 3.110 de anticuerpos), sin contar los referidos a la plantilla de los centros.
Un balance que no está completo, apuntan desde Salud Pública, porque «aún hay un 40% de resultados de test serológicos que se están procesando». El informe de situación publicado por el Icass señala que el virus afectó a 300 profesionales sociosanitarios, de los cuales 289 ya se han curado. Quedan sólo de baja siete trabajadores de El Asilo de Torrelavega, y uno de la Fundación San Cándido, otro de La Loma, otro de Los Robles y otro de Virgen de Valencia.
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