Sota presume del nivel de ejecución presupuestaria y el PP le acusa de ocultar un informe sobre el objetivo de déficit

El debate ha tenido lugar durante la comisión especial no permanente del Parlamento cántabro en la que Sota ha asegurado que en el último ejercicio «se ha mejorado de forma sustancial», con respecto a los datos de los tres presupuestos anteriores, tanto en la ejecución de ingresos como en la de gastos. Concretamente, el consejero ha apuntado que en el capítulo de ingresos la ejecución ha sido más de cinco puntos superior a la de 2015, cuando fue del 93,49%, alcanzado una «cifra muy importante comparada con la de otras administraciones».

Y en relación a los gastos, ha señalado que la ejecución ha sido casi cuatro puntos más alta que la de 2015, que fue del 92,75%, recordando que en 2017, al entrar en vigor los presupuestos en marzo, el periodo de ejecución fue solo de diez meses.

Sota ha opinado que si se tiene en cuenta que cuando se aprobó el presupuesto de 2017 «se dijo que los ingresos previstos eran ficticios y que no se sostenían», ahora «no deja de sorprender»que la realidad ha venido a poner de manifiesto el «acierto del Gobierno de Cantabria en la ejecución». Para Sota, el hecho de que la ejecución de los ingresos no financieros haya sido del 97,44 por ciento demuestra una «buena gestión y que los ingresos no estaban inflados».

Además, en su sucinta intervención, Sota ha destacado que el último dato de déficit, del mes de noviembre, es de 28 millones de euros, el 0,21 por ciento del PIB, «alejado» del 0,6% que tiene Cantabria como objetivo para 2017.

Es en relación a esta afirmación cuando la diputada del grupo popular y predecesora de Sota al frente de la Consejería, Cristina Mazas, ha señalado que el exinterventor general, en un informe de 2 de febrero, apunta que, «vistos los datos de diciembre» el déficit es de 74 millones, con lo que «existe riesgo de cumplimiento del objetivo anual de déficit». Además, ha destacado que Cantabria contó con 102 millones de euros más provenientes del Gobierno de España y se ahorró otros 44 millones de euros en intereses. Mazas también ha afirmado que desde 2015 hasta la actualidad, el Estado habrá aportado a la comunidad autónoma 340 millones de más, por lo que espera que Cantabria, «por una vez cumpla con el objetivo de déficit».

Sota ha respondido afirmando que el «último informe» de la Intervención General del Estado sitúa el déficit de la región en 21 millones. Y que si finalmente se consigue estar «en el entorno del 6% de déficit», será un «gran éxito», porque supondrá haber bajado de los 198 que «dejó el PP» a 73 millones.

En cuanto a los 340 millones más que llegarán del Estado, Sota ha dicho que espera «que sea así», aunque, en su opinión, el Gobierno central «no ayuda nada», porque le debe a la comunidad autónoma dinero para Valdecilla, la Fundación Comillas, la aplicación de la ley de dependencia y el desarrollo de la LOMCE, entre otros incumplimientos. Sota también ha hecho hincapié en que toda la deuda que tiene Cantabria está «autorizada» por el Ministerio de Hacienda; y en que la comunidad autónoma está «infrafinanciada», aunque tenga la mayor financiación por habitante.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, ha criticado que la mayor parte de las partidas destinadas a la recuperación industrial de la cuenca del Besaya «presentan una ejecución presupuestaria del 0%», pese a que el Ejecutivo regional haya manifestado, en reiteradas ocasiones, su «compromiso» con la zona.

Gómez ha llamado la atención acerca de que «en el mejor de los casos» las partidas dedicadas a la recuperación de la cuenca del Besaya dentro de la Consejería de Industria, Innovación, Turismo y Comercio «cuentan con una ejecución presupuestaria del 12%»

Además, el diputado de Podemos, José Ramón Blanco, ha opinado que los 205 millones de euros que no se han ejecutado de los presupuestos de 2017 del 112, Gesvican, Fundación Comillas, Interreg Sudoe, ICAF, Oficina de proyectos europeos, Sociedad Regional Educación, Cultura y Deporte, Fundación de Valdecilla, IDIVAL, SICAN, PCTCAN, FCTL, Cantur, Fundación IH, Mare y Sodercan, podrían ser invertidos en la Renta Social Básica y en emergencia habitacional.