Sólo siete municipios cántabros superan la proporción de dos cotizantes por pensionista

Hay que apuntar, no obstante, que ese máximo en el número de cotizantes ha venido de la mano de otro en el de pensionistas: 9,3 millones en 2024, consecuencia de su crecimiento imparable durante todo este arranque de siglo. Desde 2005, la cifra de pensionistas ha aumentado en dos millones, a un ritmo de entre 100.000 y 200.000 por año, un proceso que se irá acelerando a medida que la generación del baby boom -los nacidos entre 1957 y 1977- vayan alcanzando la edad de jubilación. Según las proyecciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), España contará con cerca de 16 millones de pensionistas en 2050.

La ratio de trabajadores por pensionista no es igual en todas las regiones del país, aunque la hucha de las cotizaciones sí lo sea y se distribuya sin atender a estos criterios territoriales. Cantabria es una de las comunidades que no alcanza ese mínimo de dos cotizantes, con una media de 1,6 por pensionista. Es más, de sus 102 municipios, solamente siete lo superan: son Marina de Cudeyo, con un imbatible 3,33; Cartes (2,99), Medio Cudeyo (2,84), Santiurde de Reinosa (2,25), Camargo (2,23), Meruelo (2,21) y Santander (2,13).

En el extremo opuesto, Cieza presenta una pobre proporción de 0,25 y Herrerías y Valdeprado del Río siguen a este municipio con 0,29. El principal factor que explica esta situación, aparte de los procesos de desindustrialización o de cambios en la estructura económica, tiene que ver con el envejecimiento de la población, con una región en la que la edad media es ya de 46,85 años (datos del Instituto Nacional de Estadística), más elevada que la del país, de 44,37.

Hay que tener en cuenta que el verdadero sostén del sistema de pensiones es la solidaridad entre generaciones, regido por un sistema de reparto que supone que las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las prestaciones existentes en ese momento, incluidas las pensiones de jubilación. Eso quiere decir que las cotizaciones de un trabajador no se guardan en una hucha donde se van acumulando para que él mismo las disfrute en el futuro.

¿Cómo afecta el envejecimiento de la población en el sistema de pensiones? «Influye creando más pensionistas y reduciendo el número de nuevos cotizantes», resume el demógrafo Rafael Puyol. «El envejecimiento es fruto de dos procesos: por un lado, la disminución de la natalidad, que provoca que haya menos jóvenes y, por tanto, menor número de cotizantes, y, por otro, el aumento de la longevidad, que no sólo es causa de que haya más pensionistas, sino también de que haya más gente cobrando una pensión durante más años».

Ante la falta de nacimientos, la inmigración parece ser la única esperanza para amortiguar el envejecimiento y merma de la población, pero, teniendo en cuenta el escaso nivel de cualificación de la mayor parte de trabajos que realiza, ¿cómo va a sostener el pago de unas pensiones a menudo más elevadas que los sueldos que percibe? «Cualquier cotización, por pequeña que sea, ayuda a financiar el gasto de pensiones», afirma Puyol, que sostiene además que «la inmigración tiene una serie de ventajas claras tanto desde el punto de vista demográfico como económico».

Entre las primeras, defiende, contribuye al crecimiento de la población y a su rejuvenecimiento; respecto a las segundas, produce más de lo que consume, cubre puestos que los españoles ya no desempeñan y ha ayudado a la incorporación de la mujer al mercado laboral. «La inmigración me parece muy positiva. Otra cosa es que tengamos que regularla para que sea la mejor posible».

«Con las medidas que ha tomado el Gobierno, como consecuencia del requerimiento de la Unión Europea, parece que se puede garantizar el sistema de pensiones incluso en el momento actual, que la generación del baby boom está llegando de manera masiva a la jubilación», argumenta el economista Ángel Agudo.

«Se han tomado algunas medidas como el retraso de la edad de jubilación, no incentivar las jubilaciones anticipadas, favorecer que la gente pueda prolongar su actividad laboral de forma voluntaria... un conjunto de medidas que, tal y como ha dicho Europa, contribuyen a garantizar este pilar básico del Estado de bienestar».

En cuanto al envejecimiento demográfico, Agudo, exconsejero de Economía y Hacienda, apunta a la importancia económica de ese segmento de población. «Hoy día, el 60% de las decisiones de consumo las toman personas de más de 65 años, y cada vez hay más actividades y propuestas económicas vinculadas a este grupo de edad, gente que ha culminado su actividad profesional y tiene un nivel adquisitivo que le permite mantener los niveles de con sumo, uno de los motores de crecimiento de la economía española. Mantener ese sistema y garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, como se ha hecho en los últimos años, haciendo que incluso las más bajas suban por encima de la inflación, no sólo es justicia social, sino un dato económico muy relevante».