La subida del IRPF pactada entre PSOE y Podemos afectará a 1.169 cántabros

Los expertos alertan de los «efectos distorsionantes» de la subida en la economía, ya que «subir la presión fiscal cambia el comportamiento de los contribuyentes si son de renta alta para idear nuevas fórmulas de optimización fiscal». Plantean tres escenarios de impacto recaudatorio en la región, según sea la respuesta de los afectados al hachazo fiscal. Así, calculan que la recaudación se incrementará en 2,92 millones de euros si los más acaudalados tienen una «alta reacción» para evitar pagar más, lo que significa que cada uno de ellos tendría que pagar una media de 2.499 euros más al año; de 3,18 millones, en un escenario intermedio, (2.724 euros de media), y de 4,10 millones (3.507 euros por cabeza) en un contexto de «baja reacción».

Según explica el economista, aunque no sean muchos los implicados en esta subida, «no puede subestimarse» su reacción a juzgar por algunos de los ejemplos europeos más recientes, como fue la subida fiscal a las rentas altas en Francia hace ocho años. O la ocurrida en Estados Unidos, que «terminó con el desvío de bases imponibles a fin de reducir la factura fiscal».

¿Es una medida justa y equitativa? Cantarero tiene sus dudas y pone el dedo en la llaga. «Para que esa mayor recaudación fuese realmente justa tendría que ser finalista y dirigida sólo a gasto público, favoreciendo así a las clases medias y bajas, y no a aumentar deuda pública o a beneficiar financiación autonómica o inversiones estatales a otras regiones que fuesen insolidarias con Cantabria». Es decir, un sistema a lo 'Robin Hood', donde lo que se quita a los ricos se reparte entre los más pobres. Es lo que reclama el profesor de la UC, que «el incremento de este tipo de recaudación sea invertido en educación, I+D y otros servicios públicos con importantes retornos a la sociedad, especialmente para las clases medias y bajas». Además, alerta de que este tipo de estrategias «pueden afectar a la atracción de talento, dado que el IRPF es distintos por regiones, así como la retención del propio talento».

El acuerdo de gobierno contempla también una subida del Impuesto de Sociedades, que será de hasta el 18% para bancos y empresas energéticas, un incremento que afectará a una parte importante de los contribuyentes cántabros, según augura Cantarero. «Tendrá cierto impacto porque casi con plena seguridad las empresas trasladarán ese impacto a los cántabros en forma de subidas de costes y/o reducción de puestos de trabajo. Aunque la medida parece loable, para este viaje no hacían falta estas alforjas, dado que además se nos escaparán inversiones y capital», apunta.

Y hay otra cuestión que el economista pone sobre el tapete: «La subida impositiva que se pretende no es suficientemente significativa como para financiar el enorme aumento de gasto público que se propone». Y ello en un escenario en el que «el ritmo de crecimiento de los gastos es mayor que el de los ingresos y no se están reduciendo los gastos improductivos e ineficientes». Lo que le hace presagiar que «van a subirse los impuestos en el futuro».

Pero el acuerdo programático de PSOE y Unidas Podemos incluye además la derogación de la reforma laboral aprobada por el PP en 2012 y el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta el 60% del salario medio en España. Contempla además acabar con la LOMCE, eliminar progresivamente el copago y una serie de medidas enmarcadas en el apartado de «Políticas feministas». En el documento, llamado 'Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España', ambos partidos pactan una serie de medidas, entre las que destacan la derogación del despido por absentismo por bajas por enfermedad, recuperar la ultraactividad de los convenios y eliminar la preeminencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales.

«Traerá consecuencias muy malas para Cantabria. Hay un clima de mucha preocupación y desaliento», señala el presidente de la CEOE, Enrique Conde, a quien el colectivo le ha trasladado «su preocupación» por el impacto perjudicial que tendrá en el crecimiento económico de la región y las empresas.

El máximo representantes de los empresarios está convencido de que la derogación de la reforma laboral «va a perjudicar sobre todo a los trabajadores y a los autónomos; va a hacer que se limiten las contrataciones debido a que las condiciones a nivel laboral van a ser menos flexibles y, en consecuencia, se va a constreñir el gasto de personal en las empresas». En definitiva, provocará «una política de no inversión y de apalancamiento de las empresas y de la economía». Por sectores, augura que los más perjudicados serán los «tecnológicos», así como «el sector de automoción, que está sufriendo una transformación brutal». Y vaticina también que habrá «más economía sumergida».

Los empresarios cántabros ya han anunciado en su patronal que «van a ser más prudentes en la contratación». «Hay mucho miedo. Los empresarios buscamos gobiernos moderados, que tomen medidas lógicas y normales, no decisiones sin ton ni son que luego hay que estar derogando cada seis años, según qué gobierno esté en Moncloa».

