Sota niega que haya obstáculos a la labor de Intervención, que tendrá 4 nuevas plazas

Sota lo ha dicho así en respuesta a preguntas de los periodistas, después de que Cs haya presentado una iniciativa en el Parlamento para pedir que se dote de más medios y financiación a la Intervención General. En esa iniciativa, también se propone que el interventor sea designado por concurso público y que el ejercicio del cargo tenga una duración limitada.

Ciudadanos critica al Gobierno de Cantabria por el cambio de interventor general y acusa al Ejecutivo regional de cesar al anterior, Gabriel Pérez Penido, para «colocar a un colega en su lugar».

Sota ha garantizado que el Gobierno PRC-PSOE no tiene «nada que ocultar» y ha añadido que no se ha querido «cambiar un interventor por otro». «Podrán acusarme de cualquier cosa menos que yo haya intervenido en nada que tenga que ver con eso. Soy muy respetuoso con las competencias de cada uno de los órganos», ha aseverado.

El consejero ha reclamado que se deje trabajar con independencia a la Intervención y que no se ponga en tela de juicio su función.

Y ha pedido que no se «mediatice» el trabajo de este órgano de control. «Lo que se está intentando es mediatizar el trabajo de estas personas, que están a veces sometidas a mucha presión», se ha quejado el consejero.

Según ha agregado, la Intervención va a cubrir cuatro nuevas plazas, pero que esta dotación ya estaba prevista antes de que se aprobase en el pleno del Parlamento la comisión de investigación sobre los contratos del Servicio Cántabro de Salud y de que algunos grupos pidieran más medios para los interventores.

Además, el consejero ha asegurado que la Intervención General no se niega a examinar los contratos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) para la comisión parlamentaria, pero ha puntualizado que lo que sí ha pedido este órgano de control es más tiempo.

Sota ha explicado que la Intervención tiene los medios suficientes para hacer su trabajo normal «de forma perfecta», pero avisa de que tener que revisar 270.000 contratos del SCS de 2011 a 2018 sí supondría un carga extra importante y por eso se pide más tiempo. «Es evidente que para eso necesitan más tiempo o más personal, que luego no sería tan necesario si vuelven a su estado ordinario de funcionamiento», ha apostillado.

El titular de Economía y Hacienda ha resaltado además que no hubo controles en el SCS en los años 2011, 2012, 2013 y 2015 bajo la gestión del PP, durante la que solo se auditó el año 2014, y que tampoco se ha auditado el contrato de colaboración público-privada de Valdecilla.

Y ha dicho que desconoce por qué no se hicieron esos controles en la etapa del PP.