Sota declaró como imputado ante el Tribunal Superior por el 'caso Sogiese'

El caso saltó a la palestra en 2016 de la mano del entonces interventor general Gabriel Pérez, que en una auditoría demoledora denunciaba el pago «indebido» de 90.000 euros por parte de la empresa pública, encargada de gestionar los proyectos europeos, a cinco de sus empleados, entre los que se encontraba una hija del consejero. El técnico cuestionaba que entre 2012 y 2015 los salarios abonados superaron con creces lo estipulado por ley, incumpliendo la normativa que obligaba a reducir un 5% la masa salarial y ello sin informes favorables que lo avalen, y reclamaba la devolución de lo indebidamente cobrado.

El informe auditor causó un gran revuelo y enfrentó a Economía con Intervención. El caso llegó al Parlamento y Ciudadanos exigió la cabeza de la ex directora general de Economía y Asuntos Europeos Inmaculada Valencia, que fue destituida. Para zanjar las hostilidades con el propio órgano fiscalizador, el Gobierno aprobó un acuerdo que, de manera excepcional, daba luz verde a que el personal afectado por la polémica pudiera recibir sueldos por encima del límite legal.

Pero hubo una formación política, OlaCantabria, impulsada por el diputado Juan Ramón Carrancio, ex de Ciudadanos, que no se dio por satisfecha con la forma de despachar el caso por parte del Ejecutivo, y en marzo de este año presentó una denuncia ante la Fiscalía de Cantabria, que tres meses después fue archivada.

El Ministerio Público decidió dar carpetazo al caso después de haberse acreditado por parte de la Comisión Europea y la autoridad nacional del programa Feder, que financia el presupuesto de Sogiese, que los fondos que aportaba incluían los gastos de personal. Fiscalía entendió entonces que no había ningún tipo de incumplimiento de la normativa regional porque los fondos precedían de Europa y no de las arcas autonómicas. Además, tuvo en cuenta el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno el 1 de septiembre de 2016, en plena polémica, en virtud del cual se autorizó que el personal adscrito a esos fondos Feder tuviera un salario que pudiera superar el tope establecido en la ley autonómica.

El informe fiscal coincidía en buena parte con los argumentos dados por Sota, bajo cuyo departamento se circunscribe la empresa pública, en pleno conflicto con Intervención. El consejero explicó entonces que las propias «peculiaridades» de Sogiese propiciaban su no adhesión a la normativa autonómica que obligaba a una reducción salarial. El dirigente socialista reveló que el 96,5% de su presupuesto está financiado por los Fondos Feder europeos, mientras que la aportación del Ejecutivo regional se limita al 3,5% restante.

Pero ni los argumentos del consejero ni las razones invocadas por el fiscal convencieron a OlaCantabria, que el pasado mes de septiembre decidió llevar la denuncia al tribunal encargado de investigar a los aforados, la Sala de lo Civil y Penal, esta vez centrada personalmente en Sota.

El partido creado por Carrancio disparó directamente al consejero. Tras reiterar que cinco empleados de Sogiese, «uno de ellos hija del consejero», cobraron por encima de su sueldo y estaban obligados a restituir lo indebidamente percibido a las arcas regionales, acusó a Sota de «no hacer nada» por recuperar e ingresar esos fondos.

El pasado mes de octubre, la Sala de lo Penal admitió a trámite la denuncia y abrió diligencias previas, cuya investigación recayó por turno en el magistrado Juan Piqueras. La primera actuación del instructor ha sido citar a declarar a Sota en calidad de investigado (antes imputado). Lo hizo el miércoles de la semana pasada, asistido por un letrado de los Servicios Jurídicos del Gobierno y en presencia del fiscal, ya que OlaCantabria, como simple denunciante, no es parte en el proceso.

En este escenario, con una Fiscalía que no atisba ninguna ilegalidad como única parte en el proceso, la formación de Carrancio intentó personarse en el caso ejerciendo la acción popular, pero Piqueras le reclamó una fianza de 6.000 euros para asegurar los posibles perjuicios y responsabilidades que pudieran derivarse de «una acusación calumniosa o de una conducta procesal maliciosa o negligente». OlaCantabria carece de recursos económicos y se ha visto obligada a acudir a una campaña entre socios y simpatizantes para recaudar dicha cuantía, hecho que consiguió ayer, según anunció.

De momento, la imputación del consejero en esta fase inicial de la investigación penal no tendría consecuencias políticas, ya que el código ético del PSOE establece que los cargos del partido deberán dimitir en caso de estar implicados en un procedimiento penal en el momento de la apertura del juicio oral. Pero el presidente Miguel Ángel Revilla lanzó ayer un mensaje muy diferente, aunque en alusión a la investigación del Servicio Cántabro de Salud, al asegurar que «en el momento en que haya alguna persona imputada del Gobierno, exigiré la dimisión».