Tampoco el profesor Cantarero aplaude la derogación de la reforma, ya que «no resolverá el problema y hay que esperar a ver cómo la encajará el sector privado empresarial y el mercado», aunque «algunas acciones que apuestan por un gasto público social mayor resultan positivas». El experto echa de menos en las medidas planteadas algo de «timón para enderezar el rumbo que consiga despegar el consumo debido a la situación de cierta incertidumbre de las familias respecto al panorama económico que puede venir en próximas fechas».

Y es que las familias cántabras siguen sin salir de la crisis. El gasto medio de los hogares en 2018 de 30.071 euros queda lejos de los niveles alcanzados en 2007 y 2008, cercanos a los 32.000 euros. En este escenario recuerda que, aunque 2019 se cerró con 36.729 desempleados (824 parados menos que en el ejercicio anterior), «la calidad del empleo que se crea es muy diferente a la que observamos durante la crisis». Ante esto, la supresión de la actual reforma laboral «plantea ciertos interrogantes pues la subida del SMI no beneficia precisamente a las pymes», por lo que defiende la aplicación en Cantabria de «políticas trasversales y no paliativas». «La formación sigue siendo clave para ganar el músculo suficiente y hacerse un hueco en el cada vez más complejo mercado laboral».

El abogado Francisco Rosales Cuadra, uno de los especialistas en el ámbito laboral y de la Seguridad Social más reputados de Cantabria, vaticina que la eliminación del actual marco legal traerá «más conflictividad laboral, sin duda». Además, «decrecerá el empleo porque bajará el número de empresas capaces de competir con los mínimos establecidos en el convenio colectivo del sector (prevalece sobre el de la empresa) en materia de horarios, jornada, flexibilidad, etc, y a otras el mercado las va a expulsar». A su juicio, esta contrarreforma «no va a ayudar a crear empleo, aunque en algunos aspectos particulares es absolutamente justa y necesaria, como en el tema del despido por absentismo, una causa demasiado brutal de extinción del contrato que debería modificarse». En contrapartida, Rosales está de acuerdo en «reforzar» la actividad de la inspección y en que «se controle que no haya fraude o abuso en la contratación».

Son los sindicatos los más fervientes defensores de la derogación de esta reforma, hasta el punto de que han urgido al nuevo Gobierno a que empiece a desmontarla ya.

«Se trata de recuperar los derechos arrebatados en 2012, ya que va a poner fin a la ultraactividad de los convenios, a la eliminación del despido por enfermedad, a la discriminación salarial en los procesos de externalización de servicios y a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo por decisión unilateral del empresario y a los procedimientos de descuelgue que ahora se producen por decisión empresarial», aplaude Carlos Sánchez, secretario general de Comisiones Obreras. Su visión dista mucho de la de los empresarios. «La crisis económica ha remontado, aunque estemos en un proceso de ralentización, y las empresas tienen más beneficios que nunca, así que se trata de volver al marco jurídico que teníamos antes de 2008», subraya Sánchez, para quien el acuerdo «mejorará la calidad del empleo y no afectará a la economía, que ha remontado el vuelo gracias a la subida del SMI, entre otras cosas».

Mariano Carmona, secretario general de UGT, se congratula también por la supresión de la reforma laboral, ya que «lo único que trajo a este país es desregulación, desequilibrio en la negociación colectiva y, por tanto, reparto de pobreza y miseria». Aunque reconoce que «el dinero siempre es temeroso», no cree que se paralicen las inversiones.

En el orden social, el acuerdo prevé la derogación de la Ley para la Mejora de la Ley Educativa -conocida como ley Wert-. Se pretende que Religión no sea computable en el currículo escolar y la eliminación de la materia alternativa, 'Valores éticos', que imparten ahora los profesores de Filosofía. Esteban Ruiz, al frente de la Sociedad Cántabra de Filosofía, es prudente aunque «concedemos importancia a esta posible modificación». ¿Consecuencias? «Podría verse afectada la asignatura de 'Valores éticos'», es decir, podrían eliminarse sus horas de docencia y afectar, ya de modo indirecto, «al número de plazas que se ofertan a los docentes interinos».

Mónica Haro, presidenta de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) en Cantabria, con 32 colegios asociados, se opone a la medida. «Esto es un atentado a la libertad de los padres de eligir el tipo de formación que quieren para sus hijos», se queja. El Obispado de Santander no realizará declaraciones sobre el asunto hasta que se pronuncie la Conferencia Episcopal.