Sota expone las discrepancias del ICAF con la auditoría que alerta de sobresueldos

Sota, al que tras el 'caso Sogiese' se le ha abierto un nuevo frente relacionado con los sueldos de las empresas públicas, ha criticado a quienes les acusan de mantener «oculto» el informe de Intervención -«elucubran» ha dicho- y ha resaltado que pese a que el ICAF se creó hace diez años no se había realizado hasta ahora «ningún control» o auditoria personal y ha sido en esta legislatura en la que esa fiscalización se ha desarrollado a iniciativa del actual Gobierno PRC-PSOE.

En la auditoría presentada en el registro del Gobierno regional el pasado 16 de octubre y que ha sido remitida al Parlamento de Cantabria, el interventor señala que los sueldos de esos tres responsables del ICAF superaron «los límites legales que estaban establecidos» en los ejercicios 2015 y 2016. Su advertencia afecta al director gerente del organismo y entonces responsable del área financiera, Jesús Bulnes, así como a los titulares en aquellos años de la unidad de asesoramiento y del departamento jurídico. Todos eran considerados «personal directivo sin contrato de dirección» que no podían tener un importe bruto de 54.000 y 54.540 euros, respectivamente.

Sota ha defendido hoy los aumentos de sueldo establecidos para estas personas porque había una razón para cada caso que ha justificado, y ha asegurado que no fueron medidas «aleatorias». Por ello, ha explicado que el ICAF ha presentado oficialmente sus discrepancias a las conclusiones de la Intervención General.

Según el consejero y presidente del ICAF, a la secretaria de Dirección se le incrementó su salario -unos mil euros al año- porque pasó a asumir la tarea de elaborar las nóminas de los trabajadores, labor que se hacía hasta ese momento externamente. En el mismo sentido, ha apuntado que se decidió aumentar el salario al responsable económico-financiero, en aproximadamente 2.000 euros anuales al ser nombrado representante permanente en el Consejo de Administración de Sogarca (Sociedad de Garantía Recíproca).

En este sentido, el informe de Intervención recuerda que el máximo legal establecido para trabajadores públicos se situó en ese año en un 1%, pero la suya fue del 5,5% y 5,56% respectivamente. Eso se traduce en unos 2.050 y 1.110 euros anuales lo que está cinco veces por encima de lo permitido.

También la Intervención General considera que la secretaria del Consejo de Supervisión del ICAF no debía percibir dietas por asistir a las sesiones. Ante esto, Sota ha argumentado que quienes han venido ocupando este puesto desde que se creó el ente en 2008 lo habían cobrado, con lo que no era una situación nueva.

Ahora, el Gobierno y el ICAF esperarán a la resolución final de la Intervención sobre la discrepancia presentada y, si no es admitida, Sota ha insistido en que se tomarán las medidas para corregir la situación, bien a través de la devolución de las cantidades indebidamente pagadas o la adopción de otra fórmula. Y, finalmente, ha destacado que auditorías como esta al ICAF rebaten las críticas que se han hecho en el Parlamento tras el relevo en la Intervención General, y desmienten que el nuevo equipo sea «dócil».

Al salir a la luz pública en los medios de comunicación este informe, varios grupos parlamentarios se han manifestado sobre él. Por ejemplo, Podemos ha considerado que la concesión de sueldos es una «muestra más de las irregularidades que afectan al Gobierno de Cantabria» que se une al «escándalo de las contrataciones irregulares» en el Servicio Cántabro de Salud y el 'caso Sogiese', que también se refiere al pago de sobresueldos a algunos de sus trabajadores y por el que Sota ha declarado como investigado.

Tras conocerse este asunto, la formación morada ha criticado que al presidente, Miguel Ángel Revilla, «se le acumulan las irregularidades en un Gobierno que navega sin rumbo y en vez de actuar y tomar decisiones, prefiere la callada por respuesta, esperando que los problemas se resuelvan por sí solos».

También se ha manifestado sobre este asunto, en un comunicado, Ciudadanos, que ha reclamado que la Consejería de Economía «cumpla con las recomendaciones» de la Intervención sobre el ICAF «y devuelva los sobresueldos». Este nuevo incidente no ha evitado que la formación naranja brindara hoy su apoyo a los presupuestos regionales, aunque sí ha avanzado que Cs «pedirá la comparecencia de Sota en el mes de febrero para explicar este nuevo caso», cuando el Parlamento retome la actividad.

También durante el debate final de los Presupuestos Generales de Cantabria para 2019 ha salido a relucir este asunto con referencias de algunos diputados como el del grupo no adscrito Juan Ramón Carrancio, ex de Ciudadanos.