La solución para frenar la sexta ola se queda solo en mascarilla obligatoria en exteriores

Nada más, y nada que ver con la batería de nuevas restricciones que reclamó el pasado lunes el consejero de Sanidad de Cantabria, Miguel Rodríguez, que advertía de que la situación es «muy grave» y de que la pandemia empeorará tras las fiestas por el aumento de los contactos sociales y la propagación de la variante Ómicron. Eso el lunes, 48 horas antes de que ayer la comunidad autónoma alcanzara su récord de contagios desde que el covid hizo aparición por primera vez en febrero de 2020. Pero Sánchez y la mayoría de presidentes autonómicos están en otra onda. También el regionalista Miguel Ángel Revilla, que en los cinco minutos que tuvo de intervención enumeró distintas iniciativas en materia sanitaria, aunque solo una relacionada con restricciones: precisamente, la de recuperar la mascarilla obligatoria.

Coincidió de casualidad, porque en Moncloa, sin demasiado debate interno y antes de escuchar la opinión de los 19 líderes autonómicos, ya habían descartado definitivamente embarcarse en apresuradas e impopulares modificaciones legales para ampliar las restricciones a solo 48 horas del inicio de la Navidad. Ni toques de queda como pedía Cataluña ni limitar aforos y horarios en la hostelería como reclamaba País Vasco, las dos comunidades que habían clamado abiertamente por endurecer medidas ante la tibieza del resto de territorios. Solo mascarillas.

Así las cosas, Sánchez decidió fiarlo todo a ampliar el uso del tapabocas estas vacaciones y al sentido común ante la avalancha de reuniones sociales y familiares que se avecinan y que no tendrán ningún tipo de limitación, ni dentro de los domicilios ni en los locales de hostelería. Aunque habrá excepciones, como la de la práctica de deportes, en principio la idea del Ejecutivo es hacer obligado el uso de la protección bucal en cualquier circunstancia y con independencia de si se pueden o no guardar los 1,5 metros de distancia de seguridad.

La mascarilla dejó de ser obligatoria en espacios abiertos el pasado 25 de junio, cuando España en su conjunto tenía una incidencia de apenas 95 casos cada 100.000 habitantes y los contagios diarios bajaban de 5.000. Ahora, un nuevo decreto, en principio, volverá a la redacción que se cambió el pasado verano, cuando se relajaron las medidas por la mejoría de la situación pandémica tras superarse la cuarta ola.

Con la vuelta de los tapabocas en los espacios abiertos el jefe del Ejecutivo central decidió hacer suya la demanda expresa de gran parte de los presidentes autonómicos. Solo se oponía abiertamente a la protección facial la madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Más allá de la imposición de las mascarillas en exteriores, Sánchez se negó en redondo a otras restricciones adicionales, que podría haber ordenado por decreto, tales como fijar nuevos aforos en la hostelería, el ocio y los eventos; o establecer limitaciones horarias en bares, restaurantes o discotecas. Tampoco, y eso lo tenía claro Moncloa desde el pasado verano, el Ejecutivo iba a decretar un nuevo estado de alarma para recortar derechos fundamentales e imponer medidas como el toque de queda; el cierre perimetral de ciertas áreas o las limitaciones en reuniones familiares o de culto.

Con esta premisa de no llevar al extremo las restricciones a solo 48 horas de la Nochebuena, Pedro Sánchez y Sanidad, en lugar de implementar grandes restricciones para Navidad, apostaron por anunciar una suerte de 'plan de choque' contra la embestida de Ómicron: un conjunto de medidas operativas, sobre todo para «intensificar y acelerar» el proceso de vacunación y rebajar la tensión en la Atención Primaria. Así, el presidente prometió el refuerzo de los dispositivos con equipos de vacunación de las fuerzas armadas, además de poner a disposición hospitales de la Red Sanitaria Militar para acelerar las inoculaciones. En esa línea de anuncios de mejoras operativas sanitarias para tratar de frenar la sexta ola evitando grandes restricciones como las de 2020, Sánchez también adelantó que el Ejecutivo central va a autorizar la contratación de personal sanitario jubilado y prejubilado y que va a autorizar la contratación de profesionales con título de especialista obtenido en Estados no miembro de la UE. Además, se va aumentar el número de profesionales sanitarios disponibles y mejorar sus condiciones laborales, reduciendo la temporalidad por debajo del 8%.

Los Presupuestos Generales del Estado destinarán 292 millones de euros, la mayor parte transferidos a las comunidades autónomas, para este 'plan de choque' contra la expansión de Ómicron.