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La Vicepresidencia regional que dirige Pablo Zuloaga ha resuelto la convocatoria de las ayudas a ayuntamientos para la recuperación de la Memoria Histórica, de la que se verán beneficiados los municipios de Camargo, Liérganes y Suances con un importe total de 9.500 euros. ... Este dinero se empleará para eliminar símbolos de la dictadura y el cambio de nombre de calles, ámbitos de actuación que están recogidos dentro de la Ley nacional que regula este asunto. El concurso público de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica se abrió en concurrencia competitiva, pero no ha sido necesario un gran análisis de los proyectos porque, de los 102 ayuntamientos que hay en Cantabria, sólo esos tres solicitaron la ayuda, dos con gobiernos socialistas y el de Liérganes, en manos de un independiente.
Casi todas las acciones que serán sufragadas con este dinero ya están finalizadas. A Camargo irán a parar 3.700 euros, con los que se pagará la retirada de la columna conmemorativa de los caídos del bando nacional ubicada en el pueblo de Revilla. Esta cruz, que contenía el símbolo del yugo y las flechas y el lema 'Presentes' bajo los nombres de los homenajeados, ya ha sido retirada, no sin polémica. La alcaldesa pedánea, Raquel Cuerno, defendía la eliminación de la placa, pero no de todo el conjunto, por considerarlo parte del patrimonio de la pedanía. Además, en Maliaño, la calle del militar García Morato pasará a ser Las Trece Rosas.
Los 864 euros de Liérganes sirvieron para la retirada del monumento –un monolito de forma prismática coronada con una cruz– a los caídos y la rehabilitación del entorno. Por último, otros 5.000 euros se usaron para la asistencia que ha ayudado a los vecinos a realizar trámites con las compañías suministradoras y bancarias (e incluso en Google Maps) tras el cambio de nombres en las siguientes vías: avenida José Antonio, 18 de julio, General Mola y 25 de agosto. También se retiró una placa de piedra del vestíbulo de la casa consistorial en recuerdo del 'patricio caudillo'.
Estas subvenciones generaron recientemente un agrio debate en el Parlamento regional, donde el PP pidió suprimir las consignaciones ante la crisis generada por la pandemia. La iniciativa fue tumbada por PSOE y PRC, que las calificaron como «necesarias».
Todo mientras en Castilla y León, comunidad gobernada por PP y Cs, se ponía en marcha una convocatoria similar, dotada con 130.000 euros en dos años, para «hacer efectivo el derecho de las familias de las víctimas a la recuperación de sus familiares y a la debida reparación moral».
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